Después de que se denunció la incursión ilegal de mineros al Parque Nacional Madidi, altos funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aseguraron que durante el Gobierno de Luis Arce no se dio curso a estas actividades, y señalaron que algunos certificados se emitieron en la gestión de Jeanine Áñez.
Sin embargo, documentos difundidos por la Agenda Minera Bolivia dan cuenta de que, en septiembre de 2018, durante la gestión de Evo Morales, el Sernap certificó -aparentemente vulnerando su propio plan de manejo- que el área pretendida por la Cooperativa Azariama Colorado dentro del Madidi era “compatible con la actividad minera”.
Posteriormente, en agosto de 2021, ya en el Gobierno de Luis Arce, la AJAM firmó una minuta de contrato administrativo minero con la Cooperativa Azariama Colorado para realizar actividades mineras dentro del Madidi.
El 9 de febrero la directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, aseguró que durante la gestión de Arce no se autorizó ninguna actividad minera dentro el área protegida. No obstante, señaló que “se identificaron Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) emitidos como viables en el Gobierno transitorio”.
Días después, el 14 de febrero, la directora de la AJAM, Brenda Lafuente, reconoció que se suscribió la minuta de contrato con Azariama, pero alegó que se hizo con base en un certificado “ilegal” emitido en el Gobierno de Áñez.
“Se llegó a la suscripción de la minuta debido a un certificado de compatibilidad de usos, donde se indicó que la actividad minera sería viable. Sin embargo, este CCU carece de legalidad porque, como dijo Sernap, se emitió en el Gobierno de facto”, dijo.
Sin embargo, los documentos difundidos por la Agenda Minera demuestran que en realidad un certificado se emitió el 6 de septiembre de 2018, cuando Evo Morales aún estaba en el poder. Entonces, se concluyó que el área solicitada por la cooperativa correspondía a dos zonas dentro el Madidi: una de “aprovechamiento de recursos naturales” y otra de “uso especial”. Ambas zonas, según el certificado, son compatibles con la actividad minera.
Esto contradice el último Plan de Manejo del Madidi (2014), donde se establece que las zonas de uso especial son para “la protección y administración” del parque, no para la minería.
La minuta de contrato administrativo minero se firmó el 18 de agosto de 2021 (en el Gobierno de Arce) por Jhovana Samo Apulaca, en representación de la Cooperativa Azariama, y Marcelo Díaz Meave, de la AJAM La Paz.
Estos no son los únicos documentos que avalan la actividad minera en el área protegida. El secretario general de la Cooperativa Virgen del Rosario, Ramiro Cuevas, exhibió el jueves un manifiesto ambiental con membrete del Ministerio de Medio Ambiente, del 11 de febrero de este año, para demostrar la legalidad de sus actividades dentro el parque.
Este medio intentó conocer la posición de las autoridades de la AJAM y del Sernap con relación a estos documentos que contradicen sus declaraciones. Desde la primera institución no hubo res-puesta, y desde la segunda se indicó que se dará información el lunes.
La presidenta de la Comisión de Medioambiente del Senado, Cecilia Requena, manifestó: “Estamos frente a autoridades que hacen declaraciones falsas. Esto ya es inaceptable, por no decir delictivo”.
La senadora indicó que “estamos en una situación dramática”, donde el derecho a la información es entorpecido por los servidores públicos. “La gente necesita saber la verdad y ellos tienen la función de dar información veraz y no confundir y hasta mentir”, dijo.
Añadió que se continuará el trabajo de fiscalización y convocará al director y directora del Sernap y de la AJAM.
8% del parque es la extensión comprometida para la actividad minera a través de cuadrículas tramitadas ante la AJAM por empresas y cooperativas.
ACTIVIDAD ILEGAL DENTRO DEL PARQUE
Buena parte de las cooperativas mineras que operan en el norte de La Paz (lo cual incluye el Parque Nacional Madidi) lo hacen de forma ilegal, ya que no cuentan con todos los permisos que establece la normativa.
Los dirigentes mineros culpan a las instituciones como la AJAM de ser demasiado burocráticas y perjudicar la obtención de los documentos necesarios. Sin embargo, la extracción minera en Bolivia se caracteriza por ser altamente dañina para el entorno.
EXPERTO: “HAY QUE PONER EL FOCO EN LA ESTRUCTURA EXTRACTIVISTA DEL ESTADO”
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, manifestó que hablar sobre en qué gobiernos se entregaron los permisos para destruir un área protegida es secundario, lo esencial es la estructura extractivista del Estado, que más allá del gobierno de turno, promueve el “desarrollo” a costa de la protección del medioambiente.
“El Estado ha decidido debilitar la protección del Madidi para que avancen proyectos mineros y se establezcan allí mucho más que en el pasado. Esto lo vemos también con Tariquía (reserva en Tarija) y la explotación de hidrocarburos”, dijo.
Resaltó que el debate debe darse en función a la orientación económica, “cuestionarnos: ¿qué ganamos y qué perdemos con la minería? ¿Qué ganamos y qué perdemos con arriesgar al Madidi?”.
Añadió que la minería, contrario a lo que se cree, no garantiza mejores condiciones de vida para las poblaciones, clara muestra es lo que ocurre en algunos centros mineros donde la pobreza y la contaminación imperan.
“La minería no resuelve que la gente satisfaga sus necesidades básicas. Hay que ver qué hace el Estado con las migajas que le deja la minería. Eso no alcanza para invertir en salud y educación, mucho menos para reponer el desastre ambiental que deja esta actividad”, dijo el investigador.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//