La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, aseveró que en todo el ámbito de la justicia boliviana existe una estructura “casi criminal” que atenta contra los derechos humanos, donde los funcionarios no temen actuar así por la “impunidad” que existe para encubrir sus delitos.
“En principio -actúan así y nadie es sentenciado- porque hay una estructura casi criminal establecida en todo el ámbito del sistema en la administración de justicia, no podemos generalizar, seguramente hay excepciones muy valiosas que hay que reconocer, pero en el ámbito general lo que se está dando es una estructura con impunidad ante hechos que atentan a los derechos humanos”, señaló la activista a ANF.
Remarcó que “la justicia está podrida desde sus bases”, donde puede haber policías, fiscales, tramitadores y jueces que son la excepción, pero en su mayoría tiene tanto peso la ilegalidad que al final hay jueces y funcionarios que renuncian para evitar “someterse a esta conducta delincuencial con impunidad que se ha establecido”.
Aclaró que no se puede señalar que este fenómeno de la justicia sea solo de este periodo de gobierno, sino que se trata de una “construcción de muchísimos años” que se ha venido acomodando, generando encubrimiento y protección, por lo que “cuando hay una denuncia contra alguien del sistema se lo protege”.
Entre las denuncias conocidas están los casos de fiscales denunciados por corrupción que siguen ejerciendo, secretarias de juzgados que favorecen a una de las partes y no son sancionadas, jueces que venden sentencias y solo son separados por algunos meses del cargo y vuelven a ejercer, policías que notifican, toman foto y retiran la notificación.
Herrera indicó que, como un factor importante, mientras los jueces y funcionales judiciales no cuenten con una fuente laboral estable y estén sujetos a contratos momentáneos, básicamente van a seguir condicionados a actuar “en función a alguna instrucción o línea corrupta al interior de la administración de Justicia para que se sostenga toda la estructura”.
En ese sentido, aseveró que en esta estructura casi delincuencial el interés es económico, el interés es de poder y “el interés es de someter a cualquier voz disidente, ya sea en el plano político o en el tema económico”.
“Es tan ineficiente la administración de justicia que penosamente estamos permeados por el narcotráfico y no se tiene una acción firme decidida de lucha contra este flagelo, sin embargo, aplican toda la demoledora judicial en función de actores que tienen voces contrarias a las políticas que se plantean o que en alguna medida han ido en contra de algún interés económico”, apuntó.
Para Herrera, se trata de una situación de “alto riesgo para la ciudadanía” y se refleja en temas como la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los jóvenes, la situación de los avasallamientos a territorios indígenas en la Amazonía, la actuación de mineros ilegales que explotan oro y contaminan ríos, “donde tranquilamente ellos se van estableciendo porque la justicia no está a la altura de lo que se requiere”.
“El acceso a una justicia oportuna, objetiva, imparcial son criterios que versan en la Constitución Política del Estado, pero que, en la práctica, en la implementación, es totalmente lo contrario”, enfatizó la activista.