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Un comunicado de Comunidad Ciudadana y una carta de Creemos fueron publicados este domingo denunciando la actuación de los operadores de justiciaen los casos de la ex Presidenta, Jeanine Áñez y el inicio de juicio contra integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
“Por la intención evidente del Movimiento Al Socialismo de proceder, a través de sus operadores serviles en el Ministerio Público y el sistema de justicia, con una condena expedita y espuria contra la ex Presidenta Constitucional Jeanine Añez, a quien mantiene encarcelada desde marzo de 2021”, señala la primera parte del documento que hizo público la alianza que encabeza el ex Presidente, Carlos Mesa.
La protesta se conoce cuando falta menos de 24 horas para que se reanude el juicio contra la exmandataria cuya última audiencia debería instalarse este lunes con los alegatos finales y la dictación de la sentencia.
Todos los recursos judiciales que ensayó la defensa de la exmandataria fracasaron con argumentos recurrentes de los fiscales y de los propios jueces. Según el comunicado de CC distintas organizaciones y especialistas concluyeron expresando preocupación por el sistema judicial boliviano.
“El informe elaborado por el Relator Especial de las Naciones Unidas. Diego García Sayán, expresa claramente que el caso contra la ex presidenta, ‘pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia’, pero, ante todo, alerta sobre los niveles de corrupción, injerencia y falta de independencia en el sistema judicial boliviano”, señala otra parte del documento.
Asimismo, la bancada de Creemos en una carta dirigida al relator de NNUU denunció los tres hechos que demuestran la abierta injerencia del Gobierno en el sistema judicial: el primero, las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima el 25 de mayo cuando anunció por adelantado que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había rechazado un recurso de la ex Presidenta, Jeanine Áñez y pedía culminar el juicio.
El segundo hecho que menciona es el bloqueo de San Julián y el intento de desestabilización que ensayó el MAS en contra del Gobierno departamental de Santa Cruz. Y la tercera mención se refiere al pedido de inicio de juicio contra seis integrantes de la RCJ.
“El GIEI advirtió al Estado boliviano que este informe no debía ser empleado para criminalizar e instó a una reforma estructural de la justicia en el país. Otras organizaciones internacionales también han recomendado la urgente y necesaria reforma del sistema de justicia de Bolivia como el Comité contra la Tortura y esta Relatoría que en su reciente Informe de 11 de mayo, insta a Bolivia a la reforma judicial inmediata”, recuerda el documento.
//FUENTE: EL DEBER//