Como argumenté anteriormente, el asalto a las arcas estatales durante la administración del MAS no consistió en hechos aislados. Fue institucional y esta práctica se extendió a como se encararon los procesos en defensa del Estado, tal como se evidencia en el fallo arbitral del proceso en que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), accionista de AFP Previsión, interpuso en La Haya contra Bolivia.
El conflicto central se originó con la nacionalización del sistema de pensiones boliviano, de acuerdo con la Ley de Pensiones del 2010, que creó una Gestora Pública (la Gestora) para sustituir a las AFP privadas, incluida la filial de BBVA, AFP Previsión.
La negligencia en la implementación de la Gestora fue costosa: en 2012, AFP Previsión ofreció al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, traspasar su operación al Estado por USD15 millones. Diez años después, el tribunal arbitral determinó que Bolivia estaba obligada a pagar USD105 millones por AFP Previsión.
En el arbitraje, BBVA demostró que el proceso de transición fue caótico y prolongado: que la Gestora tardó cuatro años en constituirse, un año en designar a su gerente y seis más antes en iniciar el traspaso del servicio. El demandante argumentó que esta inoperancia de las autoridades bolivianas fue perjudicial, injusto, arbitrario y contrario al Tratado Bilateral de Inversiones.
Como prueba de la política explícita de hostigamiento del Estado, el BBVA presentó como prueba una declaración del exvicepresidente, Álvaro García Linera donde delineaba la estrategia gubernamental para forzar negociaciones mediante la judicialización de multas y sanciones. Este mecanismo generaba presión económica y legal destinada a reducir el monto de la indemnización, una táctica que, según el exvicepresidente, había sido exitosa en casos anteriores como los de hidrocarburos y ENTEL.
En el fallo y las pruebas allí vertidas, queda claramente establecido que el accionar de Luis Arce Catacora y su sucesor Mario Guillen Suarez, fue de seguir el lineamiento de García Linera, y que fue tan perjudicial al país como el obrar de los directores de las entidades dependientes de su ministerio: de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Gestora.
AFP Previsión demostró que el libreto de Garcia Linera se ejecutaba por medio de un aumento injustificado de fiscalizaciones por parte de la APS a partir de 2016, lo que obligó a la AFP a destinar recursos humanos considerables además de ser pasivo a multas y cargos como el de USD72 millones por una operación financiera con bonos del TGN.
En lo operativo, se demostró en el arbitraje que la APS exigió de forma reiterativa, con plazos imposibles e instrucciones contradictorias con los de la Gestora, la transferencia de bases de datos aun cuando la Gestora NO tenía un software para recibir y procesar la base de datos.
Tanto Oscar Ferrufino exdirector ejecutivo de la APS y Marcelo Roca exdirector de sistemas de la APS, fueron convocados a declarar en el arbitraje, y confirmaron que la Gestora no tenía un software al momento del requerimiento a AFP Previsión de traspaso de su base de datos razón por la cual la migración de datos fue postergada en reiteradas oportunidades.
Fiel al modelo de asalto al estado, la Gestora firmó un contrato para desarrollo de software por USD5,1 millones en el 2017 con Sysde Internacional que fue rescindido por incumplimiento de la empresa no obstante haberse pagado la mayoría del monto. Posteriormente se adjudicó el desarrollo del software Heinsohn Business Technology por USD10,9 millones por medio de una cuestionada invitación directa.
Irónicamente, la Gestora erogó más de USD15 millones solo por software, cifra que compara con el pedido de AFP Previsión del 2012 por la totalidad de la empresa que Arce Catacora desestimó.
Hay MAS. Para cuantificar el daño económico que el accionar del Estado le causó, AFP Previsión presentó cifras avaladas por un perito internacional de parte. Bolivia, sin embargo, se limitó a observar cifras y cuestionar algunas apreciaciones del informe pericial. No presentó un estudio alternativo por lo que el tribunal basó su fallo en las cifras del demandante.
Bolivia fue representada en este arbitraje por Osvaldo César Guglielmino, un argentino. Su contratación se amparó en el DS2698 del 2016 que autoriza a la Procuraduría General del Estado “por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado” a la contratación confidencial y directa de servicios de abogados.
No falta nadie en la cloaca. Están todos: un vicepresidente que baja la línea política, ministros de economía que la obedecen y que mandan a sus súbitos de la APS y la Gestora a embarrar todo, con el argumento poco convincente de precautelar los intereses del Estado. Acompañan a esta tropa, los abogados contratados confidencialmente que metieron goles en contra en los arbitrajes que ya han costado a Bolivia MAS de USD800 millones. Irónicamente, Mario Guillen, ministro de Economía de julio 2017 a enero 2019, sigue, a la fecha de escribir este artículo, de Director Ejecutivo por Bolivia ante el BID.
- JOSÉ LUIS CONTRERAS C.
- ECONOMISTA.
- *NDE: LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
