Detonaciones de dinamita, agresiones a los transeúntes, destrozos del ornato público. La sede de gobierno vivió la primera convulsión social de la administración de Rodrigo Paz a causa del Decreto Supremo 5503 que terminó siendo abrogado. El conflicto evidenció el desprecio que tienen estos grupos en protestas sociales contra La Paz.
Las agresivas marchas de los sectores sindicalistas de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros asalariados, magisterio y otros, son parte de los constantes ataques que recibe La Paz por grupos extremistas que, a título de protesta, activismo o reivindicación social, destruyen la ciudad y su patrimonio cultural.
ISABEL, LA MUJER VANDALIZADA
Un ejemplo del desprecio a La Paz es la impunidad con la que actúa la caudillo feminista María Galindo y su grupo Mujeres Creando, que cada cierto tiempo vandaliza espacios públicos. Hace más de dos décadas que ese grupo denominado anarcofeminista viene pintando las paredes de la ciudad con ingeniosos, pero ideológicamente sesgados grafitis, hasta pasar a atacar monumentos como aquel ubicado en la plaza Isabel la Católica que es visto por ese colectivo marxista como una representación de “sometimiento y colonización”.
Cada 12 de octubre, cuando se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, ese grupo radical munido de botes de pintura y otros materiales, baja un par de cuadras de su sede en Sopocachi, en la llamada “Virgen de los deseos”, hasta la plaza donde se colocó una estatua de la Reina Isabel I de Castilla.
En 2024, la caudillo y sus fieles seguidoras echaron pintura al monumento de mármol blanco. “Patrona del colonialismo”, fue un cartel que pusieron las seguidoras de Galindo, mientras ella “firmaba” una tela con un grafiti de Mujeres Creando, ambos puestos sorbe las rejas que el Municipio paceño había colocado un par de años antes, precisamente, luego de otros ataques al monumento, sea en el Día de la Descolonización o el Día de la Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.
Pese a las imágenes captadas y difundidas en medios de comunicación y redes sociales, la denuncia de la Alcaldía fue desestimada por el Ministerio Público por “falta de pruebas suficientes” contra Galindo y su grupo.
El año pasado, en la misma fecha, Mujeres Creando ya no echaron pintura sino que colocaron una especie de mampara formada de wiphalas para tapar a aquella mujer que marcó la historia mundial, con un grafiti además, con el nombre Palestina.
“Nosotros, como Municipio, hemos presentado denuncia contra una agrupación de mujeres que ha roto, ha pintado un monumento, pero ningún juez o autoridad nos ha hecho caso; más bien, han dicho que son actos que forman parte de las protestas sociales”, explicó el alcalde de La Paz, Iván Arias.
El monumento a la Reina de Castilla, Isabel I, fue una gesta de la Sociedad Española de Beneficencia, que agrupaba a los residentes ibéricos en el país, como un regalo para Bolivia en su primer aniversario como República y se descubrió en 1928. La obra fue tallada cuatro años antes por el escultor español Jaime Otero.
Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, reinó junto a su esposo Fernando V, entre 1474 a 1504. Fue quien respaldó el viaje de Cristóbal Colón en 1492, que terminó por descubrir el continente americano y con ello marcar la historia universal.
En 2016, el Consejo Municipal de La Paz declaró tanto a la plaza, conocida hasta 1950 como el parque del Óvalo, y al monumento a Isabel la Católica como Patrimonio Arquitectónico y urbano de la ciudad, mediante Ley 186/2016.
LA “WAWA” QUE QUEDÓ IMPUNE
En esa misma línea de “guerra cultural”, el 2 de agosto de 2021, durante el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, otro grupo extremista, en este caso de línea indianista y con alta carga racista, atacó el monumento a Cristóbal Colón. El cabecilla de ese grupo, Santiago Rolyn Mamani Salas, autoidentificado con el apelativo aymara de Samka, subió hasta la cabeza de la escultura de mármol y procedió a manchar el rostro del navegante genovés con pintura negra, además de golpear con una estaca y combo la nariz de esa efigie. El sujeto fue arrestado en flagrancia junto a sus cómplices Emma Rada Villarroel, Leonardo Inti Arenas y Carla Casa Guarabia, pero todos quedaron libres pocas horas después.
La Alcaldía paceña inició proceso contra “Samka”, pero los operadores de justicia rechazaron el caso bajo argumentos administrativos. La Dirección de Asuntos Jurídicos había solicitado una imputación por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, que en el Código Penal tiene una sanción de uno a seis años de cárcel.
