Ya no se inmutan ante tantas denuncias y ante el sinfín de procesos disciplinarios que cargan sobre sus espaldas. Las denuncias en su contra, mayormente por “faltas graves”, incluso llegaron hasta Sucre, después de pasar por el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz. Pero no pasa nada.
Se trata de Freddy Céspedes Soliz y Alberto Zeballos Aguilera, dos de los jueces con más de 70 procesos disciplinarios, y el primero incluso con cinco sentencias ejecutoriadas.
“Céspedes tiene contactos en las altas esferas del Órgano Judicial”, se anima a afirmar el abogado Antonio Banegas, quien conoce los pasos del juez desde hace muchos años.
“Yo tramito 2.500 causas y todos los días llevo seis audiencias diarias. Ningún juez puede soportar 2.500 procesos…”, se descarga Céspedes, que ahora trabaja en la Villa 1ro de Mayo.
“Pero las denuncias que hay en Santa Cruz contra jueces y fiscales es por el cobro de coimas, y eso no tiene nada que ver con la carga procesal…”, le decimos.
“Entiendo. Yo no puedo opinar de alguien (que cobra coimas) ni conozco el tema ni nada. ¿Qué le podía responder?”, afirma el juez Céspedes, quien tiene encima más de 20 procesos disciplinarios y cinco procesos con sentencias ejecutoriadas, bajo el rótulo de “falta grave”. “De estas cinco, cuatro han sido anuladas”, minimiza él.
¿Y en qué consisten las denuncias contra el juez Céspedes? Página Siete se contactó con Antonio Banegas, abogado de una de las “víctimas” del juez, para que cuente el caso de su cliente, quien hoy -dice él- “pasa penurias” para recuperar los 200 mil dólares que están en poder de Carlos Barañado Ríos. Banegas afirma se trata de una estafa.
David Herrera Núñez, el cliente de Banegas, compra una propiedad grande ubicada entre Camiri y Cabezas, en el departamento de Santa Cruz, por la que paga a Barañado 200 mil dólares, quedando un saldo de 50 mil dólares. Tres meses después, antes de que la transferencia se concrete, se entera de que esa propiedad estaba revertida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Era una propiedad fiscal. En ese momento Herrera siente que ha sido estafado. Inmediatamente inicia un proceso ejecutivo ante el juez Público Civil Comercial Nº 27, Freddy Céspedes Soliz, para recuperar su dinero.
La demanda ha sido “radicada” en octubre de 2021, según consta en el expediente 13/21. Herrera logra embargar los bienes de Barañado, asegura su abogado Banegas.
“Hicieron el contrato, le entregaron la propiedad y, llegado el momento, el propietario jamás firmó la transferencia porque la propiedad ya estaba revertida por el INRA. Le vendieron algo ajeno a Herrera”, afirma Banegas.
Una vez iniciado el proceso, el juez Céspedes dicta una sentencia inicial con la que se cita al vendedor. “Y es en este momento que comienza el calvario de mi cliente, porque el vendedor plantea tres excepciones”, dice Banegas. “El juez Céspedes señala audiencia y la rechaza. Meses después el vendedor presenta una segunda excepción y el juez Céspedes señala otra audiencia y vuelve a rechazarla. El vendedor presenta una tercera excepción y de derrepente, de la nada, después de tres o cuatro meses, el juez declara probada la excepción y tumba el proceso ejecutivo”, vocifera Banegas.
“Hemos apelado esta resolución, y como este juez tiene amistades en las instancias superiores en muchas salas de la Corte… seguimos esperando”, dice Banegas. Desde entonces, pasaron casi seis meses.
Según el artículo 409, parágrafo II de la Ley 439 (Código Procesal Civil), “las excepciones deben oponerse dentro del plazo de cinco días perentorios desde la citación con la demanda y sentencia. No se admiten incidentes, oposiciones u otras formas de cuestionamiento procesal”.
Sin embargo, Céspedes dice que esta parte de la normativa se refiere a sentencias ejecutoriadas y no se aplica a este caso. Además, “declaré ‘probada’ la tercera o cuarta excepción porque son tierras agrarias y ahora el caso está en consulta en instancias superiores”, agrega.
“¿Acaso las excepciones no deben resolverse una sola vez?”, le preguntamos al juez Céspedes. “El plazo para interponer excepciones es de 10 días… No se admiten otro tipo de excepciones ni se plantean en cualquier momento”, afirma.
Pero el juez Céspedes señaló una audiencia para la primera excepción, a los meses realizó otra audiencia para una segunda excepción y luego vino la tercera excepción, en cuya audiencia declaró “probada” la excepción, según lo admite el mismo juez.
Es la excepción “probada” de Céspedes la que la defensa de Herrera apeló el 4 de diciembre de 2021. Desde entonces, el vocal asignado aún no emitió el correspondiente auto de vista, confirmando o anulando la resolución del juez Céspedes. Ya van casi seis meses de espera.
