«Una Constitución es, por definición, insuficiente si no está respaldada por normas no escritas como la tolerancia mutua y la contención institucional»
A mediodía del 11 de septiembre de 1973, el cielo de Santiago de Chile fue rasgado por el estruendo de los aviones Hawker Hunter. Las bombas sobre el palacio neoclásico de La Moneda y el suicidio de Salvador Allende grabaron a fuego el canon clásico de la quiebra democrática: un colapso espectacular, violento y orquestado por hombres armados. Durante la Guerra Fría, tres de cada cuatro democracias que fenecieron lo hicieron mediante este tipo de asaltos militares. Ahora, en el siglo XXI, la amenaza ha mutado hacia formas más insidiosas y hoy, la democracia no muere necesariamente con un estallido, es más solamente con un leve quejido y no a manos de generales, son líderes electos democráticamente quienes subvierten el sistema desde las propias urnas que los legitimaron.
Esta mutación contemporánea genera una peligrosa complacencia en sociedades con constituciones bicentenarias y robustas clases medias, donde persiste la “vacuna psicológica” de creer que la estabilidad es un derecho natural. Sin embargo, la fe ciega en las instituciones es un espejismo si no se comprenden los mecanismos de la autocracia moderna. El peligro actual no viste siempre uniforme militar; a menudo viste de civil y utiliza leyes, reformas y retórica populista para destripar el contenido del sistema mientras mantiene intacta su fachada. La idea de que «aquí no puede pasar» es, precisamente, el espacio por la que se cuela el autoritarismo, aprovechando que la población no percibe el peligro hasta que el terreno de juego ya está irremediablemente inclinado.
La tesis fundamental de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra “Como mueren las democracias” postula que las dictaduras flagrantes como el fascismo, el comunismo o el gobierno militar puro, han cedido paso a una fachada democrática. Y en este nuevo ecosistema, la democracia se desintegra paso a paso, en acciones que, tomadas individualmente, parecen legales e incluso necesarias para “limpiar” el sistema. Es la “muerte por mil recortes”: donde se permite que la prensa siga publicando, pero bajo el acoso de inspectores fiscales y los ciudadanos siguen votando, pero con distritos redibujados y una oposición encarcelada. Bajo ese contexto la población, confundida, suele tardar en reaccionar; en 2011, la mitad de los venezolanos aún calificaba a su país como plenamente democrático, pese a la avanzada erosión institucional.
Hugo Chávez representó el arquetipo de esta transición y fue elegido en 1998 por un pueblo harto de la corrupción de la élite, su ascenso fue visto por muchos no como una amenaza, más bien como una cura necesaria para todos los males de dicho país. Como bien resumió una lugareña de Barinas (estado venezolano), la noche electoral: «La democracia está infectada y Chávez es el único antibiótico que tenemos». Una vez en el poder, Chávez utilizó mecanismos estrictamente legales —elecciones para una Asamblea Constituyente, referéndums y leyes de prensa— para posteriormente llenar el Tribunal Supremo de jueces afines y amordazar a la prensa independiente. Venezuela no se convirtió en una autocracia de la noche a la mañana, sino a lo largo de casi dos décadas de desmantelamiento institucional gradual, demostrando que el autoritarismo moderno prefiere la legitimidad de las urnas a la fuerza de las bayonetas.
Para anticipar este tipo de colapsos, el politólogo Juan Linz propuso un marco de indicadores conductuales que hoy resultan proféticos, así el primer signo es el rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas y esto se manifiesta no solo en la amenaza de no acatar resultados, sino en una impaciencia visceral hacia los procesos legislativos. Alberto Fujimori en Perú encarnó esta señal de manera prístina: carente de experiencia en los formalismos parlamentarios y sin paciencia para lidiar con ellos, Fujimori confesó a sus ayudantes que no soportaba tener que invitar al presidente del Senado cada vez que necesitaba una ley. Su ideal, por el que finalmente optó, era gobernar solo desde su ordenador portátil, eludiendo el contrapeso institucional que consideraba un estorbo.
