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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, decidió separarse de la institucionalidad cruceña y pasar al lado de los grupos corporativos de tendencia sindical, para apostar por un censo con fecha dictada por el Gobierno central.
En respuesta, voces cruceñas le han recordado al jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que el centralismo fue y es enemigo del oriente y su modelo de desarrollo e incluso se rememoró la masacre y barbarie cometida en 1958 contra los impulsores del 11% de regalías para Santa Cruz.
Fernández ha abierto un debate interno en Santa Cruz por su decisión de desmarcarse del Comité Interinstitucional que ayer definió ir a un paro cívico de 48 horas para el 8 y 9 de agosto, en demanda de la realización del Censo Nacional para 2023 y no hasta 2024 como estableció el nivel central.
El alcalde dijo que no comparte la medida del paro cívico por estar “muy desgastada” y la semana pasada sostuvo reuniones con sectores del transporte y gremiales, en una línea apartada de los cívicos, Gobernación y Universidad que exigen “¡censo ya!”.
El escritor Eduardo Bowles, en una lectura política que vincula al alcalde con el MAS, comparó a Fernández con la narración de Troya.
“Jhonny Fernández les ha prometido a los masistas derrotar a los cruceños y entregarles sus cabezas en bandeja de plata. No es el primero que hace esa promesa”, citó y agregó como ejemplos de “funcionalidad al masismo” a los exrectores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Jerjes Justiniano y Remy Ferreira.
“A Jhonny le van a pedir que el próximo paro cívico salga a patear cambas o tirar bombas molotov, tendrá que delatar, traicionar, cercar y hacer todo cuanto le pidan los masistas para demostrar que es uno de ellos. Así ha pasado con todos, pero muy pocos aguantan semejante indignidad”, acotó.
LA MASACRE DEL 58
Jóvenes universitarios torturados y asesinados en Terebinto / ILUSTRACIÓN
Esta coyuntura por el censo trajo a Santa Cruz remembranzas como aquel relato del texto de Hernán Landívar Flores sobre la masacre del 19 de mayo de 1958, cuando cinco de siete jóvenes universitarios y varias familias cruceñas fueron brutalmente ejecutados por haber pedido el 11% en la Ley de Regalías Petroleras para Santa Cruz.
La llamada masacre de Terebinto fue planificada desde el Gobierno central de Hernán Siles con el envío de mil milicianos y tres mil militares desde Ucureña al oriente, para “sentar la mano” a los cívicos y universitarios cruceños.
A punta de metralla, esos grupos avanzaron por el entonces centro cruceño lleno de tierra y carretones. La barbarie cometida habla de violaciones a las mujeres y disparos a las piernas de los varones. Luego se quemaron las sedes del Comité Pro Santa Cruz y el Club 24 de Septiembre y casas particulares, mientras los milicianos usaban la plaza central y catedral como mingitorios.
Se recuerda también la persecución a los universitarios Pablo y Felipe Castro, Gabriel Candia, Miguel Callaú, Alberto Mercado, José Cuellar y Justo Jiménez, que salieron hacia Porongo y llegaron a Terebinto. Los aliados cruceños a Siles los delatan y así los milicianos llegan al lugar, en la propiedad de Don Ángel Mercado.
La narración de la época detalla las atrocidades cometidas contra los jóvenes y las familias de la zona que sufrieron el ataque de las hordas centralistas con la quema de sus casas. Los universitarios fueron torturados, se les disparó en las piernas, se les abrió el estómago, se les cortó los testículos, se les vació los ojos y sus cuerpos fueron golpeados sin piedad.
Solo Justo Jiménez y Alberto Mercado, lograron huir malheridos hacia la selva donde fueron auxiliados por algunos indígenas.
¡11%, YA!
La presidenta de las Damas Cruceñas en una manifestación por el 11% en 1957 / ARCHIVOS
El pedido de regalías de 11% para el Oriente surgió a partir del proyecto ley del 15 de julio de 1938, presentado por las bancadas de Santa Cruz y Beni, además de la representación de personajes destacados de la época como Melchor Pinto, Carmelo Cuéllar y el presidente Germán Busch.
Empero, no fue hasta la aprobación del Código Petrolero en 1956, con Víctor Paz como presidente, que se retomó el debate de las regalías departamentales, en el que la representación cruceña pedía una ley interpretativa para que las regalías privadas pasen a los departamentos productores y no al nivel central. La respuesta fue 5% como renta departamental y 6% para la renta nacional.
Siles argumentó también que Santa Cruz fue ampliamente beneficiada con la integración caminera y ductos, y dilató el tema durante años. Cuando anunció el traslado de maquinaria pesada del oriente hacia la frontera con Arica, los cívicos y universidad cruceña llamaron a un cabildo abierto para declarar estado de emergencia y paro de 48 horas.
El Gobienro de la Revolución calificó aquello como un movimiento separatista e identificó a dirigencias falangistas como conspiradoras. Entonces el Control Político, milicias armadas del MNR, actuaron contra el joven dirigente Jorge Roca, muerto a balazos, aunque la prensa oficialista de entonces mostró aquello como un conflicto de tierras entre familias.
MNR, CENTRALISMO Y “SEPARATISMO GOLPISTA”
El presidente Hernán Siles gobernando en 1957, entrega un sable al cadete Guido Vildoso / ARCHIVOS
Un reciente texto de 2012 de Hernán Pruden, sobre las luchas cívicas de esa época, reseña que a fines de 1957, retornó de EEUU el embajador Luis Sandoval Morón y en una noche de gala, cuando los movimientistas trataron de ingresar al Club 24 de Septiembre fueron echados y uno de ellos recibió un impacto de bala en el estómago. Era el antecedente para la violencia desmedida del siguiente año.
La intervención del MNR también se justifica, en el relato “oficial” porque luego de explicar la distribución de 5% y 6% a la representación cruceña, parecía calmar la expectativa del departamento; sin embargo, luego se oyeron voces “golpistas” para derrocar a Siles con el “pretexto” del 11%.
Grupos de la Falange Socialista Boliviana (FSB) contactaron a líderes cívicos como Carlos Valverde Barbery, quien rechazó un levantamiento a costa de perder todo lo avanzado desde Santa Cruz.
Siles nombró interventor a Rubén Julio, quien comandó el ingreso de los milicianos y militares. Pinto tuvo que dejar Bolivia y después de la masacre de Terebinto hubo una guerra de medios con los periódicos La Nación, oficialista de La Paz, y El Deber, cívico de Santa Cruz. La pluma de René Zavaleta Mercado a favor del centralismo es un detalle para la historia y el “periodismo militante”.
Finalmente, la violencia derivó en una fractura del MNR en Santa Cruz desde ese año. El diputado Virgilio Vega en sesión del Congreso reconoció la integración caminera con la carretera Cochabamba a Santa Cruz, pero reclamó al propio gobierno de Siles la falta de obras urbanas. Vega había alentado la ley interpretativa por las regalías casi dos años antes.
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