Redacción VISOR21
El juez primero de sentencia y anticorrupción, de La Paz, Wilge Mendoza, rechazó la acción de libertad presentada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quien había solicitado que “los avasalladores” que tienen en su poder las oficinas de esa instancia, desde hace 51 días, le permitan dormir al interior de una de las oficinas y el acceso a un baño, debido a que permanece aislada en la terraza de ese edificio.
“Con relación al uso de baños en instalaciones de la APDHB, expresamente (una anterior resolución judicial) dice, la señora tiene todo el derecho de poder ingresar o acceder, si considera pertinente, a los servicios básicos, por lo tanto, el incumplimiento de una determinación constitucional (…) debe ser denunciado ante la autoridad que concedió la tutela respectiva, para que incluso, a través de la fuerza pública pueda efectivizar sus acciones”, señaló el juez Mendoza.
El argumento fue la base para negar la acción de libertad que el abogado, Ricardo Rodríguez, presentó en nombre de Carvajal, contra el dirigente afín al MAS, Remberto Cruz, el comandante de la Policía de La Paz, Edgar Cortez y la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo. Dicha acción fue presentada en razón de que esas tres personas incumplen la resolución de acción de libertad que anteriormente ganó Carvajal, en la que se señaló que la activista de 84 años tenía derecho al uso de un baño y se debía frenar el hostigamiento en su contra.
Esa anterior resolución, además de ordenar a la Policía que vele por la salud y seguridad de Carvajal, también señaló que el dirigente que tiene tomada la APDHB, Edgar Salazar, le brinde una oficina o habitación para que Carvajal ya no duerma a la intemperie, como lo hace desde el 11 de julio, en la terraza de ese edificio.
El razonamiento del juez Mendoza es que si, en criterio de Carvajal y su defensa se incumple la anterior resolución, no se puede presentar una nueva acción de libertad, sino, abrir un proceso penal contra las personas que incurren en lo que se convierte en un delito de orden público.
Mendoza también rechazó el pedido del asesor jurídico del Comando Departamental de la Policía de La Paz, Enrique Salas, quien por segunda vez solicitó que el juez ordene el desalojo de Carvajal de la APDHB y se la interne en un centro de salud, lo que dejaría el edificio de la APDHB en manos del grupo de Salazar. El abogado argumentó que su pedido se basa en un supuesto interés que la Policía tiene en proteger la salud de la activista.
Contexto
El 2 de junio, un grupo de más de 40 personas, tomó de forma violenta e ilegal la APDHB. Dicho grupo está dirigido por el representante de dicha instancia en Chuquisaca, Edgar Salazar, quien por su afinidad con el MAS se atribuye la presidencia nacional de la APDHB.
Este grupo señalado por Carvajal como “avasalladores”, tiene la protección de la Policía, que, en grupos de 50 uniformados que se relevan cada 24 horas, hacen resguardo de las dos puertas de ingreso al edificio, ubicado en la avenida 6 de Agosto. El contingente se niega a desalojar al grupo ilegal.
Desde esa fecha, Carvajal y un grupo que la apoya instalaron una vigilia, la que hoy sábado cumplió 51 días. Pero el 11 de julio, la activista de 84 años burló la guardia policial y con ayuda de una escalera se subió a la terraza de la APDHB, donde permanece hasta el momento.
Carvajal reconoce que no fue correcta aquella acción, por lo que pide que la Policía abra la puerta principal, con el fin de que todas las personas ingresen de forma correcta al edificio, solicitud que no fue atendida.
El jueves pasado, en coordinación con la Policía, tres mujeres, que son parte del grupo de Salazar y Cruz, se instalaron en la terraza a metros de donde permanece Carvajal. Este fue el hecho que motivó la presentación de la acción de libertad que hoy se realizó y le fue denegada; sin embargo, hoy se informó que las tres mujeres -que se negaron a identificarse ante los medios de comunicación- se retiraron y volvieron al interior del edificio.
Salud en riesgo
Tanto las autoridades de la Policía, Gobierno y el médico personal de Carvajal, Víctor López, coinciden en reconocer que la salud de la activista está en riesgo, por la prolongada exposición a las bajas temperaturas en la noche y una insolación por el día. Ella ha manifestado que dejará que un médico la atienda sólo si ingresa por la puerta y no así por la escalera.
Además, López advirtió que debido a que el grupo de Salazar le impide el acceso a un baño, Carvajal se ve obligada a usar pañales desechables y que, sumado a la deshidratación, la hipertensión y las frías temperaturas a las que está expuesta, podría ser víctima de una infección urinaria grave o una neumonía que le provocaría un colapso sin síntomas previos.