El juez Céspedes tiene encima más de 20 procesos disciplinarios por casos como éstos, desde 2012, tan solo meses después de que comenzara a ejercer el cargo de juez en Santa Cruz.
Además, tiene cinco procesos disciplinarios con sentencias ejecutoriadas por faltas “graves”, que contemplan un mes de suspensión de labores en todos los casos. De los cinco procesos, tres fueron “improbados” en primera instancia, pero tienen sentencias en la fase de segunda instancia, según el Registro de Antecedentes Disciplinarios al que Página Siete tuvo acceso.
En los otros más de 20 casos, según el Sistema Integrado de Registro Judicial, tiene procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas, por falsedad ideológica, por favorecimiento de la evasión, por negativa o retardo de justicia, entre otras. Él atribuye estos procesos a la excesiva carga procesal.
Un informe demoledor
El otro juez con decenas de procesos disciplinarios es Alberto Zeballos, juez Público Civil y Comercial Nº 10, en la Pampa de la Isla de Santa Cruz. Sobre él pesan más de 50 procesos disciplinarios y en ninguno de los casos tiene sentencia.
Uno de los hijos de Zeballos es fiscal anticorrupción, dependiente de la Fiscalía Departamental de Justicia. Entre las funciones de estos fiscales está también atender denuncias contra jueces y otros funcionarios públicos denunciados de corrupción. “Él no interfiere en mis casos”, dice Zeballos.
Página Siete se contactó también con una de las “víctimas” de Zeballos, que llevó su queja hasta el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, cuyo encargado de control y fiscalización emitió un informe demoledor sobre las irregularidades cometidas por Zeballos en este caso.
Se trata de un remate anulado. El 26 de noviembre de 2020, las hermanas Margia y Litzi Torrico Bautista se adjudicaron, mediante remate público, acciones de la Clínica Niño Jesús, en ejecutoria de un proceso iniciado en contra de los accionistas de esa clínica.
Después del remate, las hermanas hacen el pago correspondiente al tercer día; el martillero presenta su acta y con esa acta ellas piden la aprobación del remate. No habiendo ninguna causal de anulación, según Litzi Torrico, se aprueba el remate y el juez Zeballos ordena que se extienda la “minuta traslativa” (de transferencia). Inmediatamente ellas pagan el impuesto a la transferencia equivalente a 6.000 dólares y el testimonio equivalente a 1.000 dólares. Ese testimonio fue elaborado por la Notaría y una vez estampadas las firmas, “se cierra todo”, dice.
Como corresponde, siempre según Litzi Torrico, el juez Zeballos firmó la minuta de transferencia a favor de las hermanas Torrico. Y ocurrió lo impensado: “El 22 de abril, después de cinco meses, de un plumazo el juez anuló el remate y nunca nos notificaron con esa nulidad, como corresponde. Dice que nos notificaron en su tablero el 23 de abril, pero nunca nos han notificado como dice la ley. Les di mi WathsApp, mi teléfono, mi correo electrónico, por sí los necesitaran, pero nunca lo hicieron”, dice la abogada Litzi Torrico, que a la vez es una de las adjudicatarias del remante.
“Y lo peor de todo es que no podemos ver el expediente porque siempre está en despacho. Un memorial este juez se lo agarra meses”, agrega.
Torrico se enteró, según su testimonio, que fue notificada a través de la parte demandada (la clínica) cuando fue a tramitar la transferencia de las acciones. Se enteró por pura casualidad. “Después de que me entero que me notificaron a través de su tablero, voy presentando memorial tras memorial para que se corrija el procedimiento porque he sido irregularmente notificada, a través de tablero”, recuerda Torrico, aún irritada.
Pero transcurrieron seis meses en este intento de Torrico ante el juez Zeballos para que dé curso a su solicitud. Como no obtuvo respuesta, acudió al Consejo de la Magistratura. Y a raíz de la intervención del Consejo de la Magistratura, el juez anuló la notificación realizada a través de tablero y ordenó la nortificación personal a las hermanas Torrico.
El 23 de marzo reciente, hace algo más de dos meses, el encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz emitió un informe de 10 páginas, en el que detalla, paso a paso, irregularidades cometidas en este caso por el juez Zeballos, además de corroborar todas las denuncias de las partes demandantes.
En el acápite de “recomendaciones”, el informe sugiere: “presentar la denuncia ante un Juzgado Disciplinario en contra del juez Zeballos y su secretario Luis Bertiz Camargo Mendoza, por faltas disciplinarias graves… y derivar este informe ante Asesoría Legal del Consejo de la Magistratura para iniciar y corroborar esta investigación y presentación de denuncia ante la Fiscalía por los delitos de prevaricato y retardación de justicia contra el juez Zeballos”.
Página Siete llamó a este juez para consultarle sobre este caso al que este periódico tuvo acceso después de realizarle una primera entrevista, pero no contestó las cinco llamadas.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//