Sound of Freedom

CARLOS ARMANDO CARDOZO

La película protagonizada por Jim Caviezel y dirigida por Alejandro Monteverde ha generado revuelo por el controvertido tema que expone, la explotación sexual de niños y los círculos de pedofilia internacional. La cinta se desarrolla en los Estados Unidos para posteriormente trasladarse a México y Colombia, con esto se intenta retratar el alcance mundial de este delito, así como la perversidad comparable con la del narcotráfico u otros ejemplos de crimen organizado.

La historia basada en la experiencia de Tim Ballard, un ex efectivo federal que decide dedicar sus esfuerzos al rescate de niños secuestrados y presas de los círculos de pedofilia, es así que recurre a toda su experiencia para infiltrarse hasta los niveles más profundos donde los niños son simples mercancías para el disfrute de aquel que esté dispuesto a pagar. Una de las comparaciones que el propio Ballard realiza entre este negocio y el narcotráfico es graficar a partir del siguiente ejemplo lo “rentable” de este rubro: ¿Cuántas veces puedes comprar una bolsa de cocaína? Una. Mientras tanto puedes vender hasta 5 veces a un niño en tan solo un día. Una honestidad y crudeza necesaria para poner en alerta no solo a los gobiernos sino especialmente a las familias acerca de este mal que pasa totalmente desapercibido incluso para los organismos especializados y dedicados a defender los derechos de los niños.

Bolivia se encuentra en un limbo en lo que respecto a la trata y tráfico de personas, especialmente niños. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no cuenta con información actualizada en lo que respecta a víctimas de este hecho, así como diagnósticos que permitan establecer el estado de situación en cada región especialmente aquellas con fronteras bastante activas. Similar situación se tiene en la Policía Boliviana que no realiza un manejo pormenorizado de este tema, similar a lo que ocurre con el narcotráfico. De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bolivia se encuentra en la categoría 2 de acuerdo al último informe de Trata y Tráfico de Personas (2023), el detalle de este informe reconoce los avances normativos de la ley boliviana sin embargo estos resultan aún insuficientes puesto que se detecten debilidades al momento de su aplicación, por ejemplo:

Pocos efectivos capacitados y designados para el departamento de Trata de Personas en la Policía Boliviana para investigación. La Policía Departamental de La Paz cuenta con solo 18 efectivos mientras que en otras regiones se contaba con 3 – 5 elementos.

Los jueces y fiscales no tienen una noción cabal de la Trata y Tráfico de Personas, ocasionando que las denuncias en su mayoría sean rechazadas.

La otorgación de visas humanitarias para poblaciones migrantes víctimas de trata y tráfico son procesos lentos que dejan en indefensión a aquellos que tuvieron la suerte de escapar de estas organizaciones criminales.

Los espacios de albergue y atención especializada para las víctimas de trata y tráfico recaen principalmente en ONGs, albergues privados y organizaciones religiosas.

La corrupción en el Sistema de Justicia permite que los sindicados puedan fácilmente obtener su libertad plena y simple, gozando de ventajas que las víctimas no gozan dando lugar al desistimiento de cualquier acción posterior.

Adicionalmente el informe menciona dentro del perfil para Bolivia que existe actualmente turismo sexual en comunidades indígenas del Norte de La Paz y el Beni, orientada principalmente a “clientes” de Medio Oriente. Se han interceptado publicidades en idioma hebreo y árabe que abiertamente ofrecen niños y niñas en zonas turísticas. Por otro lado, los flujos de migrantes venezolanos tienen una zona de paso en Bolivia por la cual las organizaciones criminales dedicadas a la trata y tráfico las explotan sexualmente camino hacia otros países vecinos como Brasil, Argentina, Chile, Perú llegando hasta Panamá.

En resumidas cuentas, Bolivia no solo hace aguas en materia de Narcotráfico, así también sucede en temas de Trata y Tráfico de Personas, principalmente niños. Con un sistema de justicia carcomido por la corrupción y el total abandono de instancias como la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana y otros como los servicios del SLIM a nivel municipal.

Silencio es el que reina en Bolivia, donde los niños están a la venta abiertamente, bajo la venia o no de un gobierno entretenido con el poder de espaldas a los verdaderos problemas que aquejan a las familias bolivianas.

Probablemente el Sonido de la Libertad incomode a más de uno, en especial a los que “supuestamente” están encargados de brindar la seguridad sobre sus gobernados. Pero la verdad tiene esa virtud, una vez sale empieza a retumbar con mayor eco en sus directos responsables.

CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21