Meses después, “Samka” fue citado a declarar, pero presentó un recurso para negarse a comparecer a la justicia ordinaria, porque según su defensa, le correspondía responder ante un tribunal de la justicia indígena y en su idioma materno por la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.
“Para la justicia ordinaria, puede que haya delito; pero para la justicia indígena, lo que hizo Samka es algo glorioso”, sostuvo en su momento el abogado y yatiri David Ticona, defensa del estudiante de arquitectura y agricultor andino.
El 21 de marzo de 2022, Mamani Salas no solo había eludido al Ministerio Público, sino que recibía el respaldo del entonces vicepresidente David Choquehuanca, uno de los ideólogos del “vivir bien”, una concepción política – filosófica que resalta las virtudes de la cosmovisión andina, pero que en palabras de sus detractores es simple “pachamamismo”.
En un acto en Copacabana, Choquehunaca llamó a Samka como la “wawa” de los aymaras, que no debía ser procesado, pues caso contrario, las comunidades aymaras saldrían a defenderlo.
“Yo quiero decirles, hermanos, ya nuestra wawa ha nacido, ya ha nacido de los aymaras nuestra wawa, estamos hablando de Santiago, de nuestro hermano (…) Si alguien le toca, los aymaras nos vamos a levantar, hermanos, los pueblos nos vamos a levantar. Tenemos que cuidarlo porque es nuestra wawa”, declaró públicamente.
A la fecha, la estatua ubicada en pleno centro de El Prado paceño, continúa destruido y precintado con una barrera de calaminas y maderas.
“La justicia no acompaña nuestra defensa del patrimonio de la ciudad, por eso tenemos todavía el monumento a Colón cerrado, porque aquí en Bolivia se sacan muchas normas, pero nadie las quiere hacer cumplir”, refirió Arias.
Cada restauración de estos monumentos le cuesta recursos a la ciudad. La Escuela Taller de Restauración La Paz trabajó durante estos años con la limpieza y arreglo de varias obras vandalizadas por estos grupos de corte activista, en razón de género y raza, como estos dos monumentos o la estatua del mariscal Andrés de Santa Cruz en la plaza del Estudiante, que también es atacada en fechas determinadas.
En el caso del monumento al navegante genovés, el daño provocado al mármol podría costar entre Bs 50 mil a Bs 70 mil.
“NAVIGARE NECESSE EST. VIVERE NON NECESSE”
«Navegar es necesario, vivir no es necesario», es el lema original en latín que acompaña el pedestal de la obra del escultor italiano Giuseppe Grazziossi, y que fue gestionada durante más de un año por los residentes italianos, como un acto de agradecimiento a la hospitalidad de La Paz. Sin embargo, la escultura encierra ante todo, un respaldo para que Bolivia recupere su cualidad marítima.
“El marino vidente tuvo el concepto de que las rutas del progreso y la civilización, aquel “buque” que condujo a descubrir un nuevo mundo, no pueden ser otras las del mar. Por él, evidentemente, se aceleran las comunicaciones y la industria, las artes y el comercio adquieren los beneficios eficientes para su desenvolvimiento para que Bolivia alcance la gran escala. Nosotros nos damos con máximo de sus esfuerzos y tenga el continente de Colón el puesto que sus riquezas y sus sorprendentes condiciones laboriosas le señalan, es necesario que también posea el don inapreciable de acceso al mar”, expresó el vicecónsul italiano en La Paz, Esteban Riccio, en el acto de descubrimiento del monumento, aquel 17 de julio de 1926.
LA DINAMITA COMO “TRADICIÓN CULTURAL”
La ciudadanía paceña se vio agredida y afectada durante las jornadas de protesta contra el DS 5503. Algunos grupos trataron de salir a contrarrestar las marchas de los sectores sindicalistas, pero las detonaciones de dinamita marcaban la diferencia.
La Alcaldía de La Paz volvió a asumir esos ataques. Por ejemplo, los marchistas, en su afán de bloquear el centro paceño con todo tipo de objetos, destrozaron las barreras de calaminas y maderas que almacenaban material empleado de obras para la reparación de la bóveda del río Choqueyapu que pasa debajo de la ciudad.
El alcalde Arias había llegado a los puntos de marcha para pedir que no exista concentración en el sector de la plaza San Francisco por el peso que podría afectar las recientes obras de reparación. Asimismo, “rogó” que no detonen dinamitas, pues las ondas expansivas no solo podían dañar la bóveda sino poner en riesgo a los obreros que trabajan debajo de las avenidas de la ciudad.
Nada de eso importó a los dirigentes mineros sindicalizados asalariados.
