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Añez asumió el mando del país ante el vacío de poder que dejó Morales y su cúpula. Sin embargo, gobernó con la mayoría de funcionarios y cargos jerárquicos en jefaturas que trabajaron y fueron fieles al MAS por 14 años / CAPTURA PANTALLA BTV / ARCHIVOS
VISOR21 / Iván Rada.- El exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, reconoció que mantuvo en su cargo al jefe de gabinete de Juan Ramón Quintana, porque “era una persona muy profesional”. Max Eguivar, luego, logró que una jueza afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) archive el caso fraude electoral contra Evo Morales y la cúpula masista, que luego se dio la vuelta con el montaje del caso “golpe”.
El matutino Página Siete recabó la denuncia de una fuente que trabajó durante el gobierno de Jeanine Áñez, que aseguraba que Eguivar mantuvo su puesto y privilegios en el Ministerio de la Presidencia cuando se produjo la transición en noviembre de 2019.
“(Justiniano) mantuvo al asesor principal y jefe de gabinete de Juan Ramón Quintana y a toda la gente y el equipo de Evo Morales”, declaró la fuente.
Justiniano, quien llegó a ejercer el cargo a sugerencia del entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de quien además era su abogado, reconoció ese hecho y argumento que no relevó a la gente dentro de ese ministerio para evitar paralizar la gestión.
“Mi labor era muy ocupada en el proceso de pacificación, si mal no recuerdo realicé cuatro o cinco contrataciones de gente que era necesaria que esté en mi entorno. Mantuve al jefe de gabinete del señor Quintana para darle operatividad al ministerio, él era una persona muy profesional”, reconoció.
El abogado cruceño, hijo del experimentado político socialista y exembajador de Evo Morales, Jerjes Justiniano Talavera, no cumplió ni un mes en funciones y fue reemplazado el 3 de diciembre de 2019 por Yerko Núñez. Se señalaron entonces discrepancias internas en el gabinete, en las que se supo que Justiniano planteaba estrategias “menos duras” contra el MAS, para dar prioridad a la “pacificación”. Luego de salir de Palacio, Justiniano, alertó que había un “proceso de desestabilización en el gobierno transitorio”.
“DURMIENDO CON EL ENEMIGO”
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La Fiscalía y la Policía desarrollaron la hipótesis sobre reuniones de “coordinación” entre Quintana, sus operadores, técnicos informáticos, funcionarios de otros ministerios, vocales electorales y una empresa mexicana, en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo, para influenciar en las elecciones de 2019. Ese caso, fraude II, se archivó por un recurso presentado por Eguivar que trabajó con Justiniano durante el gobierno de Áñez / CAPTURA PANTALLA MIN. GOBIERNO / ARCHIVO
Durante la gestión de la presidenta constitucional Jeanine Áñez, que se calculaba para tres meses, se mantuvo el aparato jerárquico en distintos ministerios, desde los jefes de gabinete, jefes de comunicación y asesores jurídicos, entre otros, que un año después le cobraría factura a la llamada transición.
En el caso de Max Eguivar, ligado a Quintana durante varios años, éste logró interponer un recurso para dejar sin efecto el proceso por fraude electoral de 2019 que interpuso Comunidad Ciudadana contra Evo Morales y la cúpula masista de Álvaro García Linera, Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.
La Fiscalía incluso había desarrollado la hipótesis de que Quintana había instalado una oficina para realizar y recibir contactos con seis de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve delegados presidenciales departamentales, en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo. El objetivo era coordinar los comicios del 20 de octubre de 2019 junto a la empresa mexicana Territorial Visor, y en una de las reuniones participaron Eguivar, el exdirector del TSE, Sergio Martínez, y personal técnico informático de los ministerio de Presidencia, Culturas y Defensa.
En noviembre de 2020, ya con Luis Arce en el poder, la jueza Claudia Castro admitió el recurso de defensa de Eguivar y declaró fundadas las excepciones de prejudicialidad, falta de acción y, en parte, actividad procesal defectuosa, para suspender el proceso penal y archivar las actuaciones jurisdiccionales y fiscales del caso.
