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La expresidenta constitucional Jeanine Áñez recusó a dos vocales de la Sala Penal Cuarta de La Paz, que estaban designados para atender la audiencia de apelación en el montaje “golpe II”. El argumento de su defensa fue que ambos juristas emitieron criterio anticipado; sin embargo, sus antecedentes los apuntan como jueces afines al masismo.
Los vocales Claudia Castro y Orlando Rojas fueron recusados por la defensa de Áñez, quien explicó mediante la cuenta de Twitter que administran sus familiares y allegados, que ambos ya tuvieron conocimiento del caso “patraña” en su condición de jueces de instrucción, resolviendo en su contra.
“El artículo 180 de la Constitución establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de idoneidad, honestidad, legalidad y debido proceso. Todos estos principios han sido vulnerados por los jueces Orlando Rojas y Claudia Castro. Deben excusarse”, agregó.
Castro falló contra Áñez y determinó enviar la denuncia por el caso del nombramiento de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) a un proceso ordinario y no juicio de responsabilidades, como manda la CPE, bajo el argumento de la “ruptura del orden constitucional”.
Rojas, a su vez, si bien en abril de 2022 declaró fundada la excepción de competencia y derivó el caso a conocimiento de la Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Legislativa, también aclaró que Áñez no era excluida del caso.
ANTECEDENTES Y FAVORECIMIENTOS
Entre sus antecedentes, en octubre de 2020, tras la victoria electoral del MAS, la entonces juez Anticorrupción, Claudia Castro concedió la Acción de Libertad que solicitó el exministro de la Presidencia del régimen de Evo Morales, Juan Ramón Quintana. Esa acción benefició a nueve exministros y funcionarios masistas que permanecieron casi un año asilados en la embajada de México.
En otro acto judicial, Castro libró de responsabilidades al dirigente cocalero Faustino Yucra y archivó el caso sedición, que involucraba a Evo Morales por la llamada telefónica que hizo el recién huido expresidente en noviembre de 2019 para bloquear el ingreso de comida y suministros a las ciudades. La juez también benefició a Nemesia Achacollo, procesada por el caso del desfalco al FONDIOC, con detención domiciliaria.
En noviembre de 2020, con Luis Arce ya en el poder, Castro determinó archivar el caso fraude electoral y libró de responsabilidades a Morales, su segundo Alvaro Garcia y los exministros de Presidencia, Gobierno y Justicia, Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce, respectivamente.
Por su lado, Orlando Rojas en su calidad de juez, fue quien envió a prisión a los entonces dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa.
El expresidente de los cocaleros de Yungas estuvo encarcelado en el penal de San Pedro más de un año, desde 2018, desde donde denunció una serie de vulneraciones a sus derechos de defensa, así como la imposibilidad de visitar a su hijo que enfermó y perdió la vida durante ese tiempo. El otro representante, en tanto, solo estuvo unos meses en detención.
El mismo juez Rojas liberó a ambos dirigentes de ADEPCOCA cuando Morales renunció y huyó del país, en noviembre de 2019.
En el caso “golpe I”, la expresidenta Jeanine Áñez recibió una sentencia de 10 años por las figuras de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por no haber seguido el “procedimiento regular” para “proclamarse” presidenta del Estado.
En el mismo montaje judicial, otros exjefes policiales y militares recibieron penas menores por “complicidad” con la exsenadora beniana en esos “actos administrativos” que correspondían a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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