«Se debe trabajar en políticas laborales que disminuyan la carga social»
Cuentan las crónicas del 9 de agosto de 1945 que, una segunda bomba atómica detonaba sobra la ciudad japonesa de Nakasaki, marcando el punto final de la guerra; obligando a la rendición del último país de las Potencias del Eje que se mantenía en conflicto tras la caída de la Alemania Nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastada, con escasez de alimentos, una economía colapsada, inflación elevada, desempleo creciente y gran parte de la infraestructura industrial en ruinas.
El periodo posguerra dio inicio con la ocupación estadounidense al mando del Gral. Douglas MacArthur, quién se empeñó en modificar diametralmente el modelo económico impuesto por el régimen japonés. Las medidas implementadas pasaron por una tenaz reforma agraria que expropió las tierras y reorganizó la redistribución en procura de fortalecer la labor agrícola. Se realizaron reformas laborales que permitían a los trabajadores afiliarse libremente a los sindicatos, dotando de mejores condiciones laborales mediante la eliminación de las corporativas creadas por el militarismo. Se ajustaron las relaciones laborales para evitar que surgieran conflictos (bloqueos) entre trabajadores y empresarios que pusieran en riesgo la producción y la economía.
La reconstrucción de la económica del país nipón demandó largos años de esfuerzo, basados en el programa de estabilización: Línea Dodge, debido al nombre del economista estadounidense Joseph Dodge que propuso la estabilización basada en: reducción del déficit público; eliminación de subsidios, gestión de créditos y el incremento de recaudación tributaria, entre otras medidas orientadas a frenar la inflación y reestablecer el equilibrio fiscal. A pesar de que el experimento derivó en el aumento del desempleo y una contracción inicial de la demanda de productos, la guerra de Corea desatada en 1950, brindó a la industria japonesa una segunda oportunidad.
Durante la primera mitad de la década de los años cincuenta, Japón recuperó su autonomía económica. La industria se volvió más eficiente gracias a la estabilidad política imperante, gracias también a la disciplina laboral basada en el compromiso y responsabilidad de empresarios y trabajadores que decidieron trabajar en un objetivo común, recuperando la confianza y permitiendo la apertura mercados internacionales. En tan sólo una década la economía japonesa había superado el nivel de producción experimentado antes de la guerra, concluyendo el periodo “posguerra” y dando paso a una nueva etapa en el proceso de recuperación económica.
La segunda década conocida como el “milagro económico japonés”, fue el periodo en el que se alcanzó un crecimiento anual de su economía de alrededor del 9% continuo, mismo que iría acelerándose en los años posteriores. El gobierno del Partido Liberal Democrático promovió políticas industriales orientadas a desarrollar proyectos de largo plazo. El Estado no intervino en las relaciones de mercado, simplemente reguló los temas relacionados al crédito y se hizo cargo de la protección de aquellos sectores considerados estratégicos, invirtiendo y mejorando la implementación de tecnología extranjera. Debe destacarse también que los trabajadores recibieron mayor educación y una conducta disciplinada, basada en el respeto y las relaciones sociales, desarrollaron un aparato productivo eficiente.
En la actualidad Japón es una de las principales potencias industriales y tecnológicas del planeta. Sus empresas destacan notablemente en el ámbito automotriz, semiconductores, máquinas, equipos, electrónica, robótica, entre otros que la mantienen a la vanguardia de los avances tecnológicos.
Del otro lado del hemisferio, la ficción del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, conocido también como “economía blindada”, vendida y promocionada por el régimen socialista como la economía equiparable a “la Suiza Sudamericana” implementada en las últimas dos décadas, obliga al emprendedor, micro y pequeño empresario a lidiar con innumerable cantidad de obstáculos y trabas diseñadas por el sistema legal boliviano para estimular la corrupción y mantener al 84% del sector laboral en una economía sumergida de subsistencia.
Dentro de los anuncios realizados por el actual gobierno de derivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, leyes vinculadas a resolver el descalabro económico provocado en los últimos veinte años, me gustaría hacer algunos apuntes.
Es imperativo que el gobierno inicie una política de incentivos tributarios para la generación de riqueza, brindando mejores condiciones y oportunidades a emprendedores e inversionistas, acabando con el infierno fiscal que hace imposible formalizar las actividades económicas en el país.
Debe terminarse con la demagogia que alimenta el discurso de odio (hace 20 años), satanizando al empresario o inversionista, bajo el entendido de que el país requiere urgentemente la llegada de capitales. Mantener un ambiente hostil donde se insista en imponer la falacia de que “el rico es enemigo del pobre”, hace inviable invertir en Bolivia.
Es fundamental intervenir en varios sectores para atraer inversión extranjera y nacional. Debe brindarse seguridad jurídica y garantías legales necesarias. Debe prevalecer la estabilidad política y poner punto final a los conflictos y bloqueos. Es necesario trabajar en educación y capacitación para contar con mano de obra calificada. También deben crearse nuevas reglas tributarias, acabar con prohibiciones y restricciones absurdas. Es imperioso terminar con trabas burocráticas y garantizar la protección de la propiedad privada.
Se debe trabajar en políticas laborales que disminuyan la carga social que hace inviable la contratación de trabajadores.
Para asegurar un desarrollo económico sostenible, se debe atraer y mantener la inversión nacional y extranjera. Vale la pena tomar en cuenta que los países con mayor índice per cápita del planeta, son aquellos que basan la fuerza de su economía en el sector privado, no así, en el Estado (sector público).
Para que Bolivia vuelva a ser un país atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, se debe trabajar arduamente no sólo en la aprobación y promulgación de una “Ley de Inversiones” (tal como se ha comprometido el Presidente), también se deben hacer grandes ajustes y esfuerzos orientados a crear las condiciones necesarias para que las inversiones brinden una segunda oportunidad al país. Oportunidad de crecer como sociedad, de recuperar la identidad nacional y promover políticas de desarrollo a largo plazo.
- “Sabrás que eres boliviano, cuando salgas de Bolivia, pero Bolivia no salga de ti”.
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