La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la entidad encargada de investigar —a escala global— los casos de corrupción que afectan los recursos del apoyo internacional que proporciona la Unión Europea (UE) abrió una investigación sobre el presunto desvío de fondos, precisamente de esa cooperación, destinados al Gobierno de Bolivia. Este caso está vinculado con una pesquisa sobre un pago de coimas de empresas a funcionarios del anterior gobierno para validar la adjudicación de obras.
La investigación se centra en recursos entregados al país para programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, encargados al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se presume que, parte de esos fondos, fueron desviados mediante contrataciones direccionadas con sobornos al exministro Juan Santos Cruz.
“Es así. La Unión Europea, a través de su instancia investigativa, la OLAF, nos envió una nota desde Bélgica, solicitando información del proceso conocido como Coimas millonarias, en el cual está involucrado el exministro Juan Santos Cruz. La UE financió varios de los proyectos cuyas adjudicaciones fueron direccionadas”, informó a EL DEBER el abogado constitucionalista Abel Loma, quien defendió a una de las implicadas en el caso.
Loma asumió la defensa de la denominada “testigo clave” Claudia Cortez, una empresaria que entre 2021 y 2023 declaró haber cobrado coimas del 3% del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua bajo el rótulo de “aportes para organizaciones sociales”.
“La primera comisión (que cobré) fue de (Bs) 2.340.000 por la obra (de alcantarillado) en Viacha. La segunda obra adjudicada está en Cochabamba. Se dividió en tres lotes, cada uno de Bs 23 millones. Calculo que, en total, recaudé para el (ex) ministro alrededor de Bs 19 millones en coimas de todas las obras que negocié”, declaró Cortez al portal Rimay Pampa en 2023.
Según Loma, quien también trabajó en otras investigaciones de alcance internacional, la OLAF debía haber hecho requerimientos similares vía Cancillería a la Fiscalía General y al propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua antes de su cierre. EL DEBER consultó a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia sobre el alcance de la pesquisa. De este modo, el requerimiento periodístico fue reportado a Bruselas desde donde se emitirá una respuesta.
La nota de la OLAF, enviada a Loma, señala que, ante cualquier duda sobre el pedido de información tome contacto con el investigador principal de este caso o la investigadora asociada, de quienes se proporcionó una dirección de correo electrónico.
El documento confirma que la investigación fue abierta en 2023 y solicita información sobre tres proyectos de la Unión Europea:
Convenio de financiación N° DCI/ALA/2019040-019 (LA/2029/409-406): “Saneamiento de zonas rurales y pequeñas comunidades y gestión integral del agua en áreas urbanas”, ejecutado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el MMAyA.
Convenio de delegación N° LA/2017-390-223: “Apoyo al programa de agua y alcantarillado de áreas urbanas o periurbanas”, suscrito entre la UE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Convenio de delegación N° LA 2019/410-047: “Programa de gestión integral del agua en áreas urbanas”, también entre la UE y la AECID.
Los investigadores identifican como principal implicado al exministro Santos, pero también muestran interés en Cortez, “potencialmente implicada en la investigación de la OLAF”, a pesar de confundirla con una exfuncionaria del Ministerio, un cargo que ella nunca ocupó.
La OLAF solicitó, además, una copia de las declaraciones que Cortez dio ante la Policía o a la prensa, y abrió la posibilidad de que brinde un testimonio directo —oral o escrito— respondiendo a un cuestionario. También solicitó detalles de los proyectos investigados y de los pagos “recibidos u organizados” vinculados con los fondos europeos, así como cualquier información que permita “verificar transacciones y el rastro del dinero”.
En esa línea, Loma mencionó que, antes de responder, pondrá a conocimiento del presidente, Rodrigo Paz, este requerimiento para que tome recaudos sobre el tema que podría generar sanciones hacia el país, luego de que la gestión del expresidente Luis Arce no cumpliera con obligaciones legales de transparencia a tiempo de recibir la cooperación europea.
El escándalo
El caso Coimas estalló en abril de 2023, en medio de las pugnas internas en el MAS, que derivaron en una serie de denuncias de corrupción hechas por la facción que apoyaba a Evo Morales, contra la que aún respaldaba al Gobierno de Luis Arce.
En primera instancia, Santos y otros funcionarios involucrados rehuyeron todas las preguntas de la prensa, pero cuando Cortez brindó detalles sobre el monto y cuentas bancarias en las que depositaba el dinero, el exministro optó por renunciar. En un mensaje realizado a último minuto, afirmó que se trataba de una persecución política y que él continuaría su lucha “en defensa de los más humildes”.
Se conoce que la Fiscalía, cuya labor lleva dos años de retraso, dividió en grupos a los implicados y presentó una acusación, para el inicio de juicio. Santos Cruz; el exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda; el sobrino del exministro, Jhonny Alexander (exfuncionario de Senasac) y dos allegados encargados de recibir el dinero, Álvaro Chávez y Rosa Bautista están implicados.
Entre tanto, Cortez fue separada pese a que fue imputada por favorecimiento al enriquecimiento ilícito de personas. Todos gozan de libertad y hasta el momento no se conoce de la recuperación del dinero, que según los últimos acontecimientos, también fue usado para pagar coimas a dirigentes sindicales afines al MAS. De hecho, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi fue enviado a la cárcel porque está bajo la sospecha de haber recibido recursos provenientes de ese esquema.
El gobierno de Evo Morales se comprometió en 2014 con apoyo de la UE a ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico hasta 80% en las zonas rurales del país en un plazo de dos años. Sobre la base de esa proyección, comenzaron a fluir los recursos de cooperación.
En 2018, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció la construcción de infraestructuras de suministro de agua potable y de saneamiento en Bolivia con un monto de $us 63.5 millones.
Para 2024, 10 años después, Bolivia alcanzó una cobertura del 87,9% en agua potable y del 64,4% en saneamiento (70% en agua y 45% en zonas rurales).
//FUENTE: EL DEBER//
