En una audiencia pública, pobladores y autoridades de San José y de la provincia Chiquitos decidieron rechazar el desalojo por parte del INRA de la colonia menonita del predio Los Guayacanes y exigieron una reunión con el director del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, para “resolver” la situación jurídica de las tierras fiscales del municipio cruceño.
En la reunión, realizada ayer en el predio en conflicto, participaron los concejales del municipio, asambleístas departamentales y regionales, y representantes de comités cívicos y organizaciones indígenas de la región, además del asesor jurídico del INRA, Wilder Ríos, entre otros.
Luego de llegar a un consenso entre las partes, se firmó un acta de cuatro puntos, los cuales se concentran en la suspensión del desalojo de las familias menonitas; y en la solicitud de una reunión de emergencia al director departamental del INRA,x Adalberto Rojas, para “analizar y resolver” la situación jurídica actual de las tierras fiscales de San José de Chiquitos.
El tercer punto tiene que ver con la declaratoria de estado de emergencia de las autoridades josesanas, a fin de precautelar las tierras del municipio; y el cuarto con el pedido a todas las autoridades del INRA de que se enmarquen en las normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos.
“El desalojo era imposible, porque la gente vive acá hace más de 10 años, tienen familias y hay muchos niños de por medio”, sostuvo al concluir el encuentro el alcalde de San José, Marbin Barbery.“Gracias a todos los que vinieron a apoyarnos. Me quedo un poco más tranquilo porque veo que hay mucha gente que nos apoya”, dijo Pedro Henz, colono de Villa Verde.
Ríos, por su lado, indicó que hará conocer al Director Departamental del INRA las conclusiones y sugerencias a las cuales llego la audiencia, y que será esa autoridad la que vea “las soluciones más pragmáticas” al caso.
“El INRA es una institución técnica. No estamos acá por un fin político”, por lo que “el mandato y las normas constitucionales se van a precautelar”, afirmó el asesor legal.
“No son extranjeros”
El lunes pasado, se presentaron en Los Guayacanes más de 300 efectivos policiales con el objetivo de realizar el desalojo de 120 familias de la colonia Valle Verde que se encuentran al interior del predio de 2.000 hectáreas, ubicado en la localidad de Quimome, en el municipio de San José de Chiquitos.
El diálogo con los uniformados permitió paralizar el desalojo de menonitas, que son “personas nacidas en Santa Cruz”, subrayó ayer el abogado de la colonia Alejandro Altamirano, quien acotó que “el hecho de tener religión menonita no los hace extranjeros”.
Mediante un comunicado, el INRA Santa Cruz indicó el lunes que la comunidad Valle Verde, conformada por familias menonitas (extranjeras), se encuentra asentada sobre tierras fiscales otorgadas al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, en calidad de usufructo. “El proceso de desalojo en el presente caso se viene realizando desde hace seis meses, por lo que implica procesos administrativos y legales, en coordinación con el INIAF y el Comando Departamental”, indicó el INRA, que asegura cumplir “cero tolerancia al avasallamiento”.
Altamirano sostuvo que Los Guayacanes pertenece a Valle Verde y cuenta con documentos que lo prueban, como el certificado alodial que establece que la titularidad del predio recae sobre el boliviano F. P. J. , apoderado legal de la colonia.
//FUENTE: EL DEBER//