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Una joven denunció al jefe departamental La Paz del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Larico, por presunta violencia familiar. La denunciante afirma que su expareja le pidió que se someta a un aborto con el fin de no asumir la responsabilidad paterna y ante la negativa de la víctima, éste inició con amenazas que provocaron una crisis nerviosa a la mujer embarazada.
“Vino a mi casa en junio y me dijo: ‘abortá, con eso me vas a salvar (de los conflictos en su trabajo y su familia). Vamos a ser amigos’. Tengo pruebas de que me amenaza, yo estoy muy preocupada”, relató la mujer en entrevista con Periodismo sin Photoshop. La víctima mostró los documentos sobre las denuncias escritas que hizo contra el director del Senasag ante la Fiscalía de La Paz, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), cartera de Estado de la que depende Larico Quispe.
Según los documentos, la Fiscalía inició las investigaciones el 10 de julio y la pasada semana tomó la declaración de Larico; además, emitió varios requerimientos para conocer sus antecedentes penales, judiciales y su situación laboral. El funcionario no atendió las consultas de este medio, pese a que se lo buscó en su oficina para que brinde su versión sobre la denuncia.
Sin embargo, al conocer el contenido del testimonio que Larico dio ante la Fiscalía, la madre gestante sufrió una crisis nerviosa que derivó en un cuadro clínico que la puso en riesgo de un parto prematuro, cuando ella aún está en el sexto mes de embarazo. Debido a esto, la pasada semana fue internada por cuatro días.
“Casi pierdo a mi bebé, la doctora me dijo que es un embarazo de riesgo, ahora ya estoy en mi casa, pero sigo con baja médica”, relató la víctima.
La mujer expresó su profunda indignación al conocer que Larico declaró que las denuncias en su contra tienen un fin económico, que ella tiene “una actitud obsesiva” hacia él porque busca su compañía constantemente y que, desde que la relación terminó, le escribe e incluso lo hace llamar con otras personas para lograr un encuentro. La denunciante, indignada, rechaza la versión del jefe del Senasag La Paz.
“Creo que actúa de forma prepotente atenido a su cargo, como si tuviera el apoyo de sus superiores, sin tomar en cuenta que afecta a mi estado y el riesgo que significa para mi embarazo”, cuestionó la funcionaria.
Un año de relación
“Te voy a deshacer, yo soy abogado, vas a enfrentarte con mi mujer. Mis hijos se van a entender con tu hija. Mi mujer que se entienda contigo, que te demande”, son algunas de las amenazas que la mujer embarazada asegura que Larico le escribió en mensajes de WhatsApp. Su temor era justificado, pues asegura que en febrero el hombre le dio una golpiza en plena vía pública.
La denunciante tiene cuatro hijos de una relación anterior, conoció a Larico en una de las actividades de los movimientos sociales oficialistas, inició una relación sentimental con él en agosto de 2022. El hombre le dio a entender que vivía solo y no tenía compromisos familiares.
Una vez que se formalizó la relación, ella acompañaba a Larico a diferentes eventos, uno de ellos fue la fiesta de aniversario de los denominados Interculturales, organización a la que el funcionario pertenece. La fiesta se dio el 17 de febrero en las oficinas que este grupo tiene en la zona Miraflores de La Paz.
Luego de compartir y consumir bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, el hombre le pidió a la mujer que se vaya del lugar y lo deje con sus amigos, pero ella no quiso dejarlo, porque temía ser víctima de un robo en la calle o en el taxi. La reacción del jefe del Senasag La Paz fue violenta.
La joven sostiene que la golpiza que recibió esa noche, le provocó varias lesiones en su cuerpo, piernas y el rostro, pero la más grave fue la realizada en una de sus manos, por la que uno de sus dedos estuvo inmovilizado por dos meses. La mujer relató que, para recibir la atención en la Caja de Salud debió reportar el hecho como un accidente de trabajo, pero los registros médicos confirman las lesiones.
Segundo caso
Este es el segundo caso en el que un alto funcionario del Gobierno es denunciado por pedir a su pareja que se someta a un aborto, con el fin de evitar la responsabilidad paterna.
El 6 de julio, el entonces director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, fue destituido por una denuncia similar; en ese caso, la denunciante también tiene como pruebas los mensajes de WhatsApp. Por otro lado, el acoso laboral que sufrió le generó una baja médica por problemas con el embarazo.
Noticia del embarazo
En el caso de Larico, este pidió disculpas a la denunciante y la relación reinició, pero en abril, luego de un chequeo médico le informaron que estaba embarazada. Ella recuerda que cuando le dio la noticia a su entonces pareja, éste reaccionó de forma positiva, aunque solo por mensajes de texto.
En ese momento el funcionario le expresó que se haría cargo y que pagaría pensiones, pero inmediatamente surgió la primera observación. Luego de los mensajes de apoyo Larico le escribió que no podrían vivir juntos porque él tenía una familia; ella le respondió que no era su intención perjudicarlo y que tampoco lo obligaría a una vida de pareja.
No obstante, semanas después comenzaron las amenazas y el pedido para que ella aborte, propuesta que la mujer rechazó de forma clara. Ya en el mes de mayo, mientras era víctima de hostigamiento e insultos por parte del funcionario, ella recibió un mensaje del ministro de Justicia, Iván Lima, quien luego de anunciarle que le brindaría apoyo, la derivó a una dirección de atención a víctimas de violencia en esa cartera de Estado.
Acuerdo sospechoso
Fue ante esa instancia que, por medio de un “conciliador”, la mujer de iniciales H.P.M. llegó a un acuerdo que ahora busca dejar sin efecto, pues sostiene que el texto original fue modificado sin que ella lo note antes de la firma. Se había favorecido a Larico.
El documento señala que el jefe de Senasag La Paz podrá realizar una prueba genética para verificar su paternidad, y que solo pagaría una manutención de Bs 400, “cuando este señor gana arriba de los 10.000 bolivianos, 400 bolivianos es un monto que pagan quienes no tienen trabajo y con el cálculo de un salario mínimo, mientras este señor es un funcionario del Gobierno”, cuestionó la víctima.
Por esa razón, la víctima decidió presentar una denuncia ante la Unidad de Transparencia del MDRyT con el fin de anular ese “acuerdo”. Desde esa cartera de Estado confirmaron a este medio que el caso fue rechazado, debido a que no se trata de un hecho de corrupción, pero que la entidad hará cumplir cualquier requerimiento fiscal o judicial en favor de la madre gestante.
Ella sostiene que aún teme por la seguridad de sus hijos y la suya, por el momento se han firmado garantías personales, pero la denunciante pide a las autoridades que la protección sea verificada y que la investigación se realice con celeridad, pues teme perder a su bebé.