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La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), recomendó cerrar el penal de San Pedro y la construcción de otro centro penitenciario en el departamento de La Paz.
La sugerencia forma parte de Informe Anual correspondiente a la gestión 2022. El documento realiza 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad.
En el marco de este trabajo, se recomendó pedir el cumplimiento de la Ley 494 referida al cierre del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el departamento acorde a las necesidades de la población privada de libertad.
Entre otras recomendaciones está realizar el relevamiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional; acciones en beneficio de población vulnerable privada de libertad, en especial madres, personas con enfermedades terminales, adultos y personas discapacidad física y/o mental.
Se recomendó también elaborar una propuesta para mejorar los servicios de salud en centros penitenciarios y analizar la cobertura ambulatoria a celdas policiales, además de incrementar las jornadas de descongestionamiento carcelario y acciones conjuntas con el Ministerio Público en procura de bajar el hacinamiento en centros penitenciarios.
La Defensoría sugirió, asimismo, realizar un estudio técnico y estadístico sobre el uso de la detención preventiva con el objetivo de identificar las causas de su uso excesivo y analizar las posibles soluciones.
La primera autoridad defensorial, Pedro Callisaya, explicó que este primer informe agrupa los resultados de las 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
Remarcó que, en cuanto a los centros penitenciarios, hay un tema que alarma y es el que se refiere a la población penitenciaria registrada entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, que se incrementó, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.
El informe señala que el porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva, pues a diciembre de 2022 este llegaba a 66,19 por ciento, mientras que el 33,81 por ciento tenían sentencia.
“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando dicha medida. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, cuestionó.