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La masiva marcha de los mineros afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) no debe ser una excusa para negociar el patrimonio natural ni para pedir luz verde en la explotación minera ilegal, sostienen el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, y la representante de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Sofía Balcázar.
Cientos de cooperativistas arribaron, este lunes, de los nueve departamentos del país a la sede de Gobierno para presentar al Gobierno su pliego petitorio de 10 puntos.
En criterio de Balcázar, la marcha de los mineros busca presionar al presidente Luis Arce para que responda a su pliego petitorio que está estructurado en función al interés de su sector, como actores de producción; sin embargo, la experta recordó al Gobierno que no debe gobernar solo para el sector que lo apoya políticamente.
“Consideramos que al margen de las presiones que puedan existir o de los actores productivos, hay ciertas cosas que no se deben negociar como el tema de los derechos humanos fundamentales ni el patrimonio natural o el manejo de la madre tierra”, indicó la representante de Probioma.
El pliego petitorio consta de 10 puntos: respeto a la unidad institucional de Fencomin y sus federaciones; garantizar la estabilidad operativa de las actividades de explotación de minerales, metales y no metales; seguridad para la comercialización de minerales, metales y no metales; seguridad jurídica y desburocratización de trámites; política ambiental para las cooperativas del país; políticas de fomento y temas de atención inmediata.
El vicepresidente de la Fencomin, Zenón Guarachi, afirmó que en el tema de desburocratización de trámites se encuentra viabilizar la solicitud de áreas de trabajo, que no está siendo atendida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Por su parte, el director del Cedib añadió que el pedido de los mineros de “garantizar la estabilidad operativa para la explotación de minerales”, es como darles luz verde para la explotación ilegal, porque muchos cooperativistas no cumplen la normativa. Precisó que no pueden usar como “excusa”, de que es la única actividad que tienen, para atentar contra la vida de los bolivianos y el medio ambiente.
De acuerdo con datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en Bolivia, hasta mayo de 2023 se registraron cerca de 30.000 cooperativas mineras en general en el país, de las cuales, cerca de 1.800 se dedican exclusivamente a la extracción del oro. De esta última cantidad, al menos el 85% se constituyen en el norte de La Paz.
Balcázar indicó que el Estado debería poner por encima del interés económico, el interés colectivo de las poblaciones que viven en la Amazonía, donde se está produciendo altos índices de contaminación del agua, elemento que es consumido por los indígenas. Precisó que si se aplicaría la ley, una de las consecuencias sería “barrer” con todas las actividades mineras ilegales.