El 8 de noviembre, el flamante presidente Rodrigo Paz estableció la patria, la propiedad y la familia como principios de su gobierno. Coincido en que no basta cambiar la administración del Estado si no se reafirman con claridad los principios y valores que deben sostenerlo como factores de unidad, identidad y acuerdo básico de convivencia entre bolivianos.
La corrupción, el delito y la sistemática falta de cumplimiento de las normas tienen, en gran medida, su origen en la ausencia de una formación cívica, cultural y humana arraigada en los valores de la familia, de la educación y del trabajo. Valores orientados al vivir bien, a la solidaridad, a la colaboración entre vecinos y al esfuerzo permanente por construir desarrollo. Mientras esos cimientos morales sigan debilitados, cualquier reforma institucional será siempre parcial y vulnerable.
A la fecha, sin embargo, no se observa un cambio estructural en los cuadros del Estado. Muchos funcionarios vinculados al antiguo régimen, particularmente al evismo, permanecen en cargos clave, generando incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. No se perciben acciones claras frente a autoridades que, por su historial o por sus condiciones, no deberían permanecer en puestos de tanta responsabilidad. Tampoco se ve una señal firme de justicia contra Evo Morales y otros actores asociados a hechos de corrupción; lo que se observa es más bien una actuación tímida, insuficiente para marcar un verdadero punto de quiebre con el pasado.
Para comenzar una transformación de fondo, es imprescindible otorgar a la educación la prioridad que merece. Más allá de la instrucción académica, la educación debe transmitir principios y valores desde la preescolaridad y a lo largo de toda la vida. Se requiere una reforma educativa que deje de instrumentalizar las aulas con ideologías coyunturales y se concentre en el desarrollo psicosocial de nuestros niños y padres, promoviendo disciplina, responsabilidad, respeto a la autoridad legítima, amor al trabajo y sentido de patria. Un sistema educativo que incorpore una formación cívica rigurosa, con normas claras y exigencia de cumplimiento, puede —por ejemplo— adoptar elementos de la disciplina militar en las escuelas y centros de enseñanza: orden, puntualidad, respeto a símbolos patrios y cultura del deber, sin perder la dimensión humana y democrática del proceso educativo.
No podemos desconocer la necesidad de una verdad histórica que nos permita entender lo que la sociedad boliviana ha vivido en las últimas décadas. Comprender la verdad implica reconocer errores, abusos y omisiones, para poder corregirlos y superarlos. Hoy no se avanza con la firmeza necesaria en recuperar esa verdad negada por tantos años; la impunidad sigue sentada en el trono y se convierte en incentivo para que los siguientes gobernantes sientan el mismo “permiso” auto otorgado de corromperse y abusar de su posición, confiando en que la justicia nunca les alcanzará.
Esta es una oportunidad de oro para que, bajo un gobierno democrático, la labor legislativa se convierta en un verdadero proceso restaurador. Una solución urgente pasa por encarar una nueva Constitución que vuelva a hacer de Bolivia una República Federal, con mayor equilibrio de poderes, más autonomía responsable y contrapesos reales al poder central. Esa nueva arquitectura constitucional debe ir acompañada de:
Nuevas leyes electorales, que exijan como requisitos básicos para cualquier candidato: ser profesional idóneo para el cargo al que postula y contar con un historial limpio, sin procesos judiciales que comprometan su integridad.
La renovación total del órgano electoral, expulsando a quienes se han mostrado parciales o sometidos al poder político, y conformando una corte electoral profesional, técnica e imparcial.
Una reforma profunda del sistema de justicia, que lo convierta en un poder verdaderamente independiente, profesional y equitativo.
La reestructuración de la Policía y las Fuerzas Armadas, con criterios de meritocracia, formación ética y lealtad a la Constitución, no a partidos o caudillos.
Paralelamente, es indispensable conformar comisiones de la verdad sólidas y transparentes, e impulsar todos los juicios de responsabilidades que sean necesarios para que, nunca más, desde el poder se pueda delinquir sin consecuencias. Sin justicia y sin memoria, no habrá renovación moral ni confianza ciudadana duradera.
Sé que esta es una propuesta ambiciosa, casi soñadora, que depende del desprendimiento real de los bloques parlamentarios y de la voluntad sincera de reformar el Estado más allá de intereses inmediatos. Pero precisamente por eso es una invitación a trascender los cálculos coyunturales y dejar, en los anales de la historia, los cimientos de una nueva Bolivia: una Bolivia republicana y federal, reconciliada con su verdad, fortalecida en sus valores y capaz de vivir una democracia auténtica, no solo formal.
Por los valores de familia, patria y propiedad.
- Fernando Hamdan
- Activista de Derechos Humanos
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