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La Constitución Política del Estado establece en el Art. 384 que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. La Ley General de la Coca Nº 906, de 8 de marzo de 2017 es INCONSTITUCIONAL y su DS 3.318, Parágrafo III, ratifica esa vulneración a la Norma Suprema porque permite a las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque del Departamento de Cochabamba, ampliar la producción de la coca de 12.000 Ha. a 22.000 Ha. en lugares donde NO es originaria ni ancestral, ya que el 92% va al narcotráfico, según la UNODC. Por tanto, el gobierno de Morales vulneró la Constitución al aprobar la Ley 906, y debe ser sancionado.
Hoy la producción de coca está cerca de las 30.000 Ha., que supera las 22.000 Ha. legalmente permitidas. Es catalogada como récord mundial la coca excedentaria que va al narcotráfico. Los casos Sanabria, Dávila, Montenegro y otros menores, y el asesinato de Porongo son pruebas contundentes de la existencia de un Narcoestado.
Morales es jefe del MAS que gobierna Bolivia y jefe de las seis Federaciones de cocaleros del Chapare que viven de la producción de la coca, que en 92 % va al narcotráfico. Pero el gobierno masista solo muestra operativos por los que se destruye laboratorios de producción de droga, se hace incautaciones, pero los responsables siguen fabricando droga. Esta industria mueve 26.000 millones de dólares, corrompe instituciones como la Policía, con la presencia de cárteles brasileños, colombianos y mexicanos, lo que genera lavado de dinero, prostitución y trata de personas, secuestros exprés, sicarios que crean terror en la población por las muertes de bolivianos involucrados con este negocio ilícito.
El colombiano Jhon Walter Tibaduiza, acusado de la muerte de tres policías, denunció que dos uniformados lo extorsionaron y le quitaron $us. 6.000, para dejarlo pasar de un puesto de control cerca de Montero.
Lamentablemente, a estos dos policías acusados por concusión solo se les hará un proceso administrativo. El Fiscal Roger Mariaca dijo que serán imputados por el delito de concusión.
Según la policía, Carlos Alfredo Callaú Rocha de 33 años, uno de los asesinados, hallados sin vida en Ivirgazama de Cochabamba, era buscado por haber cometido delitos de estafa y violencia intrafamiliar y hechos en febrero de 2021 por delito de asociación delictuosa, concusión y cohecho pasivo, prófugo que integraba un grupo de policías y colombianos que le quitaron $us. 30.000 a un comprador de autos, alegando que era dinero del narcotráfico. La policía identificó a una persona que sería el taxista que trasladó a las victimas hasta el Trópico de Cochabamba, logró escapar y ahora está siendo custodiado por las fuerzas del orden.
El caso de Misael Nallar –yerno de Einar Lima Lobo, sentenciado en Brasil por narcotráfico–, propietario de bienes, avionetas, vehículos Teryx, y armas, que no tendrían relación con sus ingresos económicos, y el hecho de sangre en su hacienda, de acuerdo con fotos tomadas por un policía, muestran vinculaciones con el narcotráfico, (la Policía y la Fiscalía no activan una investigación de narcotráfico), pero los involucrados solo serán inculpados por legitimación de ganancias ilícitas, por los jueces Freddy Coronel, Yanet Paniagua y Claret Llanos. Y para favorecer a Nallar se determinó el traslado de Nallar a Palmasola, lo que es demostración de que jueces y fiscales favorecen a narcotraficantes.
Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que cumpla con su trabajo de FISCALIZACIÓN e investigue sobre el narcotráfico en Bolivia, especialmente en el Chapare, considerando la extradición del colombiano Jhon Walter Tibaduiza y la carta enviada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, al narcotraficante Miguel Angél Salazar Yavi, agradeciéndole por las grandes contribuciones económicas al MAS. ¿O es que el Chapare es tierra de nadie, donde las autoridades nada hacen frente al crimen organizado?, porque se evidencia que hay protección a los narcotraficantes.
ANGÉLICA SILES PARRADO
Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21