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Para acogerse a proceso abreviado, el exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, decidió brindar información sobre los actores políticos de la crisis de septiembre a diciembre de 2019, esperando beneficiarse con esa salida alternativa en el caso de las protestas contra la Fiscalía General de octubre de 2020.
Sin relación alguna entre ambas fechas, la defensa de Molina, que es representado por el polémico abogado cochabambino Jhasmani Torrico, determinó “aportar información fidedigna” sobre la crisis de 2019, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) etiquetó como “golpe de Estado” contra Evo Morales y su cúpula de poder.
El memorial de Molina, que lleva detención preventiva junto a otros cuatro integrantes de la RJC desde 2020, apunta al actual concejal Diego Murillo, al alcalde Manfred Reyes Villa y al secretario del municipio cochabambino Mauricio Muñoz, aunque sin ingresar en detalles sobre su participación en los hechos de 2019.
Asimismo, el joven cochabambino, cuyo juicio se postergó para mañana por falta de su defensa en Sucre, agregó a la lista al exsenador Arturo murillo, que luego sería ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, al representante del Comité Cívico de Cochabamba, Marcelo Piérola, al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, hoy titular cívico, Rómulo Calvo, además del abogado Jorge Valda que en principio asumió su defensa y a quien atribuyó la “pretensión de ocupar el cargo de fiscal general”.
Molina es investigado por el Ministerio Público y el Gobierno por los destrozos al edificio de la Fiscalía General del Estado con sede en Sucre, cuando la RJC se trasladó a la capital de Bolivia con el pedido de renuncia del fiscal Juan Lanchipa, al considerar que durante 2020 no avanzó en los casos de fraude electoral y terrorismo que pesaban contra Evo Morales y la dirigencia del MAS.
Milena Soto, otra de las investigadas en el caso, reprochó la actitud de Molina a quien calificó como “Judas” y “enemigo de Cochabamba” por acudir a un proceso abreviado “a cambio de poder caminar en las calles” y recibir “beneficios políticos y económicos”.
“Tenemos ahora dos enemigos Bolivia, quiero que sepan: el MAS de Evo Morales Ayma, y ahora este señor, porque este señor está negociando por su libertad y por beneficio económico, meter a personas y autoridades inocentes para hacer ver que en Bolivia hubo un golpe de Estado ¡Imagínense!, cuando sabemos que en Bolivia ha existido un fraude electoral y por eso él ha salido a la calle”, enfatizó Soto, en sus redes sociales, desde Sucre, donde fue trasladada de forma sorpresiva el fin de semana, sin aviso y dejando a su hijo solo en su domicilio de Cochabamba.
Soto reiteró que es procesada pese a no haber estado presente en Sucre en la fecha de las protestas, pues cumplía labores en la Dirección Regional de Migración en el valle. Sin embargo, con el retorno del masismo al poder y la toma de las instituciones la nueva directora Gala Bustamante, del grupo Columna Sur del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hizo borrar el historial del control biométrico de Soto para sindicar que la joven abogada faltó a su trabajo esos días.
Soto y Molina no tuvieron ningún contacto durante estos casi dos meses de detención domiciliaria y preventiva, respectivamente. Este lunes, ambos estuvieron sentados juntos en la audiencia que debía dar inicio al juicio oral en el que la Fiscalía pide 20 años de cárcel por los destrozos a la fachada de su edificio, pero que agregan las figuras de “organización criminal”, por los hechos de 2019. Es decir, el Ministerio Público y el Gobierno mezclan ambos hechos para “escarmentar” a la RJC.
“Le miré dos veces y no me pudo sostener la mirada”, expresó con decepción Soto sobre Molina y pidió “no creer en nada de lo que vaya a declarar”, quien antes fuera llamado como “su hermano”. Junto a ambos jóvenes también son procesados los hermanos Mario y Fabio Bascopé y Jaime Maldonado.
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