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“Fue torturado” y sobre eso existen serias evidencias. Marco Antonio Aramayo decidió contar los abusos que sufrió en prisión para denunciarlos en un informe que comenzó a ser documentado en 2017. No pudo llegar y su vida se apagó exigiendo libertad.
Por eso se sabe que viajaba a los juzgados de casi todo el país en vehículos de Régimen Penitenciario. Era escoltado por policías que le pedían dinero para casi todo y si no accedía, era castigado y humillado.
“Me encadenaron a la puerta de la movilidad y el policía baja a comer su almuerzo. Vuelve y me pide dinero para que yo le pague ese su almuerzo. Le digo: ‘no tengo plata ni siquiera para que coma yo’. La respuesta fue: ‘¡Cagas! Vas a dormir en Montero (en Santa Cruz)’ y otra vez me enmanilla y tengo que viajar enmanillado con las manos adelante y la mochila atrás”, relató.
Según el testimonio, ese maltrato pudo suceder en la carretera que une La Paz y Cochabamba en la ruta hacia Santa Cruz. Ese viaje dura al menos 18 horas con paradas técnicas.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) recuperó esas evidencias. “Incluso existen fotografías”, dijo Andrés Gautier, responsable del área socio-terapéutica de la organización. Anticipó que el documento final será presentado en el curso de los próximos días.
Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena entre 2013 y 2015, falleció el 19 de abril luego de sufrir una falla multiorgánica derivada por hipertensión “sistémica”.
Hay más. El exfuncionario también reveló que fue coaccionado en julio de 2019. “Dos policías escoltas se ensañan conmigo. Desde la puerta del Penal (de San Pedro) me encadenan y me llevan hasta el cruce de Senkata. Uno de ellos me pide $us 100 para quitarme las manillas y yo me niego y me dice: ‘si te plantas vas a ir encadenado’ y no le contesté. Iba con la mochila en la espalda y enmanillado con las manos atrás. Sentado en la movilidad iba a Cochabamba y mis manos estaban adormecidas y sangrando”, señaló en su relato.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que todos los presos “deben gozar los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior, sin discriminación y con atención particular cuando se tengan necesidades especiales”.
El organismo demandó una investigación “exhaustiva e inmediata” sobre esas prestaciones y señaló que “también deben investigarse las eventuales irregularidades del aparato judicial y violaciones al debido proceso”.
“Las personas responsables deben ser sancionadas, la familia compensada y se deben tomar medidas como la reforma estructural de la justicia, incluyendo el sistema penitenciario para garantizar la no repetición”, enfatizó.
Diego García Sayán, uno de los relatores del organismo internacional, estuvo el mes pasado en el país y el ITEI, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, le entregaron información sobre este caso. Se prevé que el alto funcionario entregue un informe en Ginebra antes de junio.
Pero tras la muerte de Aramayo, Elvira Parra quedó como la única detenida por el desfalco; está enferma y no tiene recursos. Enfrenta 180 procesos en su contra y en varias ocasiones viajó con Aramayo para asistir a las audiencias.De hecho, el último viaje juntos fue hace 15 días. Ambos retornaron el 11 de abril y fue ese día que Aramayo comenzó a descomponerse.
“Muchas veces, después de tanto viaje, las audiencias se suspendían. O faltaban los abogados o los fiscales y por eso esto no avanzó”, recordó Parra,quien está siete años en prisión. Su esposo Joaquín Chuquimia afirmó que los vehículos de Régimen Penitenciario ya no están en condiciones para realizar esos viajes por el país.
Entre 2006 y 2012, Parra fue la primera directora del Fondo; luego vino Daniel Zapata, quien ahora está prófugo. Estuvo en el cargo hasta 2013 y luego llegó Aramayo en 2013 y fue director hasta 2015. Su fallecimiento repuso sobre el tapete la impunidad que aún existe por el millonario desfalco.
Aramayo fue encausado hace siete años, cuando estalló el escándalo. Algo más de Bs 700 millones habían pasado a cuentas particulares de dirigentes del MAS con la autorización de Julia Ramos y Nemesia Achacollo, quienes fueron ministras de Desarrollo Rural en la era de Evo Morales.
Esas exautoridades están con arresto domiciliario, mientras que otros están en libertad o huyeron
La suerte de Aramayo y Parra fue distinta. El exfuncionario, que llegó al cargo de la mano de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, apuntó a Achacollo en varias de sus denuncias. “No se movía un pelo sin que ella lo ordene”, afirmó en varias ocasiones.
“Aramayo fue presumido culpable y estigmatizado así por las autoridades. Cuando tuvo el atrevimiento de responder a las acusaciones o señalar la responsabilidad de ciertos funcionarios, el castigo fue inmediato, dice el ITEI, que espera contar con los permisos necesarios para conversar con Parra y darle asistencia.
Evidencias
La versión de los traslados de Aramayo a todo el país también fue corroborada por Damián Condori, gobernador de Chuquisaca. Condori estuvo vinculado al MAS cuando estalló el escándalo, pues era parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). Fue detenido en San Pedro.
“Cuando estaba allí veía cómo lo trajinaban de una cárcel a otra al compañero Aramayo. Lo llevaban de un departamento a otro, varias veces en una sola semana”, afirmó. Cada vez que volvía al penal se le notaba muy afectado.
El abogado Héctor Castellón defendió a Marco Aramayo desde que estalló el escándalo. Señaló que él acudía a denuncias en casi todo el país y que en hubo jornadas en las que enfrentó más de 10 audiencias en un solo día y en distintas regiones del país. Por eso es que, en muchas ocasiones, tenía que quedarse en alguna carceleta antes de volver a La Paz. Estuvo encerrado en 57 recintos en todo el país, alguno de ellos rurales.
El secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe precisó que Aramayo enfrentó 95 procesos de los que 36 fueron cerrados. “Tenemos un total de 59 procesos activos”, apuntó y defendió el trabajo de su institución en el contexto de las denuncias de abusos que pudieron haberse producido contra el fallecido exdirector del Fondo Indígena que denunció el desfalco.
Pero, esas cifras son altas. Además, el exfuncionario ya tenía tres sentencias condenatorias que debía cumplir en Tarija, Santa Cruz y Oruro, por tres, cinco y ocho años de prisión. Todas ellas por los delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
“Este proceso no debería haberse ramificado y debería verse conducido solamente a partir de un proceso, dada la naturaleza y el origen del hecho. Rescatando los principios de nuestra legislación y las convenciones internacionales, está prohibida la persecución penal múltiple con un solo hecho”, declaró el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, respecto al trabajo que desarrolló la Fiscalía, porque es la institución que debe sustentar los procesos a partir de sus pesquisas.
//FUENTE: EL DEBER//