Los efectos económicos de los bloqueos en las carreteras del país han comenzado a golpear con severidad a los sectores estratégicos de abastecimiento nacional, siendo la industria láctea uno de los más afectados debido a la naturaleza perecedera de sus productos.
Durante el mes de mayo, la planta de procesamiento de PIL en El Alto sufrió una drástica reducción en su capacidad operativa, logrando trabajar apenas ocho días. Esta inactividad forzada provocó que la empresa fabricara únicamente el 25% de las 3.200 toneladas de producción que se tenían programadas para este periodo.
La raíz de esta parálisis operativa se debió a la interrupción prolongada en el suministro de leche cruda, la cual dejó de ingresar a la planta industrial durante más de tres semanas consecutivas. Esta situación afectó directamente el acopio de cerca de 60.000 litros diarios de materia prima, impactando de forma inmediata a los productores primarios que dependen de la recolección diaria para subsistir. A pesar de los esfuerzos de la compañía por compensar el desabastecimiento mediante envíos desde sus plantas en Santa Cruz y Cochabamba, los cercos viales también impidieron el traslado fluido de los productos terminados hacia los principales mercados de consumo.
«La paralización de la planta en El Alto afectó el ingreso de 60.000 litros diarios de leche cruda, limitando nuestra producción a solo una cuarta parte de lo planificado para mayo», señalaron fuentes vinculadas al sector al portal Magazine Management, advirtiendo que los costos fijos continuaron acumulándose pese a la inactividad.
El impacto financiero derivado de este conflicto ya supera los Bs 16 millones, una cifra que contempla tanto el valor de la producción no realizada como los gastos operativos fijos que la empresa debió absorber de manera continua. Expertos en cadenas de suministro señalan que, en industrias de procesamiento continuo como la alimentaria, los paros prolongados generan consecuencias estructurales severas. Entre ellas destacan el incremento en los costos de almacenamiento, la pérdida de inventarios por vencimiento y una menor rotación de productos, lo que ejerce una presión directa sobre los costos logísticos globales.
Ante este complejo escenario, economistas especializados en seguridad alimentaria advierten que la alta dependencia del transporte terrestre en Bolivia representa una vulnerabilidad crítica para la estabilidad del país. De mantenerse las restricciones en las carreteras, el riesgo económico dejará de ser estrictamente empresarial y se trasladará por completo al consumidor final, manifestándose en desabastecimiento, incremento en los costos de producción y una mayor presión inflacionaria sobre los alimentos básicos de la canasta familiar.