“Asimismo con relación al Incidente de Actividad Procesal Defectuosa, en mérito a la inobservancia del artículo 167 de la Ley t173.169 de la Ley 197o, DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA EN PARTE y así también de acuerdo al Auto Supremo 320/03 disponiendo en consecuencia la nulidad de actuados al vicio más antiguo, es decir, la ampliación de denuncia presentada ante el Órgano Judicial en fecha 30 de septiembre de 2020”, cita el documento que se divulgó un mes después.
Castro fue señalada por la oposición como funcional al MAS por los fallos favorables a ese partido como el caso fraude II o el caso sedición, que dejó libre al dirigente cocalero Faustino Yujra, entre otros, activados durante la transición. En un primer fallo favorable a Quintana, el 31 de noviembre de 2019, Castro levantó la orden de apremio que pesaba contra el exministro, denunciado por sedición y terrorismo por los hechos violentos que se produjeron durante la renuncia y huida de Evo Morales, alegando “fallos procedimentales y vulneración de derechos”.
Pese a tener dos procesos disciplinarios y una orden de suspensión de funciones por un año, la jurista fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia, en agosto de 2021, como vocal departamental en La Paz.
“SABOTAJE Y VENDETA”
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El entonces jefe de la FELCC, coronel Iván Rojas, exponía el flujo de llamadas de Valenzuela con Montaño durante el escándalo de corrupción de los 170 respiradores. Rojas se encuentra fuera del país, en lugar no identificado, y enfrenta procesos de presunto enriquecimiento ilícito / CAPTURA PANTALLA MIN. GOBIERNO / ARCHIVOS
Otro funcionario de la era masista que se mantuvo en el cargo durante la gestión de Áñez, fue el militante del MAS Fernando Valenzuela, quien fue director jurídico de Gabriela Montaño y su personal de confianza desde la Asamblea Legislativa.
En mayo de 2020, Valenzuela fue incluido en la denuncia por la compra de 170 respiradores para atender la pandemia de Covid-19 que había afectado a Bolivia dos meses antes. El caso señaló un presunto sobreprecio y arrastró al entonces ministro del área Marcelo Navajas a la cárcel. Sin embargo, luego se supo que fue el funcionario masista quien sugirió esa compra irregular como jefe de adquisiciones.
Ese año, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló a Valenzuela como responsable del caso, porque “mantuvo coordinación por WhatsApp con Montaño”, que se encontraba asilada en Argentina junto a Evo Morales, e incluso reveló que tanto él como la propia presidenta transitoria le pidieron al anterior ministro de Salud, Aníbal Cruz, que destituya a ese funcionario. Cruz declaró, posteriormente, que dejó al personal de Montaño porque “conocían el funcionamiento del Ministerio”.
“Soy humano. Las personas necesitaban comer. Algún colega ministro me dijo (que lo destituya), pero yo vi que el MAS le hizo daño y es un buen técnico que me respondía como ningún otro, no en favor mío, sino en favor del Ministerio”, dijo Cruz, ya alejado del cargo.
El exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María, acuñó la palabra “sabotaje” por parte de exfuncionarios del MAS en el caso respiradores que, posteriormente, dejó al gobierno de Áñez con una fuerte mancha de corrupción que terminó por erosionar su anticipada candidatura presidencial.
En contraste, desde que el MAS ganó las elecciones de octubre de 2020, sus militantes retornaron a los puestos del Ejecutivo y en menos de un mes dirigentes del ese partido ingresaron a gritos a las dependencias estatales para amenazar a los funcionarios y exigirles que renuncien y abandonen las oficinas de inmediato por ser “pititas” y “golpistas”.
El gobierno constitucional de Jeanine Áñez se extendió por 362 días y después de dejar el poder, todos sus ministros fueron perseguidos y acusados con procesos de toda índole, desde uso de bienes del Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, hasta el montaje del caso “terrorismo, sedición y conspiración” que mantiene a la expresidenta y dos miembros de su gabinete encarcelados hace más de un año.
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