El pasado 1 de febrero el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó restringir el horario de circulación vehicular hasta la medianoche en todo el departamento cruceño, una medida que va en contraposición con lo que había decidido el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) 24 horas antes, de levantar las restricciones de circulación en la ciudad capital. Este hecho dejó en evidencia la falta de coordinación y la pugna política que existe entre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández.
Una de las últimas fisuras en la relación de las dos principales autoridades del departamento se produjo el viernes, cuando Fernández declaró que durante la última ola pandémica provocada por el Covid-19, los hospitales de tercer nivel se encontraban colapsados porque la Gobernación no habría invertido en salud.
“Esos hospitales están así de viejos hace años. Yo les dije que si quieren los ayudamos a construir un hospital más de tercer nivel en la ciudad, porque por lo mínimo debe haber dos hospitales más”, disparó el burgomaestre.
Hubo devolución de ‘gentileza’. El Servicio Departamental de Deportes de la Gobernación rechazó la solicitud para que se realice la coronación de la reina del Carnaval, festividad que fue anunciada con bombos y platillos por Jhonny Fernández, en el estadio Tahuichi Aguilera el próximo 19 de febrero porque este escenario deportivo ya estaría reservado para un evento deportivo en esa fecha.
Con referencia a esto, el analista Paul Coca señaló que si bien estas contraposiciones se dan formalmente por temas como el horario de circulación, por ejemplo, existe un trasfondo político en todo esto. “Son las fricciones dentro de la alianza Creemos, a nivel nacional, con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que aún no van a solucionarse. Y este problema de cohesión, dentro del parlamento, ha sido aprovechado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para destrozar la representación parlamentaria de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC)”.
Estructura política
Estas fricciones dentro de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comenzaron a evidenciarse en noviembre de 2020, tras las elecciones nacionales cuando la agrupación de Luis Fernando Camacho se acercó a otras seis agrupaciones políticas, entre ellas Santa Cruz Para Todos (SPT), para que apoyen al actual gobernador cruceño en las elecciones subnacionales. Después de 24 horas, seis parlamentarios de Creemos salieron en apoyo de Jhonny para la Alcaldía.
Fueron los diputados Runny Callaú, Sandra Paz, Omar Rueda y Tito Caero, además de la senadora suplente Paola Fernández, todos de UCS que formaron parte de la alianza Creemos.
En enero del año pasado, cuatro de los mencionados parlamentarios (Callaú, Paz, Rueda y Caero) fueron expulsados de Creemos “por ser funcionales al MAS” y denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral de transfuguismo. En octubre el ente electoral rechazó la denuncia de Creemos.
El analista y politólogo José Orlando Peralta sostuvo que la hipótesis para la fricción entre Jhonny y Camacho se relaciona con la estructura parlamentaria de la alianza Creemos, que incluyó dentro de sus filas a los mencionados parlamentarios de UCS. “Las diferencias entre ellos son políticas, no ideológicas y tienen relación con la composición de la coalición (en la ALP) que está repercutiendo en la gestión pública”, observó Peralta.
A su vez, el abogado y analista Daniel Valverde cree que estas pugnas, entre Camacho y Jhonny, son más de protagonismo y para no caer en el desgaste que generan los casos de corrupción o la pandemia en sus gestiones públicas.
“Desde que comenzaron las autonomías departamentales se han venido generando fricciones, por ejemplo, con Rubén Costas y Percy Fernández, donde pese a contar con su propio espacio tenían diferencias y cada uno quería tomar el liderazgo en temas que generarían un impacto político”.
Finalmente, el exministro de Autonomías Hugo Siles observó también que las diferencias políticas entre Creemos y UCS están firmadas por la elección de sus parlamentarios. “El ahondamiento en las distancias políticas que se hace cada vez más evidente, va a repercutir en la administración pública y las consecuencias de ese vaivén serán pagadas por los ciudadanos”.
//FUENTE: EL DEBER//