«Había triunfado el “rey de los bloqueos” apodo que le endilgaron sus adversarios, por el constante uso de esta táctica de presión»
El refrán popular que se atribuye a Don Quijote de la Mancha: Segundas partes nunca fueron buenas, puede explicar el tema de los bloqueos en Bolivia.
La primera parte. Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) asumió la presidencia del país el 6 de agosto del 2002; éste, lideró las elecciones del 30 de junio con un 22.46% de los votos. Sin embargo, al no obtener la mayoría absoluta él y Evo Morales, quien obtuvo 20.94% de los votos, fueron a una segunda vuelta congresal. Tras semanas de incertidumbre, el MNR y el MIR llegaron a un acuerdo, dejando a Morales con los crespos hechos. El acuerdo se basó en un reparto de cargos y cuotas de poder así al 50% para cada uno. Fue así que Sánchez de Lozada asumió la presidencia el 6 de agosto del 2002, con Carlos Mesa Gisbert como vicepresidente.
El nuevo mandatario pronunció visiblemente emocionado un sentido discurso, frente a lo que llamó «una gran crisis nacional». Jorge Quiroga, antes del juramento, pidió «la bendición de Dios para el presidente y el vicepresidente’’ para que gobiernen con sabiduría ante la difícil coyuntura económica. Sánchez de Lozada convocó a «un gran pacto social». «Necesitamos unirnos ante la crisis, como nos uniríamos frente al ataque de un enemigo externo», dijo al auditorio, donde se encontraba nada menos que Hugo Chávez.
El diputado opositor, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, rechazó las invocaciones a la unidad y al pacto social esgrimidas por el Mandatario. «Demuestra una total debilidad… no va a cumplir dos años de mandato», vaticinó y desahució un pacto social de tregua porque «no podemos mezclar agua con aceite». Agregó algo más: «Carlos Mesa me pide desesperadamente que hay que unirse, por lo que me parece que es un gobierno débil».
A plan de protestas y bloqueos, Morales fue debilitando a Sánchez de Lozada, y luego a Mesa Gisbert para disponer de la mesa servida con Rodríguez Veltzé y sin contendientes serios a la vista, ganó con mayoría absoluta las elecciones de diciembre de 2005. Había triunfado el “rey de los bloqueos” apodo que le endilgaron sus adversarios, por el constante uso de esta táctica de presión social y política a lo largo de su carrera sindical y política.
La Segunda parte. A seis meses del mandato de Rodrigo Paz, Evo Morales volvió a la escena con un bloqueo de 51 días, con pérdidas económicas cuantiosas, provocando un distanciamiento entre el presidente, el vicepresidente y los dirigentes de la Central Obrera y Federación de Campesinos.
Esta vez, este movimiento de protesta que fue apoyado por algunos sectores excluidos terminó golpeando a otros grupos sociales de escasos recursos, que viven del trabajo diario. El llamado proceso de cambio no recibió el pleno apoyo, los días de bloqueo desgastaron las protestas y fueron cesando, porque los grupos de descontentos se fueron retirando gradualmente de los caminos, por cansancio o falta de apoyo económico.
“Con bloqueos de caminos hemos recuperado la democracia. Los bloqueos han derrotado a la dictadura militar, al Plan Cóndor”, dijo Morales en su fortín, hace una semana, justificando a quienes bloquean al señalar que “esos compañeros están haciendo un gran esfuerzo”, aunque él mismo terminó admitiendo que esta vez le tocó perder porque se quedó sin apoyo; es que segundas partes, no siempre son buenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el derecho a la protesta social pacífica puede generar molestias en el tráfico. Si el bloqueo es temporal, pacífico y permite el paso de servicios de emergencia, el Estado debe tolerarlo brevemente antes de intervenir, buscando un equilibrio con el derecho al libre tránsito.
En Perú: El Código Penal (Artículo 200 y modificatorias) sanciona con penas severas de entre 4 y hasta 8 años de cárcel a quienes bloqueen carreteras o afecten el libre tránsito. En Argentina: El Artículo 194 del Código Penal establece que interrumpir o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra (incluyendo carreteras) se castiga con penas de prisión que van desde los 3 meses hasta los 2 años. Chile cuenta con la ley popularmente llamada «Ley Antibarricadas», la cual tipifica específicamente la interrupción de la libre circulación de personas y vehículos mediante violencia, estableciendo penas que pueden llegar hasta los 3 años de cárcel.
La historia no se repitió y ésta es una muestra que segundas partes no suelen ser buenas porque la población aprende también de los errores, aunque le mientan con narrativas repetitivas.
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