La negación de la legitimidad de los adversarios constituye la segunda señal de alerta, ya que, para el autócrata, el rival no es un competidor, y pasa a ser un enemigo existencial, un delincuente o un traidor a la patria. Este discurso, que Donald Trump explotó al llamar a su rival “criminal” y animar cánticos de «enciérrenla», rompe el tejido de la tolerancia mutua. La tercera señal es el fomento o la tolerancia a la violencia, ya sea justificando agresiones en mítines o sugiriendo que “el pueblo” podría tomar medidas contra los oponentes. Finalmente, la predisposición a restringir las libertades civiles, amenazando con endurecer leyes de difamación o persiguiendo a la prensa crítica, completa el cuadro de quien, una vez en el poder, instrumentalizará el Estado para anular cualquier tipo de disidencia.
Uno de los patrones más trágicos de la historia es la abdicación de la responsabilidad política de las élites tradicionales, quienes creen que pueden “domesticar” a un advenedizo radical. El 30 de octubre de 1922, Benito Mussolini llegó a Roma a las 10:55 de la mañana en un coche cama, ataviado con un traje negro y un sombrero hongo. Y sí, no hubo una conquista militar; basto solamente una invitación real, y políticos experimentados como Giovanni Giolitti creyeron que Mussolini sería un instrumento útil para neutralizar el socialismo. Lo mismo pensó Franz von Papen sobre Hitler en 1933, jactándose de que en dos meses lo tendría «acogotado en un rincón». En Venezuela, Rafael Caldera cometió un error análogo al legitimar y liberar a Chávez tras su golpe fallido, viéndolo como una “moda pasajera” que él podría encauzar.
Este error de cálculo recuerda la fábula de Esopo sobre el caballo y el cazador. Para vengarse de un ciervo, el caballo permite que el cazador lo ensille y le ponga un hierro en la mandíbula. Tras vencer al ciervo, el caballo pide ser liberado de los arreos, a lo que el cazador responde:
«No tan rápido, amigo —respondió el cazador—. Ahora te tengo tomado por la brida y las espuelas y prefiero quedarme contigo como regalo».
Por eso, las élites suelen descubrir demasiado tarde que, al entregar las llaves de la ciudad para ganar una batalla táctica, han perdido su propia libertad y la del sistema que debían proteger.
Ahora, la salud de una democracia no reside en la sabiduría mística del electorado, hay que encontrarla en la capacidad de filtración de los partidos políticos, estos partidos son los filtros esenciales que deben detectar demagogos y mantenerlos alejados de las listas electorales, incluso si estos prometen votos fáciles. Durante el periodo de entreguerras, democracias como las de Bélgica y Finlandia resistieron el extremismo gracias a estrategias de “distanciamiento”. En Bélgica, el Partido Católico reforzó su disciplina y prefirió aliarse con sus rivales socialistas antes que colaborar con el líder rexista Léon Degrelle, a quien aislaron sistemáticamente para preservar el orden institucional.
En contraste, el sistema político de Estados Unidos sufrió un fracaso de filtración sin precedentes en 2016. Durante gran parte del siglo XX, las candidaturas se decidían en “habitaciones llenas de humo”, como la suite 404 del Hotel Blackstone en 1920, donde bajo un calor sofocante de 38 grados, los “hombres de la organización” evaluaban el carácter y el juicio de sus iguales. Esta filtración, aunque poco transparente, evitó que figuras populares pero autoritarias como Henry Ford alcanzaran la nominación. No obstante, la reforma de las primarias invisibilizó el poder de las élites y lo transfirió a un proceso abierto donde la celebridad mediática y la financiación externa pueden sortear el escrutinio del partido. El colapso de la “primaria invisible” —ese proceso de vetting previo por parte de donantes, editores y cuadros políticos— permitió que un candidato que violaba todas las normas democráticas capturara la estructura del partido.
