«Sin el respaldo de la sociedad civil, los enemigos de la libertad pueden perfectamente corromper a los administradores del Estado»
Corría el año de 1952 y más propiamente el mes de diciembre, cuando el periodista y escritor norteamericano Philip Hamburguer, publicaba en el “The New Yorken” (El Neoyorkino), una reseña sobre la entrevista televisiva realizada a Robert Frost, en la que afirmaba categóricamente que “la libertad reside en ser valiente”. Tal aseveración no sólo se corresponde con la realidad, también esconde un importantísimo mensaje de verdad para la humanidad (si queremos preservar la libertad que se encuentra amenazada permanentemente, se debe tener coraje y la decisión para hacerlo).
Para gozar de libertad (pública o privada), no basta con tener instituciones, leyes o fuerzas del orden, resulta indispensable que los ciudadanos tengan el valor suficiente para defenderla. Sin el respaldo de la sociedad civil, los enemigos de la libertad pueden perfectamente corromper a los administradores del Estado, políticos, servidores públicos, medios de comunicación, con el propósito de controlar a la sociedad para manipularla y someterla al despotismo y la tiranía como ha ocurrido, ocurre y ocurrirá a lo largo de la historia humana.
En las últimas horas se ha conocido el informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, en la que se cita a doce ciudadanos bolivianos por considerar que mantienen vínculos con el narcotráfico. Entre los sindicados, se encuentra Roger Mariaca (ROMA), quien hasta hace pocos días se desempeñaba como Fiscal General de la Nación y tenía entre sus responsabilidades “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública”.
En Bolivia, desde la llegada del Movimiento al Socialismo al poder, se ha experimentado una penetración peligrosa de organismos criminales que se han dado a la tarea de insertarse en el poder político, socavando las instituciones del Estado que ya no son garantes de la población, porque han preferido alejarse del cumplimiento de la ley y la defensa de los intereses generales de la sociedad. En dos décadas se ha pasado de un mecanismo (repudiable) de corrupción convencional y esporádica, a un entramado de corrupción sistemática e institucionalizada que amenaza la libertad de los individuos y donde el funcionario público o administrador de justicia es el encargado de ponerle precio a la libertad.
Es bien sabido que la percepción de un país en los diferentes ámbitos relacionados a la justicia, seguridad, economía, producción, entre otros, se ve seriamente afectada a partir del menor grado de institucionalidad y corrupción, mucho más, cuando las principales autoridades de éstas se ven involucradas directamente. Paradójicamente son las mismas autoridades y funcionarios que se dan a la tarea de pisotear la Constitución y las Leyes, socavando profundamente la institucionalidad que ahora invocan en su defensa: “la defensa de la soberanía”, “el respeto a la institucionalidad”, ausentes del país desde hace muchos años.
No se puede soslayar el incremento exponencial de los actos criminales que se viene dando en el país, mismos que, según afirman algunas autoridades de gobierno se incrementaron posteriormente a la detención de uno de los principales cabecillas del narcotráfico, operativo que, para sorpresa de muchos, no contó con la participación del Ministerio Público (Fiscalía General de la Nación), de donde se desprenden vínculos entre la principal autoridad y Sebastián Marset.
Un informe elaborado por “The Heritage Foundation” – Estados Unidos y América Latina (2013), muestra que aquellos países que cuentan con una mayor libertad económica, fomentan oportunidades y prosperidad, estableciendo una relación entre pobreza y criminalidad son más seguros. Estos indicadores de los que Bolivia no se encuentra exenta, muestra a Latinoamérica como una de las regiones más peligrosas del planeta, con una media de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, a diferencia de los países que se encuentran mejor económicamente que sólo reportan a 2 víctimas bajo la misma muestra.
Mientras las instituciones encargadas de administrar justicia y tienen el deber de combatir al crimen continúen sometidas a organizaciones criminales, la delincuencia seguirá quebrantando la ley impunemente y amenazando la libertad de la población que debe hacerle frente a un sistema corrupto y extorsionador que no sólo privilegia a los delincuentes, sino que también se da a la tarea de perseguir inocentes que no pueden cubrir el precio exigido.
El gobierno del Presidente Rodrigo Paz, del que se dice cuenta con el respaldo del gobierno norteamericano, debe ser mucho más ágil en la búsqueda de desmontar el entramado de corrupción tejido en el Estado, puesto que seguramente saben que la corrupción ha hecho metástasis a todo nivel y si se desea que Bolivia vuelva a las rutas del progreso y desarrollo, es necesario extirpar el cáncer de la criminalidad que campea a sus anchas desde hace 20 años.
Si Bolivia logra liberarse de las redes de corrupción, pondrá fin al régimen que ha sometido el país el despótico control sobre la sociedad, aquella que afortunadamente comienza a despertar y repite sin descanso que “la libertad reside en ser valientes” y que “la libertad no tiene precio”. Identificando y apartándose de aquellos cobardes y acomodaticios que desconocen la realidad nacional y se aprovechan de un cargo para llenarse los bolsillos con dinero manchado de sangre y dolor.
“Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.
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