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El destituido expresidente de Perú Pedro Castillo se enfrentó el jueves a una vista judicial por su detención y una investigación por rebelión, mientras su reemplazante celebraba reuniones en el palacio presidencial tras una jornada dramática que conmocionó a la región.
Los legisladores del Congreso votaron el miércoles abrumadoramente a favor de destituir a Castillo, lo que provocó la rápida caída del impopular presidente, luego de que su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto se vio frustrado ese mismo día.
Castillo fue detenido el miércoles acusado de “rebelión y conspiración”, según la fiscalía, lo que se suma a otras investigaciones desde hace meses por corrupción.
El Poder Judicial de Perú ordenó 7 días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo. El juez Juan Carlos Checkley acogió el pedido de la Fiscalía que tenía un plazo de 48 horas para recabar pruebas que sustenten la acusación contra el maestro rural que podría pasar entre 10 y 20 años en la cárcel si es encontrado culpable de los cargos por los que se le investiga.
Durante la sesión, el fiscal Marcos Huamán señaló que el expresidente buscó la disolución inconstitucional del Congreso, instaurar un “gobierno de emergencia excepcional” para convocar elecciones con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, así como decretar el toque de queda a nivel nacional y declarar la reorganización del sistema judicial.
Además, el integrante del Ministerio Público mencionó que Castillo fue detenido porque se dirigía a la embajada de México para pedir asilo y luego fugar del país. “Esta detención en flagrancia que realizó la Policial Nacional se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 259, inciso tres del Código Procesal Penal”, mencionó.
Por ello, se alegó que existía un peligro de fuga de Castillo. Lejos de rebatir las graves acusaciones, el expresidente decidió guardar silencio. No colaboró, ni se pronunció debido a que le dejó la posta a Aníbal Torres, ex primer ministro, que lo asesora tras las renuncias de sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.
“Aquí se está violando flagrantemente el principio de legalidad. El señor representante del Ministerio Público ha dicho varias cosas y no acreditó los dos delitos que, supuestamente, habría cometido Pedro Castillo”, dijo.
El apoyo de López Obrador
Desde la Ciudad de México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, dijo que Castillo se había contactado el miércoles con la oficina de la presidencia mexicana para avisar que se dirigía a la embajada de ese país en Lima a pedir asilo.
El abogado de Castillo, Víctor Pérez, rechazó la acusación de rebelión en la audiencia, argumentando que tal acto implica el uso de armas y violencia, lo que dijo que nunca ocurrió.
Castillo asistió a la audiencia por teleconferencia y se le preguntó si quería dirigirse al tribunal, pero guardó silencio.
¿Adelanto de elecciones?
Como colofón a la vertiginosa secuencia de acontecimientos, Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, juró como nueva presidenta del país sudamericano, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el país sudamericano.
Boluarte, de 60 años, podría nombrar un nuevo gabinete en los próximos días para dirigir el segundo mayor productor mundial de cobre, con grandes expectativas de que opte por un Gobierno de unidad.
En breves declaraciones el jueves, la mandataria sugirió que la convocatoria de elecciones anticipadas podría ser “democráticamente respetable”, pero dijo que primero quiere mantener más conversaciones con los actores políticos del país.
Boluarte afirmó que espera que la suspendida reunión en Lima de la Alianza del Pacífico, para el 14 de diciembre con los presidentes de México, Colombia y Chile, se pueda concretar.
Castillo está detenido en una prisión policial de la capital, Lima, donde también está recluido otro expresidente, Alberto Fujimori, dijo a Reuters una fuente judicial a primera hora del jueves.
Casi al mediodía, la fiscal general, Patricia Benavides, acudió a la prisión policial para recibir las primeras declaraciones formales de Castillo por los cargos de “rebelión y conspiración”. En las afueras de la sede policial decenas de simpatizantes del exmandatario pedían su liberación.
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