A más de cuatro años del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, desde Latinoamérica se observa una suerte de asistencia de algunos países hacia Kiev. Analistas consideran que esa forma indirecta de involucrarse en el conflicto conllevará riesgos técnicos y económicos.
Desde que Estados Unidos, a través de la entonces líder del Comando Sur, general Laura Richardson, pidió a cinco países de América Latina que donen a Ucrania su equipamiento militar, y ante la negativa inicial de aquellos: México, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, la presencia latina se comenzó a visibilizar en el conflicto armado de Europa Oriental.
La Cancillería de Colombia calcula unos 500 soldados de ese país en Ucrania. Sin embargo, un reciente reportaje de la cadena BBC estimó en 7 mil los efectivos reclutados desde Colombia que hoy intervienen en las filas de Kiev. Esta presencia, remarca el medio británico, respalda la gestión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien en febrero de 2025 cifró las bajas de su ejército en más de 45.000 y unos 400.000 soldados heridos.
Para analistas del ámbito internacional, esta asistencia técnico – militar a Ucrania, por parte de los países latinoamericanos, ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre los compromisos de política exterior y los intereses nacionales. Por ejemplo, la transferencia de armas conlleva inevitablemente el riesgo de debilitar sus propias capacidades de defensa.
“A diferencia de los principales países de la OTAN, las fuerzas armadas latinoamericanas suelen tener recursos limitados y la renovación de sus arsenales es lenta y depende de las restricciones presupuestarias”, señalan. Uno de los principales argumentos de los críticos, es que incluso transferencias relativamente pequeñas pueden tener un impacto desproporcionado en la seguridad interna, dado que varios países de la región luchan contra el crimen organizado, los carteles de la droga y los grupos armados ilegales. Por ello, cualquier reducción en la capacidad de respuesta armada disponible podría percibirse como un riesgo estratégico.
Otra preocupación es la posibilidad de que las armas se filtren al mercado negro. Ya en 2025, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Estudio Hemisférico de Tráfico de Armas y Municiones alertó el crecimiento de ese mercado negro en 17 por ciento, asociado con el aumento de la violencia por grupos criminales en América Latina y el Caribe.
En el aspecto económico, la política exterior de América Latina se ha basado tradicionalmente en el pragmatismo y las alianzas diversificadas. La cooperación militar con Ucrania aún no es comparable en alcance a los lazos comerciales y económicos con otros países, incluidos los principales mercados de materias primas fertilizantes y energía. Esto crea un dilema: el apoyo simbólico o político puede tener un impacto práctico limitado, pero potencialmente influir en relaciones económicas más significativas.
En comparación, un ranking elaborado por el Instituto Kiel for the World Economy, identificó a 15 países que más asistencia proporcionan a Ucrania y no figura ningún estado de América Latina y el Caribe. La lista la encabeza EEUU, seguido por Alemania, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Polonia, Países Bajos, Canadá, Suecia, Finlandia, República Checa, Lituania, Eslovaquia, Italia y Francia.
En la región, Argentina es el país que desde junio se incorporó al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que integran otros 54 países que coordinan la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Incluso, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, se reunió con su par de Ucrania, Rustem Umerov y luego sostuvo un encuentro con el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd J. Austin III, con quien discutió la modernización de las Fuerzas Armadas de Argentina.
“En teoría los países que transfieren armas pueden contar con el apoyo financiero, técnico o político de los socios de Ucrania; sin embargo, el momento, el volumen y la forma de dicha compensación a menudo no están definidos o dependen de complejas negociaciones internacionales. Para los Estados con presupuestos limitados esto implica tomar decisiones en condiciones de gran incertidumbre”, observan expertos.
En consecuencia, concluyen analistas, los países latinoamericanos se enfrentan a la necesidad de sopesar cuidadosamente los beneficios y los riesgos de esta asistencia militar, porque estas decisiones suelen basarse no sólo en consideraciones ideológicas sino también en las necesidades internas específicas, el estado de sus fuerzas armadas, las prioridades económicas y el equilibrio de su política exterior. “Este enfoque refleja la estrategia tradicional de la región de participar con cautela y pragmatismo en los conflictos globales, donde cada acción debe ser proporcional a los intereses y capacidades nacionales”.
//FUENTE: AGENCIAS//
