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Después que la Fiscalía presentó la acusación formal en contra de 10 personas, militares, policías y civiles dentro del caso ‘gases del Ecuador’, por los delitos de tráfico de armas e incumplimiento de deberes, el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que con ese extremo los operadores de justicia transgreden el “Estado constitucional de derecho” para proteger los intereses del poder político y hacen una mala interpretación artículo 141 del Código Penal.
Entre los acusados por el Ministerio Público figuran los exministros de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López y Roxana Lizárraga, declarados prófugos, además de personal militar y policial que actualmente guardan detención preventiva.
Santistevan recordó que el Órgano Ejecutivo representa al Estado y están facultados para ejercer funciones en pro de los intereses nacionales dentro y fuera del país, mientras que los delitos que le atribuye la Fiscalía son ficticios, porque el accionar de los denunciados fue en funciones y no así como organización criminal; en consecuencia esos delitos no existen.
“Las autoridades del Estado a partir de noviembre de 2019 realizaron una solicitud de apoyo de material no letal con otro Estado, lo hicieron en calidad de mandatarios mediante la diplomacia como corresponde en el ámbito de las relaciones internacionales, de tal forma que no estaban operando como una banda criminal, menos cuando se trata de un acuerdo entre dos estados como Bolivia y Ecuador. Por lo tanto, el fiscal y los jueces no pueden asimilar esta figura de “organizaciones criminales” a personeros de ambos gobiernos y al hacerlo estarían mellando la honorabilidad de los propios órganos del Estado, como el Ejecutivo”, dijo.
Aclaró que a pesar de que el oficialismo sostenga que el gobierno de Añez fue de facto, los órganos del Estado y sus instituciones se respetan.
Asimismo dijo que los militares y policías en servicio activo tampoco pueden formar parte de una organización criminal mientras están en servicio, ya que hay una cadena de mando que cumple funciones de supervisión y control muy estrecha donde no hay holgura para cometer actos de magnitud al margen de la ley sin ser detectados; sin embargo, si ello sucediera, el directo responsable es el alto mando a la cabeza del Presidente en su calidad de Capitán General.
“El fiscal se arroga atribuciones más allá de sus competencias para calificar de organización criminal a policías y militares, ellos cumplieron órdenes por mandato del Órgano Ejecutivo que buscaba pacificar todos los focos de conflicto y actos terroristas de 2019”, apuntó.
NORMA
Asimismo, Santistevan manifestó que cuando el fiscal argumenta que se está acogiendo al artículo 141 Quater del Código Penal, en el inciso V, está haciendo una mala lectura del mismo.
“El fiscal no sabe interpretar el contenido que tiene todo el artículo, que contiene cinco parágrafos, y él solo lee y pide pena de 30 años por el tráfico ilícito realizado por personal militar y policial. Los militares y policías en funciones recibieron órdenes y en consecuencia no han cometido actos ilícitos, además que tampoco se puede evidenciar que recibieron una orden mal dada por sus superiores y la parte política, porque según la ley ellos cumplieron lo que se les estaba ordenando. El fiscal interpreta a su modo la ley porque la justicia está manejada políticamente y ellos son serviles, cómplices de la destrucción del Estado constitucional de derecho”, apuntó.
MATERIAL ANTIDISTURBIOS
Por otro lado, el militar en servicio pasivo aclaró que los exministros hicieron una importación de material relacionado con el control de disturbios, no de materiales de guerra y lo primero que debería hacer la Fiscalía es definir ese extremo.
Santistevan aclaró que la Ley 400 considera a los gases lacrimógenos como munición antidisturbios y no armas.
ACUSACIÓN
Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, manifestó que durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio.
Por su parte, el fiscal Bladimir Bolívar informó que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019, aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel.
DETENIDO POR CUMPLIR ÓRDENES
El coronel del Ejército, Héctor Pérez, es procesado en este caso por cumplir una orden del exministro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador durante los conflictos de 2019.
El 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, porte o portación y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes. Desde esa fecha guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El abogado Rómulo Estívariz, que patrocina al militar, en anterior entrevista con EL DIARIO manifestó que la detención de su patrocinado es ilegal ya que él no tuvo participación directa en el hecho porque su rango no se lo permitía.
“Él es un servidor de las Fuerzas Armadas (FFAA) que ha cumplido una orden de ir a recoger para verificar la entrega de los gases, él no ha manipulado, no ha cargado ni lanzado ni uno solo de los gases que han traído del Ecuador, él solo fue en cumplimiento de una orden”, dijo.
Aclaró que de acuerdo a la Constitución Política de Estado (CPE) los militares no deliberan y que las órdenes son acatadas de manera vertical y a su patrocinado le ordenaron ir a recoger el material antidisturbios.
“Llegó a una zona militar de donde despegó el avión hércules, de zona militar a zona militar ecuatoriana donde le entregaron gases lacrimógenos y lo único que él hizo fue recibirlos en zona militar y los trajo del Ecuador a zona militar donde los entregó, por lo tanto, él está sujeto a las leyes militares si es que hubiera habido algún delito”, precisó en la oportunidad.
EL HECHO
De acuerdo al relato de Pérez, el 15 de noviembre de 2019, recibió una llamada en la que le instruían presentarse ante el Ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Palacio de Gobierno, en reunión de gabinete.
“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que esperara disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10:30 aproximadamente, me llamó el Ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimógenos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”, relató en anterior entrevista con este medio.
El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron trasladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.
Llegaron a Ecuador la madrugada del 16 de noviembre donde personeros de la Policía los esperaban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresaron vehículos con los gases lacrimógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.
“De acuerdo al acta de entrega y recepción que entregó en Ecuador se cargaron 5.000 gases lacrimógenos de mano GL–302; 2.389 proyectiles propulsores de largo alcance calibre 37mm; 560 proyectiles propulsores de corto alcance calibre 37mm; 500 granadas de sonido y destello para exteriores. En ningún momento se cargó armamento o munición letal o de guerra, estos calibres de corto y largo alcance son propulsores para lanzar gases a mayor o menor distancia, no es munición para dar de baja o para afectar físicamente a alguien. Son propulsores que se ponen a la escopeta Mossberg y esa munición impulsa los gases para que lleguen ya sea a una distancia de 100 metros o 300 y 350 metros que es la máxima”, aclaró.
Una vez que el material fue cargado al avión hércules, los uniformados iniciaron el retorno entre las 8:00 y 9:00 horas aproximadamente y llegaron a El Alto al promediar las 16:30 y 17:00 horas.
“Llamé al Ministro para darle el parte y me dijo que lo llamara al Comandante del Ejército, general Iván Inchauste, quien me ordenó que entregue todo el material al coronel José Pinaya quien era el encargado de material Bélico del Ejército”, recordó.
Pérez aclaró que en Bolivia no se hizo un acta de entrega y recepción ya que se usó el firmado en Ecuador.