La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia, hizo público un llamado a recuperar la justicia afectada por la falta de credibilidad, y a defender las libertades de prensa y de expresión en democracia.
La ANP hace referencia a diversos hechos noticiosos que cuestionan la administración de justicia con denuncias sobre la liberación de feminicidas condenados a la pena de 30 años de cárcel, y otros que son calificados por observadores como actos de persecución política.
“La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia expresa profunda preocupación por la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que están minando nuestras instituciones y valores humanos, como no había sucedido en los últimos 36 años, y alerta que estas circunstancias generan alto riesgo a las libertades de prensa y de expresión”, expresa el pronunciamiento.
En los últimos días, los responsables de compras estatales a través de procesos cuestionables, responsabilizaron de las denuncias a los periodistas y medios de información, y las investigaciones no mostraron avances.
El mensaje rechaza la respuesta de un gobernador al trabajo de los periodistas que tras una investigación develaron la irregular compra de ambulancias, y exige transparencia en los actos de funcionarios encargados de administrar el dinero de los ciudadanos.
La ANP se solidariza con las personas, policías y periodistas secuestrados el pasado 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, y lamenta que las investigaciones no avancen y que, por el contrario, una de las partes interesadas consiga el cambio de investigadores y fiscales.
El texto del mensaje de la organización de medios impresos bolivianos es el siguiente:
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia expresa profunda preocupación por la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que están minando nuestras instituciones y valores humanos, como no había sucedido en los últimos 36 años, y alerta que estas circunstancias generan alto riesgo a las libertades de prensa y de expresión.
Hechos que vulneran principios fundamentales como la transparencia en las actuaciones de funcionarios, la insensibilidad de los administradores de justicia frente a atroces crímenes y la actitud pasiva de políticos sumidos en extravío cuando el país demanda respuestas, generan alto grado de intranquilidad en todos los ámbitos.
En este escenario, los responsables de administrar las instituciones fundamentales han caído en el fácil argumento de atribuir responsabilidad al trabajo periodístico que, en apego a sus principios irrenunciables, cumple con la difícil misión de informar en condiciones dificultosas por la falta de acceso pleno a fuentes noticiosas.
Es inquietante observar que los recursos públicos pueden ser destinados a dudosas compras, violentando requisitos mínimos, sin consideraciones con los beneficiarios finales de servicios de salud, y menos con los contribuyentes a quienes debe ofrecerse una oportuna información.
Por el contrario, la respuesta ha sido una actitud autoritaria como la expresada por un Gobernador que, empleando reprochables adjetivos contra la prensa, ha hecho expresión pública de burla ante sus propios electores a los cuales debe muchas explicaciones.
Sumado al anterior caso, otro Gobernador al que se responsabiliza de mal uso de bienes públicos salió de una audiencia aplaudido y vitoreado al lograr una sanción mínima cuando los ciudadanos esperan procesos y sanciones morales orientados a recuperar el valor y respeto a la función pública.
En el mismo sector judicial, se deja archivado un proceso por destrucción, asalto e incendio de buses de una ciudad con escasos servicios de transporte de calidad, y por el contrario se persigue al funcionario que organizó la valorada empresa municipal.
Todo ello muestra un contrasentido con absoluta falta de equilibrio en las decisiones de los jueces y fiscales.
Han transcurrido 100 días del secuestro y tortura de un grupo de ciudadanos, policías y periodistas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y hasta la fecha la investigación permanece inconclusa.
Lo inquietante de este caso es que dos fiscales y tres investigadores fueron cambiados a pedido de una de las partes interesadas en el condenable hecho, los interculturales claramente vinculados al partido gobernante.
Hay una tendencia de debilitamiento de las instituciones democráticas y un angustioso retroceso en el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la protesta, el acceso a la justicia y la falta de datos e información de interés público sobre el trabajo que realizan los funcionarios en distintos estamentos.
Sin libertad de expresión, sin una prensa independiente de intereses sectoriales y partidarios, todos los casos que anotamos aquí, a manera de resumen, no serían de dominio público.
Frente a la ausencia de administradores eficientes de justicia, sin transparencia en la actuación de administradores de recursos públicos y ante a la permanente hostilidad contra el trabajo de la prensa, la ANP reitera su llamado a defender principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Paz, 05 de febrero de 2022
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//