Una Constitución es, por definición, insuficiente si no está respaldada por normas no escritas como la tolerancia mutua y la contención institucional (institutional forbearance). Esta última es la norma más sutil y crítica; consiste en la decisión deliberada de un líder de no ejercer todo su poder legal hasta el límite. La contención es lo que impide que un presidente use decretos para eludir al Congreso o que un Senado bloquee indefinidamente las vacantes judiciales del partido rival. Sin ella, las instituciones se convierten en armas.
«Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen. […] La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla».
Cuando la polarización extrema erosiona estos guardarraíles, la política se convierte en un juego de suma cero y si los actores políticos dejan de moderar su comportamiento y empiezan a jugar a lo que se conoce como hardball (política de línea dura), el sistema de pesos y contrapesos se bloquea, convirtiendo el Estado en un campo de batalla donde la ley no se usa para hacer justicia, al contrario lo utilizan para aniquilar al adversario.
El escenario actual está marcado por una polarización existencial que ha dejado de ser sobre políticas públicas para centrarse en identidades raciales y culturales, por eso cuando el rival político es percibido como una amenaza existencial, las normas democráticas se sienten como un lujo prescindible o, peor aún, como una traición. De esta erosión se benefician los demagogos que alimentan el conflicto, mientras que los grandes perjudicados son la prensa independiente, el sistema judicial y la ciudadanía, cuya libertad depende de instituciones neutrales que han sido colonizadas por el partidismo.
Un ejemplo, paso en Austria, ya que durante las elecciones presidenciales de 2016, figuras conservadoras como Andreas Khol, Reinhold Mitterlehner y la ministra Sophie Karmasin dejaron a un lado sus profundas diferencias ideológicas para apoyar al candidato de los Verdes, Alexander Van der Bellen, frente al extremista Norbert Hofer. Erhard Busek, expresidente del conservador ÖVP, escribió que su apoyo no nacía de la pasión, sino de una «concienzuda deliberación». En Estados Unidos, en cambio, la mayoría de los republicanos optaron por el abandono político y solo algunos disidentes tuvieron el coraje de pronunciarse en bloque:
«Nuestra elección en estas elecciones no podría ser más clara: Hillary Clinton es una firme defensora de los intereses de la democracia estadounidense. […] Donald Trump es un peligro para nuestra democracia». (William Pierce)
«Es hora de poner el país por delante del partido y votar por la secretaria Clinton. Trump es demasiado peligroso y no está capacitado para ocupar el despacho más importante del país». (Jack McGregor)
«Estamos ante un asunto grave y no malgastaré mi voto en un candidato de protesta. Puesto que el futuro del país puede depender de impedir que Donald Trump sea declarado presidente, este noviembre la votaré a ella e insto a los republicanos a secundar mi decisión». (Rick Stoddard)
Bajo este contexto, debe entenderse que la protección de la democracia exige una combinación de humildad y osadía. Primero, humildad para reconocer que ninguna nación es inmune a la degradación institucional, y osadía para señalar los comportamientos autoritarios antes de que se normalicen. La caída de estas democracias modernas no suele ser un evento repentino; debe ser entendido como un proceso de marchitamiento donde las instituciones se debilitan por la pérdida de las normas invisibles que las sostienen.
Si permitimos que la contención institucional sea reemplazada por el poder bruto, y si aceptamos que el adversario legítimo sea tratado como un traidor, estaremos firmando el acta de defunción de nuestra propia libertad. La historia no se repite exactamente, pero sus rimas son audibles para quien quiera escuchar y la pregunta fundamental que hoy enfrenta todo ciudadano es si seremos capaces de defender esos guardarraíles invisibles antes de que el leve quejido de nuestras instituciones se convierta en el silencio definitivo de la democracia.
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