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Yassir Molina de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) solicitó someterse a procedimiento abreviado, porque fue abandonado por alguna dirigencia política a la que calificó como “traidora”.
La solicitud de Molina fue remitida al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y recepcionada el 20 de octubre, en la que desglosa dos puntos: el primero referido al inicio de juicio oral previsto para noviembre y el segundo con la petición, así como la aclaración del cambio de su defensa legal.
Molina cuestionó la labor de sus abogados, porque incluso lo dejaron en detención preventiva por más de un año y medio sin darle información cabal de sus procesos.
“Profesionales de quienes tomo conocimiento reciente que durante todo este tiempo respondían a intereses de terceros y no así a los de esta parte, a tal punto de haberme mantenido ignorante de mi verdadera situación jurídica”, cita el petitorio.
El joven cochabambino remarca desconocer cuántos procesos tiene, sobre qué supuestos delitos se le acusa o qué fiscales fueron asignados a cada caso.
En el otro punto, Molina informa que su nuevo abogado le brindó el conocimiento de los alcances de la Ley 1970 de Código de Procedimiento Penal para optar por la salida alternativa del procedimiento abreviado.
El joven acusado por participar en las protestas contra la Fiscalía General en octubre de 2020, cuando se pidió la renuncia de Juan Lanchipa, y se produjo el grafiteado de la puerta central, cambió de defensa por el polémico abogado Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador”, quien actualmente ejerce el cargo en arresto domiciliario.
Asimismo, @VISOR21 conoció la carta que Molina mandó a través de su defensa, en la que acusa el abandono y traición de alguna dirigencia y clase política.
“Estoy muy molesto y decepcionado del actuar de muchas personas que solo se han beneficiado y que no solo nos utilizan, sino nos abandonan. Abandonan a un movimiento ciudadano genuino que luchó por lo que se creía correcto, defendiendo su ciudad, su integridad y sus familias. Jamás fue para el beneficio de alguien en particular”, señaló.
Molina remarca que la RJC “no es un grupo delincuencial” como se trata de hacer ver y pidió que se “desenmascare” a quienes traicionaron el movimiento como “candidatos de partido en partido, otros actualmente en puestos políticos o adinerados afuera del país”, citó sin dar nombres.
La Fiscalía anunció que pedirá la pena de 20 años contra los miembros de la RJC por los daños patrimoniales a su edificio en Sucre, además de figuras como organización criminal, destrucción o deterioro a bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte o portación ilícita de armas, atentado contra bienes públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.
Junto a Molina se encuentran procesados Mario Bascopé, Fabio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado, todos con detención preventiva o domiciliaria.
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