EL DEBER.- La imputación de la Fiscalía de Tarija contra el gobernador Óscar Montes, el alcalde Johnny Torres y el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila, fue anulada este viernes en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Penal debido a que no tiene los suficientes elementos y argumentos probatorios.
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez, también estaba incluido en este caso por los delitos de separatismo e instigación pública a delinquir por el paro cívico de noviembre de 2021 contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo que después fue abrogada por el Gobierno central.
“El juez anuló la imputación por no haber los suficientes elementos probatorios”, confirmó el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila, a EL DEBER.
A su criterio, con este caso, se pretendió criminalizar la protesta pacífica del pueblo tarijeño, al imputar penalmente a sus principales autoridades cívicas y políticas.
La Fiscalía de Distrito había formalizado la imputación en base a la denuncia presentada por el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT).
La audiencia cautelar contra el gobernador Montes, el alcalde Torres, el titular cívico y el dirigente del autotransporte fue postergada en dos ocasiones por la presentación de un incidente de nulidad y después por no notificarse ese recurso al Ministerio Público.
Antes de la audiencia de este viernes, el gobernador Montes lamentó que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) utilice a la justicia ordinaria para la persecución de líderes opositores.
El alcalde Johnny Torrres coincidió con Montes, al decir que la imputación fiscal no tiene el sustento para abrir un proceso en la justicia ordinaria.
//FUENTE: EL DEBER//