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Periodistas de al menos cuatro departamentos realizaron a media jornada de este miércoles, un plantón para denunciar los nuevos intentos de acallar la labor informativa y rechazar el proyecto de ley 305 que se viene tratando en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En la sede de gobierno, los representantes colegiados y sindicales del gremio de la prensa lograron ingresar a plaza Murillo para arengar “muera la ley mordaza”, en referencia al proyecto de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, que incluye un artículo que dicta hasta siete años de cárcel contra los trabajadores de la prensa que emitan “declaraciones racista o discriminatorias”, con el añadido que anula cualquier “fuero”; es decir, pasa por alto a la Ley de Imprenta.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodista de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, explicó que se envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca para que retire ese proyecto de la Asamblea Legislativa. Asimismo, apuntó al proyecto ley 304 que “Regula y Sanciona el uso Indebido de las Redes Sociales”, por tener similares amenazas a la libertad de expresión.
A su vez, el titular de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, dijo que el Gobierno tiene tendencia autoritaria y maneja a jueces y fiscales de forma política, por tanto, interpretará estos proyectos de ley para perseguir y encarcelar a los periodistas críticos con las políticas gubernamentales.
La movilización fue seguida por la Policía que de forma paralela trataba de controlar a un grupo de maestros que también ingresaron a plaza Murillo. Tras unos minutos de ambas protestas, los efectivos desalojaron a los educadores a la fuerza y con uso de agentes químicos que también afectó a los periodistas.
Junto a las asociaciones de periodistas se movilizaron la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y delegados de las federaciones de La Paz y El Alto, entre otros. Llamó la atención la participación de algunos reporteros “oficialistas”, que trabajaron durante varios años en los medios estatales durante el régimen de Evo Morales.
En Santa Cruz, el plantó de periodistas se desarrolló en la plaza 24 de Septiembre. El presidente de la asociación cruceña, Roberto Méndez, remarcó que le proyecto ley 305 solo pretende criminalizar la labor del gremio informativo.
Méndez, según reporte de la red Unitel, recordó que ya existe un Tribunal de Imprenta y en cada asociación de periodistas también también hay tribunales de ética para abordar controversias, por lo que de ahí nace la observación a la norma en marcha, específicamente al artículo que modifica el Art. 281 del Código Penal y que suprime la garantía constitucional de estas instancias mencionadas y de la Ley de Imprenta.
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