La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Cochabamba (Fedjuve) y las víctimas de avasallamientos de tierras productivas exigieron ayer la destitución de tres funcionarios del Consejo de la Magistratura por presuntos vínculos con loteadores.
Los funcionarios cuestionados fueron identificados como Benito R., Jhony R. y Lidia A., de acuerdo con un pronunciamiento público de la Fedjuve.
Los afectados mostraron fotos de Benito junto a personas que tienen numerosas denuncias por invasión de predios.
En algunas de las fotografías se puede apreciar que el funcionario se encuentra rodeado de al menos tres personas compartiendo unas tortas.
Las víctimas de avasallamientos identificaron que al lado de Benito se encuentra Domingo P. Z., uno de los avasalladores del valle alto que cuenta con más de una veintena de procesos por agresiones, tráfico de tierras y otros delitos.
“Todos los avasallamientos que sufren nuestros ciudadanos, sean de Cercado como de los demás municipios, son porque los administradores y operadores de justicia, fiscales, jueces y funcionarios públicos en sus diferentes jerarquías permiten e incluso en muchos casos son ellos mismos los que dan paso a que se realicen los avasallamientos Los funcionarios del Consejo de la Magistratura sólo son títeres, así como de la sección de Control y Fiscalización”, refiere el comunicado de la Fedjuve.
Los afectados otorgaron un plazo de 72 horas para que se atiendan sus demandas; caso contrario, asumirán medidas de presión.
El presidente de la Fedjuve, Ángel Quispe, pidió además a la fiscal departamental Nuria Gonzales que controle el trabajo que realizan tanto el fiscal de Sacaba como el de Tarata, porque no indagan las denuncias presentadas por los dueños de las tierras invadidas, pese a las evidencias de agresiones físicas.
Alistan marcha y otras acciones
Con la finalidad de resguardar el derecho propietario y denunciar la vulneración de otros derechos fundamentales, las víctimas de avasallamientos prevén realizar un ampliado departamental en el que definirán medidas de presión radicales como una marcha hasta Sucre para exigir al Consejo de la Magistratura la destitución de los funcionarios vinculados por loteadores.
Por otro lado, desde la Fedjuve anunciaron que se intensificarán los controles para fiscalizar el trabajo de los operadores de justicia y será la ciudadanía organizada la instancia que proceda a una “aprehensión” si encuentra a algún funcionario cometiendo ilícitos, ante la falta de respuestas de las autoridades superiores a sus demandas.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//