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Mediante la circular APS/DP 095-2023, la Autoridad de Fiscalización y Control en Pensiones y Seguros (APS) fijó el 15 de mayo para el cierre contable y fecha de corte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
De esa manera, estas entidades dejarán de operar en el país luego de 26 años, ya que comenzaron labores en 1997.
Se debe recordar que el Decreto Supremo 4585 del 15 de septiembre de 2021 estableció: “La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los regímenes contributivo y semicontributivo de forma parcial dentro de 12 meses siguientes a la publicación del presente decreto supremo y de manera total en un plazo no mayor a 20 meses computados de igual manera”.
De forma parcial, la entidad arrancó operaciones el 15 de septiembre de 2022 y de forma total lo hará el 15 de mayo de 2023.
La circular de la APS establece los lineamientos, procedimientos y plazos para el cierre contable y la presentación de los estados financieros auditados con fecha de corte al 15 de mayo de las AFP Previsión BBV y Futuro de Bolivia, además del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y Cuentas de Riesgo Común o Cuenta de Siniestralidad, Riesgo Profesional, Riesgo Laboral, Cuenta de Mensualidad Vitalicia Variable y Cuenta Básica Previsional y Fondo Solidario para la transferencia de saldos contables.
Es así que el programa de cierre contable tanto de las AFP como de los fondos debe ser formulado el 3 de abril y remitir a la APS hasta el 14 de abril.
Al 15 de mayo, las AFP y cada uno de los fondos y cuentas a cargo de las AFP deben registrar un acta de cierre con la información contable.
El analista Alberto Bonadona explicó que la resolución simplemente dispone el cierre de las AFP para que la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo inicie operaciones el 15 de mayo.
Según Bonadona, ahora que la Gestora de los fondos de pensiones se hará cargo, para evitar la desconfianza de la población en la nueva entidad, se debería fortalecer y mejorar el marco regulatorio para que haga prevalecer los intereses de los aportantes.
La nueva entidad y la APS dependerán ahora del Estado o el Ministerio de Economía que nombra a sus autoridades.
“La susceptibilidad es genuina y la única manera de dar tranquilidad a los aportantes sería que la APS sea una entidad autónoma e independiente del Gobierno”, subrayó.
Añadió que por ejemplo en los países nórdicos los fondos de pensiones son públicos, pero los entes reguladores son fuertes y evitan la injerencia del Órgano Ejecutivo.
El experto en pensiones Gustavo Rodríguez sostuvo que la principal preocupación es ver si la Gestora tiene todo listo para comenzar a manejar las pensiones y si los sectores sociales están de acuerdo.
Explicó que para dar confianza a los aportantes, los recursos deberían tener mantenimiento de valor ante una inflación sin control o devaluación.
Además, la Gestora, la APS y el Viceministerio de Pensiones deberían tener autonomía, es decir que las autoridades deberían ser independientes del sistema político porque caso contrario las decisiones están sometidas al gobierno de turno.
También debe existir control y vigilancia ciudadana con expertos en pensiones en los sindicatos que vigilen.
Rodríguez considera que el desafío es que las nuevas inversiones generen una mayor rentabilidad para mejorar las rentas de vejez. “Se necesita una rentabilidad de al menos 10%, pero la mayor parte de la plata fue a la banca con tasas mínimas y ellos prestan con altas tasas”, dijo.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//