Cuatro asambleístas departamentales de La Paz presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la organización Unión Por el Cambio (UPC), del gobernador de La Paz, Santos Quispe. Los legisladores señalan un presunto uso de identidades, firmas y huellas digitales de personas que, sin su conocimiento, fueron inscritas como militantes de este partido político, con el cual Quispe busca su reelección.
La acusación se agrava debido a que los denunciantes señalan que existen indicios sobre la complicidad de una exautoridad del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. Se presume que ese exfuncionario vulneró la seguridad informática del Órgano Electoral y proporcionó los datos personales de los ciudadanos afectados.
“De acreditarse la obtención y uso indebido de bases de datos de ciudadanos no afiliados a partidos políticos, así como la falsificación de firmas y huellas dactilares, podrían configurarse: a) vulneraciones a los principios de legalidad, transparencia y buena fe electoral; b) infracciones electorales graves previstas en la normativa vigente; y c) posibles ilícitos penales contra la fe pública y el régimen electoral, cuya remisión correspondería al Ministerio Público”, señala la denuncia entregada el 26 de febrero, a la que EL DEBER tuvo acceso.
La nota está dirigida al presidente del TSE, Gustavo Ávila, con la referencia “irregularidades sobre la suplantación de firmas de militantes” y la solicitud de investigación con base en la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Los asambleístas que firmaron la denuncia son Israel Alanoca, Samanta Coronado, Fernando Condori y Lino Mamani.
La denuncia señala que los responsables de la inscripción de militantes tomaron contacto con un funcionario que trabajaría dentro del TED La Paz, “con el objetivo de acceder a una base de datos de ciudadanos que no pertenecían a ninguna organización política”.
Según Alanoca, se presume que, tras llegar a un acuerdo, el entonces funcionario vulneró las medidas de seguridad del sistema informático del Órgano Electoral y obtuvo una lista de ciudadanos sin militancia, que luego habría entregado en formato físico y digital.
SIN RESPUESTA
EL DEBER llamó y envió mensajes al gobernador de La Paz, Santos Quispe; al comunicador de esa instancia; y al vocero de la campaña electoral de UPC, Zenón Quispe, exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario, pero ninguno atendió las consultas sobre la denuncia.
El asambleísta Lino Mamani, abogado de profesión, explicó que la denuncia también fue presentada ante la Unidad de Transparencia del TSE. Manifestó que existen procedimientos para el análisis de la información, el inicio de una investigación y una eventual sanción contra UPC, en caso de verificarse los extremos denunciados.
En caso de hallarse irregularidades en el uso de datos de personas que no autorizaron su inscripción como militantes, la instancia de Transparencia debe emitir dos informes: uno dirigido a la Sala Plena del TSE y otro a la Fiscalía, para el inicio de un proceso penal.
//FUENTE: EL DEBER//
