Tres jueces definen cárcel para una expresidenta constitucional hasta 2032

Los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos, Marco Vargas y Rocío Avilés determinaron hacer caso a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Procuraduría y Senado y con ello sentenciar a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en la crisis de 2019.

Los jueces que desecharon 35 de las 41 pruebas de descargo que presentó la defensa de la expresidenta, emitieron la sentencia la noche del viernes de forma virtual que en su parte resolutiva señala responsabilidades contra Áñez y los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Vladimir Calderón.

“Por tanto, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la ciudad de La Paz, administrando justicia a nombre del  Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la virtud jurisdiccional ordinaria que por ley ejerce por voto unánime de sus integrantes falla y declara sentencia condenatoria de los acusados Williams Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Jeanine Añez Chávez, de generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes articulo 153 e incumplimiento de deberes artículo 154 del Código Penal, en aplicación estricta del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada en el juicio ha sido suficiente para general en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en los referidos ilícitos, condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores a partir de la fecha hasta el 10 de junio del 2032”.

La parte acusadora basó su denuncia en una supuesta “autoproclamación” de la entonces senadora beniana de Unidad Demócrata, cuando pasó de ser segunda vicepresidenta de la Cámara Alta a titular de esa instancia y luego asumir el mando del Estado el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia voluntaria de Evo Morales y toda su cúpula de sucesión presidencial oficialista.

La defensa argumentó que se vivió un vacío de poder en esas jornadas y que el Ejecutivo no podía quedar paralizado y se procedió a la sucesión ipso facto con base en la Declaración Constitucional 003/2001 que ese mismo día fue reflejado por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional mediante un comunicado de su Sala Plena.

Esa prueba de descargo, sin embargo, fue desechada por el tribunal bajo la figura de “prueba impertinente” porque en criterio de los tres jueces la DC 003/01 se dio en el marco de la anterior Constitución y no en la actual del Estado Plurinacional.

Jeanine Áñez fue aprehendida en Trinidad la noche del 10 de marzo de 2021, poco después de las elecciones subnacionales en las que participó como candidata a la Gobernación de Beni en las que quedó en tercer lugar.

El operativo fue dirigido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y no tuvo notificación previa ni orden fiscal. En la madrugada llegó a celdas policiales de La Paz para después ser remitida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Dos semanas después fue derivada al penal de Miraflores en detención preventiva.

Durante su intervención final ante los tres jueces calificados como funcionales al Movimiento Al Socialismo (MAS), la expresidenta constitucional reiteró que no reconoce competencia a ese tribunal, en su calidad de exsenadora y exmandataria del país.

“Me dejaron casi sin pruebas, yo no tengo condiciones de defensa en este juicio. Ustedes están delineando un camino expedito para decir la defensa no aportó con lo uno y otro para tener una sentencia condenatoria”, reclamó y dijo que deja su inocencia a la justicia divina.

El procurador general e impulsor de la sentencia, Wilfredo Chávez, se vanaglorió del fallo y dijo que esperará hasta el 15 de junio, cuando se lea públicamente la resolución del tribunal, para analizar el caso.

“Vamos a estar escuchando los argumentos de la sentencia en tres días hábiles y podemos decir que hasta ahora se ha cumplido con el deber”, dijo el exabogado personal de Evo Morales.

Morales, a su vez, se manifestó sobre la sentencia contra quien le sucedió en la Presidencia del Estado luego de casi 14 años del llamado “proceso de cambio”.

“Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Añez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”, escribió Morales en Twitter.

Desde la oposición civil, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) exhortó a la población a salir nuevamente a las calles para denunciar el atropello a los derecho humanos tanto de Áñez como todos los ciudadanos que ahora son catalogados como “golpistas” por el gobierno de turno, bajo amenazas de proceso penales similares a los que enfrenta al expresidenta.

El coordinador del CONADE, Manuel Morales, pidió que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encabece las movilizaciones en el oriente, tal como hizo en 2019.

“Emplazo a Fernando Camacho a que salga y encabece las movilizaciones en Santa Cruz y emplazo a que todas las personas que salieron el 2019 también lo hagan, porque no podemos quedarnos callados y dejar que el MAS haga una fiesta sobre una vulneración flagrante de derechos humanos”, declaró.

Junto a Áñez, Kaliman y Calderón también fueron sentenciados previamente en el caso llamado “golpe II” el mando militar de 2019 con el exinspector general de las FFAA, Jorge Elmer Fernández Toranzo, y el exjefe de Estado Mayor, Sergio Orellana, con condenas de cuatro años; además del excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta, y el excomandante de la Armada, Flavio San Martín, con tres y dos años de cárcel, respectivamente.

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