LUIS ANTEZANA
Hace casi 70 años, (2 agosto, 1953), el gobierno del MNR dictó el decreto-ley de reforma agraria, muy requerido por los indígenas. La medida generó grandes esperanzas porque liberaba al hombre y la tierra.
Desde entonces mucha agua corrió bajo los puentes y a medida que pasaban los años, a partir de la restauración reaccionaria de 1964, esa ley fue objeto de recortes de fondo y forma, que cambiaron profundamente su contenido democrático. En efecto, varios de sus aspectos sustanciales fueron reformados o anulados, en especial se prohibió a los indígenas vender las tierras que recibieron en propiedad en 1953. Por tanto, el problema de la tierra se fue agravando, con ritmo y velocidad crecientes, afectando la vida de la nación.
Ciertamente, después de varios intentos, en 1996 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dictó la reaccionaria anti-democrática y anti-campesina Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), promulgada por el presidente interino Víctor Hugo Cárdenas, acto que significó un enorme paso atrás en relación con la ley de 1953.
Sin embargo, surgió la esperanza de que un nuevo gobierno nacional anularía o reformaría esa ley y la sustituiría por otra. Ese gobierno pareció ser el del indígena Evo Morales.
Pero ese nuevo gobierno prolongó la vigencia de la Ley agraria de Sánchez de Lozada y el 2 de agosto de 2007 (Día del Indio) dictó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que no solo conservó los recortes reaccionarios de la ley INRA de Sánchez de Lozada, sino que, por el contrario, los profundizó, dañando más todavía a las poblaciones indígenas aymaras y quechuas. Esos recortes afectaban particularmente a la propiedad de la tierra de los indígenas de ex-haciendas y comunidades de la zona andina del país. Así, la nueva ley en contra de los indígenas fue dictada por el gobierno que se decía indígena, revolucionario, etc.
En ese sentido, el gobierno de Evo dictó una ley sobre la base de la ley INRA de Goni, con nombre de “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria”, vale decir, puso en aplicación las medidas anti-ndígenas y anti-democrática de su antecesor, cuyo costo sobrepasa los 5.000 millones de dólares, sin contar los perjuicios para el país y los indígenas damnificados.
Eso es poco, pues la ley contra los indígenas fue agravada muchísimo más, porque, además, los recortes reaccionarios de la ley INRA de Goni fueron también adoptados por la Constituyente de 2008 y los incluyó en la nueva Constitución. Enseguida de ser aprobada por ese “sabio” concilio, Evo Morales promulgó la nueva Constitución conteniendo las anteriores reformas y los nuevos recortes reaccionarios. (Ver CPE, Arts. 394, III y 395, III).
Más aún, Evo Morales la hizo aprobar mediante un Referéndum popular y, en esa forma, la marcha de la contrarrevolución agraria hizo que una medida reaccionaria, (la prohibición a que los indígenas puedan vender sus tierras), que empezó a aplicarse desde 1964 por mera resolución ministerial, sea convertida en sagrada norma constitucional en el año 2009.
De esa manera, los alcances de la contrarrevolución agraria, establecidos por dichas dos leyes, fueron profundizados y esta vez ya no por una ley, sino por disposición de la Constitución Política del Estado, preparada por la Asamblea Constituyente de 2008, respaldada por un referéndum y promulgada solemnemente por el presidente indígena Evo Morales. Legislación agraria que ha paralizado la economía agraria, afecta a todos los “engranajes” de la economía, es el freno para el desarrollo y es causa de los conflictos diarios.
Frente a esa legislación agraria reaccionaria, indígenas disidentes de la CSUTCB de Santa Cruz han reaccionado y demandan anulación o cambio de la legislación agraria vigente, mientras que el grupo conservador lamenta que “Los productores hemos rendido examen para consolidar nuestro derecho propietario, y cuando estamos llegando al final de un calvario tortuoso, un grupo minoritario requiere cambiar las reglas”, afirmando sin empacho para apoderarse de las áreas protegidas.
LUIS ANTEZANA ERGUETA
Escritor e Historiador
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21