La investigación por el caso del sistema de Buses de Transporte Tápido (BRT), que salpica a exfuncionarios municipales, toma impulso después de que el Ministerio Público presentara la imputación formal contra Percy Fernández y Angélica Sosa, además de otras ocho personas involucradas.
El proceso se abrió ante la denuncia presentada por el diputado Ányelo Céspedes (MAS) por una serie de delitos, por lo que las autoridades fiscales, Rose María Barrientos y Alexander Mendoza, piden la detención preventiva de los acusados.
Pero, ¿quiénes son estas personas y de qué delitos se las acusa? Le presentamos el informe de la Fiscalía a continuación:
1.- Percy Fernández, el caso especial
El exalcalde Fernández es procesado de forma separada porque la Fiscalía considera que firmó todos los contratos mientras estuvo en el cargo. Ya fue convocado por este caso, pero se abstuvo a declarar. El Ministerio Público lo imputó por cuerda separada (actuaciones independientes) y pidió detención domiciliaria, fianza de Bs 100.000, presentación cada 30 días ante el juez, no acudir a la Alcaldía ni a la cárcel de Palmasola, no comunicarse con personas relacionadas en el caso, prohibición de salir del país y arraigo.
Fernández, en este caso, es acusado de los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
2.- Angélica Sosa, ya detenida en Palmasola
El exalcaldesa interina y expresidente del Concejo municipal está recluida en la cárcel por el caso ítems fantasmas; no obstante, los investigadores ven que Sosa, teniendo conocimiento de todas las irregularidades que fueron denunciadas, no hizo nada para investigar el caso, por el contrario, aprobó dicha adjudicación y contratación irregular, además de no realizar el informe claro en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
Contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada son
los delitos por los que se acusa a la exalcaldesa Sosa.
3.- Lucy Mariel López Quiroga
Lucy Mariel López es la exdirectora de Transporte y Vialidad de la Alcaldía, quien ya tiene activada una alerta migratoria por el caso ítems fantasmas. Se la acusa de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
4.- Rubén Darío Rivero Gallardo
Es el exjefe departamento de Transporte Público Gestión de Trámites y Autorizaciones. Los delitos se repiten respecto a los anteriores: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
5.- Emilse Sigler Fernández
Es la exjefa del Departamento Administrativo de la Secretaría de Movilidad Urbana y también tiene alerta migratoria por el caso ítems fantasmas. Se la acusa por los mismos delitos que los otros exfuncionarios.
6.- Jorge Humberto Ortiz
Fue jefe del Departamento de Estadísticas y Planificación del Transporte Público Urbano, formó parte activa del proceso y se lo acusa por los mismos delitos de los exfuncionarios señalados.
7.- Jorge Luis Egüez Rivero
De profesión abogado, Égüez Rivero tenía un cargo de profesional A dentro de la comuna cruceña. Los delitos se repiten respecto a los anteriores: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
8.- Nancy Roca Martínez
También tenía un cargo de profesional A y se desempeñaba como abogada. Al igual que Egüez Rivero debe responder por los mismo delitos.
9.- Rolando Ribera Correa
Fue uno de los hombres de confianza de Angélica Sosa y estuvo a la cabeza de la Secretaría de Movilidad Urbana. En la imputación se señala que en su calidad de autoridad hace conocer el informe de evaluación y recomienda a línea concesionaria sin que reúna los requisitos
10- Percy Rojas Limón
Presidente de la empresa Chuturubí de la línea 17 y 18, que se adjudicó el contrato de concesión del BTR. La Fiscalía puntualiza que “obtiene y utiliza información privilegiada dentro de la concesión del primer anillo, participa de manera irregular durante la concesión y firma un contrato, causando un grave daño al patrimonio de la ciudad por más de 15 millones de bolivianos”.
La Fiscalía solicitará en las próximas horas se someta a una audiencia de medidas cautelares a las personas imputadas.
//FUENTE: EL DEBER//