«La legislación que sustituya a la Ley 070 debe diseñar un contenido curricular integral»
Los resultados de PISA, publicados el 8 de septiembre de 2026, vuelven a situar a la educación en el centro del debate internacional.
El informe de la OCDE advierte desde su introducción que entre sus países miembros se registraron «los niveles promedio de rendimiento más bajos jamás observados en ciencias, lectura y matemáticas». Esta evaluación, que involucró a más de 760.000 estudiantes de 91 naciones con diversos contextos socioeconómicos, presenta un panorama global preocupante, marcado por retrocesos incluso en sistemas históricamente considerados ‘desarrollados’.
Aunque Bolivia nunca ha participado en PISA, la ausencia de una evaluación internacional comparable no descarta la evidencia de sus preocupantes resultados de aprendizaje. El informe CBDE de 2024, basado en datos del Diagnóstico Nacional de 2017, muestra que el 70% de los niños de tercer grado y el 80% de los de sexto grado no comprenden lo que leen. Asimismo, el 80% de los estudiantes de tercer grado y el 67% de los de sexto grado presentan los niveles de desempeño más bajos en matemáticas.
La solución a esta crisis estructural no llegará simplemente aumentando el presupuesto, acrecentando el aparato burocrático o incorporando nuevos conceptos a los documentos oficiales. Ya vimos que, tras sucesivas reformas, el país no ha logrado articular un sistema que convierta a la educación en un auténtico motor de desarrollo. La Ley 070, por ejemplo, amplió claramente el componente político y doctrinal del discurso educativo, pero sus resultados no han resuelto los problemas centrales de los actores educativos.
Toda política pública en este ámbito debe orientarse hacia resultados concretos. Sin embargo, el debate educativo boliviano difícilmente avanzará mientras se otorgue centralidad a conceptos como inclusión, identidad o descolonización, porque este enfoque discursivo termina desplazando las interrogantes fundamentales: ¿qué están aprendiendo realmente los estudiantes en las aulas y qué tipo de sociedad podrán construir con esa base?
Asimismo, es imperioso rescatar un término que causa temor o molestia a algunos: “mérito”. Un sistema que subestima el esfuerzo y la excelencia termina por generar un círculo vicioso. La promoción automática, por ejemplo, puede aliviar la carga administrativa, pero no subsana las deficiencias del alumno, sino que las transfiere al siguiente nivel, a la universidad y, finalmente, al mercado laboral.
Sin embargo, el mérito por sí solo es insuficiente sin un marco normativo que redefina las funciones del Estado: garantizar el acceso, financiarla de manera eficiente, exigir la rendición de cuentas, establecer estándares de calidad y evaluar los procesos y resultados de manera objetiva. Asimismo, el sistema debe asegurar que los cargos de responsabilidad sean ocupados por profesionales idóneos, evitando que instancias de representación estudiantil, familiar o comunitaria se atribuyan la toma de decisiones y desplacen criterios calificados.
Bolivia debe dejar de concebir la educación como un campo de disputa política y , al contrario, asumirla como su mayor inversión estratégica a largo plazo. Por ello, la legislación que sustituya a la Ley 070 debe diseñar un contenido curricular integral orientado a la ciencia, la tecnología y la productividad, sin descuidar una sólida formación humanística. Porque la utilidad de una ley no radica en la grandilocuencia de su discurso, sino en su capacidad para lograr que niños y jóvenes dominen la lectoescritura, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
El verdadero desafío radica en forjar ciudadanos capaces de trabajar, innovar, ejercer el pensamiento crítico, competir éticamente y construir una sociedad libre y próspera.
- (*) LOS TEXTOS PUBLICADOS EN ESTE ESPACIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
