El incremento progresivo en el porcentaje de etanol mezclado en la gasolina comercial —que alcanzará el 15% en noviembre de 2026 y el 18% en abril de 2027— responde a un acuerdo político carente de sustento técnico que provocará un paulatino deterioro en el parque automotor nacional. Así lo advirtió el ingeniero en energías y máster en gestión pública, Amílcar Alcalá, durante una entrevista en Radio Panamericana.
Según el especialista, la flota vehicular de Bolivia —cuya antigüedad promedio oscila entre los 16 y 23 años— no dispone de tecnología de combustible flexible (flex fuel) ni cuenta con las condiciones mecánicas para asimilar mezclas superiores al 10% de biocombustible sin sufrir daños graves por corrosión.
Alcalá rechazó el argumento del Ejecutivo que sostiene que un litro de etanol sustituye de manera equivalente a un litro de combustible fósil, calificando la afirmación como un dato técnicamente falso debido a la disparidad en la densidad energética de ambos elementos.
«El poder calorífico del etanol anhídrido es de 21 megajulios, menor al de la gasolina, que supera los 32 megajulios. No se va a obtener la misma cantidad de energía para recorrer los mismos kilómetros; se necesitará inyectar mucho más combustible», explicó el especialista.
En este sentido, el analista indicó que la medida constituye una forma de «inflación encubierta» que traslada los costos de la mala administración estatal al bolsillo de los propietarios de vehículos, obligándolos a consumir más carburante para cubrir las mismas distancias.
Falta de estudios y mercado forzoso
El experto criticó la falta de ensayos técnicos transparentes y el hecho de que el acuerdo haya sido firmado de manera exclusiva entre el Gobierno y el sector empresarial agroindustrial, excluyendo a los transportistas y conductores particulares. A su juicio, la decisión genera un «mercado cautivo forzoso» que perjudica directamente el patrimonio familiar.
Finalmente, Alcalá sostuvo que la solución a la crisis de carburantes en el país no requiere un incremento forzado de biocombustibles, sino una reestructuración profunda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la reducción de su aparato burocrático y una lucha efectiva contra la corrupción, garantizando al mismo tiempo que la ciudadanía mantenga la libertad de elegir el tipo de combustible que adquiere.
La posición del especialista se da en respuesta al reciente acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y los sectores sucroalcoholero y cañero. De acuerdo con informes oficiales, la meta gubernamental busca potenciar la producción agroindustrial, atraer inversiones al rubro y mitigar la dependencia de divisas destinadas a la importación de carburantes. El cronograma pactado establece una primera elevación al 15% de etanol a partir del 1 de noviembre de 2026, para posteriormente alcanzar el 18% el 1 de abril de 2027.
