CARLOS ARMANDO CARDOZO
Función Social, un concepto abstracto que es utilizado por el Gobierno del MAS para justificar sus cruzadas e intervenciones sobre el sector privado. La Empresa Privada es señalada con el dedo y se le confiscan sus utilidades so pretexto de que los ricos siempre son una alternativa ante el callejón sin salida en el que se encuentra el país frente a los organismos internacionales (En la lógica retorcida de García Linera. Ahora la Banca Privada fue blanco del espíritu benevolente de un Gobierno desesperado por mantener la demanda interna moviéndose, a esta altura, rengueando por llegar si quiera a cerrar el primer trimestre.
A partir del Decreto Supremo 4666 que obliga a la Banca Privada destinar el 6% de sus Utilidades, que registraron en 2021 la suma de 225 millones de dólares, es decir 13,5 millones de dólares comprometidos a la dichosa función social (capital semilla, desarrollo productivo y vivienda social).
De acuerdo con las cifras que dio a conocer Reynaldo Yujra, director de la ASFI, los créditos de vivienda social permitirían financiar el equivalente a 85 casas valuadas en 158.000 dólares americanos,97 departamentos valuados en 138.000 dólares americanos o en su defecto 214 lotes valuados en 63.000 dólares americanos cada uno respectivamente.
Si bien esto parece un alivio para los bolivianos que desean acceder a una vivienda o un espacio propio para construir en el largo plazo, existe consecuencias mucho más grandes que escapan a la supuesta benevolencia estatal. Todo en esta vida tiene un costo, nada es gratis y hasta los derechos que se envisten de un manto sagrado no se hacen valer de manera espontánea alguien debe proveerlos y costearlos.
Lo que escapa a los aplausos del grueso de la población, es el hecho no menor de decidir sobre el producto o excedente el trabajo ajeno. En este caso las utilidades de la banca privada son “expropiadas” parcialmente y se les asigna destino de manera arbitraria, arbitraria porque escapan a las intenciones y decisión de sus verdaderos propietarios.
La situación económica del país está en una situación tan precaria, que el Gobierno esquilma a cualquiera con tal de “dinamizar la economía”, en este caso la construcción como sector que goza de un entramado de actores que permite “redistribuir” y multiplicar la inyección inicial de capital, una falsa sensación de bienestar que como los paños fríos en un paciente con temperatura, sirve para el rato, pero no soluciona absolutamente nada.
Por otro lado, el Gobierno sigue insistiendo en dirigir a que sector se debe priorizar con capitales en desmedro de los que no pueden acceder a estos. Una distorsión total de la economía que tiene las señales totalmente cambiadas, como no denunciar con espanto el daño constante que el burócrata hace con cada “buena intención” en la economía nacional. Precios controlados, presión fiscal, un contexto amorfo, artificial que induce a los inversores a cometer gruesos errores envilecidos por bondades similares a las que el D.S. 4666 pretende viabilizar.
El mercado inmobiliario esta sobresaturado, una oferta desproporcionada que no encuentra respuesta en la demanda, que bajo el ojo ingenuo del burócrata promedio está constituido por cada uno de los bolivianos que no goza de un inmueble propio. No se ponen a pensar que ese ciudadano más allá de tener la necesidad de contar con una vivienda requiere de los medios suficientes como empleo formal, ingresos suficientes como para apalancar un crédito y no perecer en el camino.
Claro, el burócrata es optimista y bien intencionado, sin embargo, no se da cuenta que viabilizar inversiones hacia estos sectores simplemente porque así fue definido, irrumpe en el mercado migrando recursos de un sector hacia otro, bienes de capital a construirse en el largo plazo que requieren de mano de obra, materiales, insumos, servicios y capital que no tienen una demanda real efectiva. Simplemente una aberración que cumple una función única: permitirle a un grupo de personas que no pasan de 300 beneficiarios vivir momentáneamente un sueño que puede ser legítimo, pero no es viable.
En definitiva, la función social solo es un sobrenombre para la incapacidad, irresponsabilidad e improvisación de un grupo de burócratas que están convencidos, realmente convencidos, de que sus buenas intenciones son suficientes para negar conceptos básicos de economía que son válidos en cualquier parte del mundo.
Estimado lector le están vendiendo espejitos de colores como si fueran pepitas de oro.
CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.