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VISOR21 y agencias
El ministro de Justicia, Iván Lima, acusó al juez magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Gustavo García, de tener políticas contrarias al Estado Plurinacional y ahora hace seguimiento a la designación del jurista en 2020.
El voto a favor del juez García en la demanda peruana sobre la subvención de combustibles al transporte comercial entre Bolivia y Perú, provocó la airada reacción del régimen de Luis Arce, sobre todo de su ministro, que fue señalado por injerencia, ya no solo en el país sino en la administración de justicia en la región, como este caso dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
“Si no le gustaba el Magistrado supuestamente puesto por (Jeanine) Áñez, podía pedir que fuera removido. Asimismo, estos jueces gozan de inmunidad según el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN”, escribió el abogado Franco Albarracín ante los dichos de Lima sobre la nominación de García en el gobierno de la expresidenta constitucional.
Sin embargo, el juez fue promovido y propuesto dentro de las ternas respectivas, por la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
“Se presenta la terna de ese país, conformada por el doctor Gustavo García Brito, para el cargo de Magistrado Titular y, los doctores Rodrigo Javier Garrón Bozo y Eufemia Sánchez Borja, como Primer y Segunda Magistrados Suplentes. El señor Javier Loayza Barea, Representante Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ratifica las citadas postulaciones”, señala el acta de reunión de los representantes plenipotenciarios a la que accedió la ANF.
El régimen de Arce ahora pretende criminalizar la nominación de García, quien presentó su renuncia ante el TJCA en junio, un mes antes del reciente fallo que favoreció a la demanda de Perú.
La nota no fue aceptada por esa instancia dentro de la CAN y el juez de Chuquisaca participó en la resolución del caso de los combustibles subvencionados en frontera.
García fue uno de los tres magistrados que votó contra el Estado boliviano en una demanda que interpuso el gobierno de Perú, con relación a la venta diferenciada de combustibles a los transportistas nacionales y extranjeros.
El fallo obliga al Estado boliviano reconducir su política de cobro a los transportistas ecuatorianos, peruanos y colombianos, quienes tendrán que beneficiarse de la subvención de hidrocarburos en el país.