El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira mantendrá una lucha frontal contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, y aseguró que no habrá protección para autoridades ni exautoridades presuntamente vinculadas con estas actividades, tras la difusión de una nueva lista de restricciones de visa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en octubre de 2026.
Gálvez señaló que Bolivia comparte con los aliados del Escudo de las Américas el compromiso de combatir las estructuras criminales transnacionales mediante la coordinación de acciones. “Así como el narcoterrorismo no respeta fronteras, la cooperación para combatir este flagelo tampoco debe ser limitada por las fronteras”, manifestó.
En relación con la lista, el vocero explicó que existen coincidencias con investigaciones que la justicia boliviana abrió hace varios meses. Sin embargo, remarcó que las decisiones corresponden a las autoridades nacionales. “En síntesis, no actuamos por imposición externa; actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos con las decisiones tomadas por el Gobierno americano”, sostuvo.
La autoridad indicó que las personas mencionadas en la lista que ejercían funciones en la actual gestión fueron cesadas de sus cargos. Asimismo, señaló que las autoridades y exautoridades investigadas deberán responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales. “Si hay indicios, se investiga; si hay pruebas, se acusa; y si la justicia, como todos estamos esperando, actúa conforme a ley, se sanciona”, afirmó.
Gálvez advirtió que una de las principales preocupaciones del Gobierno es la posible penetración de organizaciones criminales en las instituciones estatales. “El narcotráfico, por lo tanto, es nuestra posición explícita, no puede tener oficinas dentro del Estado”, señaló.
También subrayó que figurar en una lista no constituye una condena y que las actuaciones deben desarrollarse con respeto a las garantías legales. “El hecho de que haya una lista no significa una condena. Lo que corresponde es hacer lo correcto”, manifestó, al ratificar que el Gobierno respetará el debido proceso y esperará los resultados de las investigaciones.
Finalmente, reafirmó la determinación del Órgano Ejecutivo de combatir estas estructuras criminales y sostuvo que esta tarea debe estar por encima de las diferencias políticas. “Octubre sí va a ser un octubre negro, pero para el narcoterrorismo en nuestro país”, concluyó.
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