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Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en 2019 administraron las elecciones generales que terminaron en el fraude de Evo Morales, fueron reconocidos con diplomas por el Ministerio de Justicia y con la participación del delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el acto de “desagravio”, el comisionado Joel Hernández García no solo hizo acto de presencia sino que entregó reconocimientos a otros exfuncionarios del TSE, protagonistas del fraude de 2019.
María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas, Idelfonso Mamani, Edgar Gonzáles, Lucy Cruz y Lidia Iriarte reaparecieron y fueron objeto de palabras de halago como “víctimas del golpe”, por el viceministro de Justicia, César Siles.
Choque, a su turno, acusó “persecución, tortura y racismo” en contra de ella y su familia, durante el gobierno de transición, tiempo en el que los exvocales permanecieron en detención preventiva.
Los exvocales fueron los mismos que habilitaron al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), en diciembre de 2018, a una nueva repostulación bajo el argumento de los “derechos políticos preferentes” que el Tribunal Constitucional Plurinacional habían interpretado por encima de la Carta Magna, un año antes.
MORALES LOS DESTITUYÓ
El domingo 10 de noviembre, en horas de la mañana, el todavía presidente Evo Morales salía en conferencia de prensa para anunciar la anulación de las elecciones, luego del informe preliminar de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, dijo, sin admirir la figura de fraude, que convocatoría a nuevas elecciones y removería a todos los vocales del TSE.
Tras su renuncia, en horas de la noche, sin que exista presidente de Estado, la Fiscalía y la Policía arrestaron a los entonces vocales bajo sospecha de delitos electorales.
En julio de 2021 el régimen de Luis Arce, mediante sus operadores en la justicia decidió cerrar el caso. La Fiscalía retiró la denuncia y rechazó analizar el informe de la OEA.
PARTICIPACIÓN INOPORTUNA Y DESCONFIANZA
Para el expresidente de la República, Carlos Mesa, quien se reunió más tarde con el alto comisionado, el acto fue inoportuno y considera que se usó a Hernández García para mantener la narrativa del “golpe de Estado” y así “enterrar el fraude monumental” de aquel año, cuando su propia candidatura fue la afectada.
“Me dijo que no vino a establecer si hubo golpe o fraude sino a participar en un acto específico que tenía que ver con la vulneración de derechos de esas personas”, reveló Mesa.
La presencia de la CIDH en Bolivia, luego de la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional (GIEI), que analizó los hechos de 2019 con un marcado sesgo para favorecer la narrativa del masismo, ya fue descalificada por activistas.
En conferencia de prensa, la mañana de este lunes, representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), alertaron de que la comitiva de la CIDH no se entrevistará con los presos políticos y solo visitará tres cárceles del país para “evidenciar el estado de la justicia” en Bolivia.
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