El Tribunal de Justicia Indígena (TJI), instancia jurídica que forma parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), reconocida por la Constitución Política de Estado, exigió la paralización de las actividades mineras auríferas ilegales en la Amazonía boliviana por la creciente y descontrolada contaminación con mercurio, utilizado en la explotación de oro en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, y que ocasiona un daño irreversible en la salud de los pueblos indígenas.
El presidente del TJI, Miguel Mendoza dijo que se constató con estudios científicos que existe un deterioro en la parte intelectual y en la parte física de las personas. “Hay un descontrol, es una contaminación sin precedentes, si no se pone un alto va a tener consecuencias muy lamentables”, advirtió.
Para Mendoza la contaminación descontrolada que se registra actualmente en la región amazónica del país y que está afectando a la biodiversidad y la vida de las comunidades, es una consecuencia por no haberlos tomado en cuenta en la elaboración de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014.
“Nunca se tomó en cuenta (a los pueblos indígenas) en la elaboración de la ley y ni se procedió con la consulta previa establecida en la CPE y el Convenio 169, el tratado internacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco hemos sido parte de la Cumbre Minera, al ser excluidos, es como si no tuviéramos nuestros derechos como bolivianos que somos”, agregó.
Sin embargo, después de casi tres años el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no ha emitido aún ninguna Sentencia Constitucional Plurinacional relacionada a la revisión del fallo favorable de la Acción Popular cuya tutela fue concedida a favor la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
Después de una audiencia que duró más de 15 horas, en septiembre de 2023, el juzgado de Rurrenabaque concedió la tutela a la Acción Popular presentada por la CPILAP para frenar la minería ilegal y la contaminación por mercurio en los ríos del norte de La Paz. A pesar de existir plazos legales establecidos, el TCP no concluyó la revisión ni emitió una sentencia definitiva.
Al respecto Mendoza anunció la pasada semana que se apersonará a la ciudad de Sucre. “Vamos a pedir en Sala Plena nos den la información de la Acción Popular, y saber” ¿qué está sucediendo con esta situación de los hermanos de los pueblos indígenas de La Paz?, aseveró.
Extinción de las Naciones Indígenas
El vicepresidente del Tribunal de Justicia Indígena, Ángel Durán explicó que no sólo los Ese Ejja pueden extinguirse, quienes denunciaron el fallecimiento de 12 personas supuestamente por la exposición al mercurio. “Todas las Naciones Indígenas están en riesgo mientras exista la minería ilegal en Bolivia”, acotó
La pasada semana representantes del pueblo indígena Ese Ejja denunciaron que la contaminación con mercurio está afectando a sus habitantes e incluso provocando la muerte. Sin embargo aún no se cuenta con un estudio forense que pueda confirmar la causa de la muerte espontánea de los 12 habitantes indígenas.
Detalló que los comunarios reportan temblores corporales, intensos dolores de cabeza, dolores de estómago y mareos recurrentes tras beber el agua del río Beni. El mercurio también contamina los peces, que son parte importante de la cadena alimenticia de los habitantes del lugar.
El consumo de pescado, que es recurrente en la dieta de los pueblos indígenas ribereños, es el factor fundamental para la acumulación del mercurio en el organismo humano y al no poder eliminarlo se va acumulando y afectando varios órganos y el sistema nervioso de las personas.
//FUENTE: CRONISTA 21//