Tan solo el último día de 2025, la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública (SMIP) identificó 25 puntos de asfalto dañado en el centro paceño. El responsable municipal Guilherme Tortato explicaba que cada punto de asfalto dañado parece un pequeño hueco en el piso, pero con el tiempo va avanzando y resquebrajando la vía «como piel de cocodrilo». El arreglo por cada hueco implica intervenir unos 20 metros cuadrados, a un costo de Bs 5 mil cada uno.
LEY QUE NADIE CUMPLE
La Ley 400 de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, promulgada el 18 de septiembre de 2013, amplió varias figuras e incorporó tipificación de delitos relacionados en el Código Penal. Su aprobación tuvo resistencia por parte de los sectores mineros, acostumbrados a movilizarse portando explosivos. Un acuerdo con el Gobierno de entonces evitó que se incluya a la dinamita en la lista de materiales prohibidos y se dejó el genérico de “explosivos”.
Otros decretos previos, durante la era del MAS, trataron de regular el uso y porte de este explosivo, pero los mineros argumentaron que la dinamita es parte de su “tradición cultural de lucha” y la norma fue abrogada.
La actual Ley 400 prohíbe la “tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización”, y especifica casos como las “reuniones sociales y actos públicos o privados de cualquier naturaleza” y “reuniones, congresos o asambleas”, entre otros espacios.
La norma es más específica y agrega la prohibición de porte en “Manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
La Ley 400 también creó los tipos penales de “tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales”, que se incorporó en el artículo 141 del Código Penal como: “(ATENTADO CONTRA BIENES PÚBLICOS) El que atentare contra bienes públicos utilizando armas de fuego, explosivos, en manifestaciones, mítines, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años”.
En ese contexto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que no se permitirá más uso de dinamitas en las marchas de protesta por ser un atentado contra la vida y contra la patria. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a su vez, informó que hubo dos personas heridas por las detonaciones y que tuvieron que ser trasladadas a centros médicos. Todo ese abuso está documentado, añadió.
En paralelo, la Asamblea Legislativa trabaja en un proyecto de ley que prohíba llevar ese tipo de explosivos específicos a marchas o concentraciones públicas, pese a que existe normativa referida vigente. También se debate otro proyecto de ley contra los bloqueos, sobre todo de carreteras.
En ese marco, la dirigencia sindical ya manifestó su rechazo y advirtió con “retomar las movilizaciones”. Es decir, volverán a marchar y bloquear por su derecho a marchar y bloquear.
UNA MEDIDA DE PROTESTA TERGIVERSADA EN EL TIEMPO
La legitimidad de los bloqueos hoy se encuentra en debate. Carlos Ledezma, analista y divulgador histórico, recuerda que fue en 1974 cuando la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csucb) protagonizó el primer bloqueo de caminos, durante diez días, en pleno gobierno militar del Gral. Hugo Banzer.
Para Ledezma, esa forma de protesta social concebida como una resistencia pacífica y legítima, se fue convirtiendo en una actividad política que derivó en un terrorismo de Estado cada vez más marcado, sobre todo durante los recientes 20 años del “proceso de cambio”.
“El bloqueo ha dejado de ser la medida de resistencia legítima que fue en sus orígenes, para convertirse en un arma de violencia sistemática que mantiene secuestrado al país, secuestrada la democracia y secuestradas las libertades y derechos de la mayoría de bolivianos que a diario se levanta para trabajar y producir con la esperanza de que el Estado y los grupos que se arrogan una representación popular apócrifa, se lo permitan”, explica el analista y escritor.
Ledezma advierte que hoy, los bloqueos y la violencia de los grupos sindicales constituyen un grave flagelo al desarrollo nacional, porque paralizan el aparato productivo con consecuencias devastadoras a las exportaciones, producción agrícola, transporte, turismo, entre muchos otros sectores afectados irremediablemente.
En ese contexto, Ledezma cuestiona la pasividad del Gobierno y su falta de autoridad; por ello, pide mayor acercamiento directo con la sociedad movilizada antes que seguir dando espacio a las dirigencias que solo ejercen violencia, incluso con sus “bases”.
“Es fundamental que las “autoridades” de gobierno, gobiernen, haciendo cumplir las leyes, garantizando a la población el libre tránsito establecido en la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales. En segundo lugar, que las “autoridades” abandonen de vez en cuando sus despachos y conozcan la voluntad popular a pie de calle. Quizá de esta forma entiendan que la gran mayoría de bolivianos no se siente representada por grupos de dirigentes criminales que emplean la amenaza y la violencia como único argumento”, concluye el analista político.
//Fotos: V21/ AMUN/ RRSS//
