Redacción VISOR21
En un set con fondo oscuro y un par de reflectores, la expresidenta constitucional Jeanine Áñez aparece en pantallas para dar su versión sobre los acontecimientos de 2019 y 2020, cuando le tocó asumir la Presidencia del Estado, en medio de la convulsión fraticida, una posterior pandemia y un proceso electoral que devolvió al MAS al poder.
Áñez se encuentra recluida en el penal femenino de Miraflores, tras su aprehensión en marzo de 2021. Gobernó el país solo 361 días y lleva encarcelada más de cuatro años con varios procesos en su contra, desde «golpe de Estado» hasta «masacre y genocidio».
La expresidenta no obtuvo ninguna licencia especial de Régimen Penitenciario, la instancia dependiente del Ministerio de Gobierno que le negó cualquier posibilidad de salida o incluso internación clínica durante estos cuatro años, salvo un fugaz permiso «humanitario» a Trinidad, cuando su madre falleció.
Áñez fue entrevistada por la comunicadora cruceña Sandra Parada, en el programa de streaming Cara a Cara Podcast, mediante el uso de la Inteligencia Artificial que «clonó» su fisonomía y le puso voz a las respuestas que la expresidenta escribió desde su celda en la sede de gobierno.
En sus palabras, Áñez mantuvo la línea de rechazar que se haya producido un «golpe de Estado» contra Evo Morales y volvió a responsabilizar al jefe cocalero de generar violencia y muertes durante las jornadas de octubre y noviembre de 2019. También rechazó las denuncias en su contra y se calificó como presa política de la dictadura del MAS.
Sin embargo, en esta particular entrevista se le consultó sobre las denuncias de corrupción en su breve gestión, como fue el escándalo de los respiradores españoles y chinos, con un presunto sobreprecio en pleno inicio de la pandemia de Covid-19 en Bolivia.
«Cuando supe que había alguna sospecha o acto de corrupción en mi gobierno, inmediatamente destituí a la persona, sea ministro, sea director, sea quien fuere. Los que cometieron los delitos, de los que los acusan, fueron sometidos a procesos judiciales conforme a la normativa, las leyes y las garantías constitucionales», explicó .
«Sobre el caso de los respiradores, apenas conocí el caso instruí la destitución del ministro de Salud y que la justicia proceda con la investigación», agregó, en referencia al entonces ministro Marcelo Navajas que fue relevado y encarcelado apenas tras un mes y medio en el cargo.
En mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia en Bolivia, el gobierno de Áñez autorizó la compra de 170 respiradores desde España, de la marca Respira Device, a un costo de 27.000 dólares por unidad, cuando el precio en catálogo figuraba en $us 7.194.
La acusación se inició en el propio gobierno de Áñez, pero fue seguido por el régimen de Luis Arce contra una decena de exfuncionarios del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS).
Al poco tiempo, y dada la emergencia sanitaria en el país, se volvió a hacer una compra, esta vez de 324 respiradores chinos, a un costo de 30.000 dólares, aunque, nuevamente, había un precio referencial de estos equipos en $us 8.000 por unidad.
De ese caso, el gobierno de Arce responsabilizó, junto a media docena de exfuncionarios, a la siguiente ministra de Salud de Áñez, Eidy Roca, a quien se procesó por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, hasta agosto pasado, cuando la comisión de fiscales aceptó excluir del caso a la profesional en salud por su avanzado cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
«Una terrible injusticia, porque ella no tuvo nada que ver en la compra de respiradores chinos, en el otro caso fue detenido el doctor Navajas, pero sigo pensando que fue un intento de negociado de la gente de Gabriela Montaño en el Ministerio», manifestó Áñez, al respecto.
Durante el gobierno de Áñez se conoció que uno de los detenidos por el caso de los respiradores españoles, el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, era parte de los funcionarios públicos del MAS que se quedaron en sus cargos desde la gestión de la exministra Gabriela Montaño.
Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se reveló que el «testigo clave» del caso, Luis Fernando Humérez, otro funcionario del MAS dentro del Ministerio, mantuvo contacto permanente con Montaño, quien había salido del país junto a Evo Morales tras la renuncia de éste en noviembre de 2019, pero también con Andrónico Rodríguez, que en 2020 aún era dirigente cocalero, y varios otros representantes del Chapare.
Humérez, según las investigaciones de entonces, también sostuvo conversaciones con Valenzuela, identificado como «hombre de confianza» de Montaño durante años.
De ambos casos, los implicados hoy se defienden en libertad. Roca fue apartada por salud y Navajas tiene detención domiciliaria y continúa al mando de su clínica privada.
La diferencia de precios tanto en los respiradores españoles como chinos, se explicó porque llegaron al país simples ventiladores de asistencia y no equipos para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que eran necesarios durante la pandemia.
Montaño nunca fue convocada en ninguno de los procesos y desde su retorno al país desde Argentina, mantuvo perfil bajo, sin referirse a ninguno de los casos.
Áñez, continuó en la entrevista elaborada por IA, y también habló sobre el panorama electoral de 2020 y el error del cual hoy tiene un gran arrepentimiento.
(Segunda parte: domingo 18 de mayo)
