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Redacción VISOR21
Tras la atención a un caso de secuestro y tortura de un grupo sindical contra una familia que tuvo que huir de Villa Tunari hasta el municipio de Cercado en Cochabamba, la directora de Género de ese municipio, llegó a La Paz para denunciar el caso y pedir la colaboración del Ministerio de Gobierno para buscar justicia.
La directora de Género del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Tatiana Herrera, calificó el caso de una familia torturada en Villa Tunari como “terrorismo sindical”, que fue aplicado por el corregidor de la comunidad San Francisco, Wilfredo Lazarte, quien actuó, según las víctimas, “por órdenes de Evo Morales”.
“Estos corregidores sindicales actúan en la zona porque allá no existe presencia policial”, expuso Herrera en el canal F10. “Pero ellos deberían actuar en casos de límites o conflictos de crisis en la comunidad, pero ahora están entrando a las casas para pedir dinero y quitarles sus bienes a estas personas”, acotó.
Una pareja de un varón de 35 y una mujer de 27, junto a su hijo de 13 años, llegó hasta la Alcaldía de Cochabamba el pasado 22 de diciembre, luego de escapar de sus captores quienes los habían secuestrado y torturado en una carceleta improvisada.
Según la funcionaria municipal, su despacho recibe estas denuncias cuando las víctimas no son atendidas en sus propias jurisdicciones. Peor aún, explicó Herrera, el delegado de la Defensoría del Pueblo al conocer el caso les dio Bs 50 a esa familia para que “escapen a Cochabamba”, y luego emitió un comunicado timorato que no aporta en nada en la búsqueda de justicia.
El caso data de noviembre, cuando la pareja acudió al corregidor para anunciar su separación. Sin embargo, al poco tiempo decidieron mantener su relación conyugal y entonces Lazarte les exigió la suma de Bs 13.000 para cubrir “daños y perjuicios” a la comunidad. Al no poder cubrir ese monto, la pareja junto a su hijo fueron llevados a un calabozo y durante dos días sufrieron azotes, torturas y trato inhumano.
Luego de escapar, esta familia no pudo volver a su casa, que se encuentra tomada por ese grupo sindical y tuvieron que vivir y dormir en la calle hasta llegar al municipio de Cercado.
La víctima, quien tenía un puesto de venta, relató que el corregidor les “decomisó” el minibus y luego la llevó a ella a la carceleta ubicada en el barrio donde el jefe de los cocaleros tiene su casa y sus “piscinas de peces”. Aseguró que fue abusada sexualmente por Lazarte. “A mucha gente llevan, a jovencitas y como son puros varones las autoridades qué cosas les harán a ellas”, dijo la mujer a Fides.
Herrera presentó el caso ante el Ministerio Público, pero no encontró respuesta para que esa parte actúe de oficio ante la denuncia de tortura y abuso. Asimismo, la representante de la Alcaldía de Cochabamba pidió la cooperación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y alertó que no es el único caso, pues se conoce de otro acto de la mal llamada “justicia comunitaria” con una persona desaparecida.
“Aquí se violaron derechos fundamentales, hay delitos contra la mujer, hay laceración física y psicológica de menores, hay tortura y desapariciones y si ese es el estándar de la violencia contra las mujeres y los niños en el municipio de Villa Tunari. En Cochabamba no vamos a permitir que ese estándar perverso se imponga aquí por la inacción de los llamados por ley a actuar”, dijo anteriormente a VISOR21.
Finalmente, la directora de Género del GAMC se entrevistó en La Paz con el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, quien le manifestó su predisposición para trabajar de manera conjunta para investigar estos casos.
La pasada semana, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno, reportó el hallazgo de calabozos en el trópico de Cochabamba, luego de las constantes denuncias de secuestros en la zona. El operativo allanó 22 casas y encontró una serie de huecos cavados donde se presume se esconden a personas y también sustancias controladas.
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