«Cuando el poder nombra al juez que debe juzgarlo, la República entra en una zona peligrosa»
“No puede haber paz sin justicia. No puede haber justicia sin verdad. Y no puede haber verdad, a menos que alguien se levante para decirte la verdad”, decía Louis Farrakhan. La frase parece escrita para los momentos en que una sociedad empieza a confundir obediencia con estabilidad y silencio con institucionalidad.
La independencia judicial no es una palabra elegante para discursos solemnes. Es una frontera. Es el último muro que separa al ciudadano del abuso del poder. Cuando un juez actúa con independencia, la Constitución respira; cuando un juez actúa condicionado por el cálculo político, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una ceremonia vacía, una máscara jurídica para decisiones tomadas en otra parte.
Montesquieu comprendió que el poder, abandonado a su propia ambición, tiende a multiplicarse. Por eso sostuvo que el poder debe detener al poder. Esa idea no pertenece al pasado: sigue siendo una advertencia viva. Una república no se sostiene solo por tener instituciones escritas, sino porque esas instituciones se resisten a ser capturadas por quienes gobiernan temporalmente.
En Bolivia, hablar de independencia judicial es hablar de una herida abierta. El sistema judicial arrastra problemas profundos: retardación procesal, desconfianza ciudadana, denuncias de corrupción, politización y una sensación peligrosa de que la justicia muchas veces llega tarde, llega incompleta o llega inclinada. Pero precisamente por eso la solución no puede ser someter más la justicia al poder político. No se cura una enfermedad entregando el cuerpo al mismo veneno.
Toda fórmula que permita al poder influir en la designación de quienes deben controlarlo debe ser examinada con severidad democrática. La urgencia no puede convertirse en pretexto para la dependencia. La transitoriedad no puede funcionar como disfraz de la captura institucional. Muchas veces, las grandes deformaciones republicanas no empiezan con una ruptura visible, sino con pequeñas excepciones aceptadas en nombre de la necesidad.
Un juez no debe mirar hacia el palacio antes de dictar sentencia. No debe preguntarse qué conviene al gobierno, al partido, al caudillo o al bloque de turno. Su única obediencia legítima debe ser la Constitución. Si su origen está atado al favor político, su independencia queda herida desde el nacimiento. Y una justicia herida no puede proteger plenamente a una sociedad herida.
Bolivia necesita jueces capaces de decir no. No al abuso, no a la presión, no a la interferencia, no al miedo. Necesita una justicia que no funcione como oficina del poder ni como refugio de impunidad. Necesita tribunales que recuerden que la toga no es uniforme de obediencia, sino símbolo de responsabilidad.
Defender la independencia judicial no significa defender a magistrados concretos ni negar la necesidad de reformas profundas. Significa defender al ciudadano común, a quien no tiene padrino, partido, apellido ni influencia. Significa proteger el derecho de cualquier persona a ser juzgada por la ley y no por la conveniencia política.
Cuando el poder nombra al juez que debe juzgarlo, la República entra en una zona peligrosa: la verdad se vuelve administrada, la justicia se vuelve negociada y la Constitución se vuelve interpretable según la necesidad del momento.
Por eso, la pregunta no es solo quién designa a los jueces. La pregunta verdadera es quién controla al poder cuando el poder también quiere controlar a quienes deben controlarlo.
Porque una democracia sin jueces independientes no desaparece de un día para otro. Se va apagando lentamente, sentencia tras sentencia, silencio tras silencio, hasta que el ciudadano descubre que la ley sigue escrita, pero la justicia ya no vive en ella.
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