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LUIS ANTEZANA
Debido a una antigua tradición histórica, el pueblo boliviano tiene una profunda vocación para constituirse en una Nación independiente y soberana. La lucha por su objetivo fue, sin embargo, durante su evolución, quebrada y espontánea, no pudiendo cumplir su objetivo de acuerdo con diversas contrariedades históricas, políticas y económicas, entre otras.
Los diversos intentos en ese sentido fueron varios, pero uno de los más notables se produjo en 1825, al ser fundada la República, bautizada con el nombre de Bolívar y, enseguida, con la denominación definitiva de Bolivia. Ese proceso ha sido estudiado por muchos autores y, al presente, debe ser recordado con motivo de la aproximación del segundo centenario del nacimiento de la República.
Después de los episodios de las revoluciones libertarias de Alto Perú (como era conocida a fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX) y como consecuencia de la guerra de los 15 años contra las fuerzas realistas, se produjo el derrumbe del coloniaje español en Junín y Ayacucho. Enseguida, se produjo el movimiento social orientado a obtener un Congreso Deliberante para que las cuatro provincias del Alto Perú decidan su destino, en sentido de ser una Nación independiente, no sólo de España, sino también del Perú y de la Argentina, que se disputaban el dominio sobre el territorio altoperuano.
En medio de esas circunstancias, el Mariscal Sucre llegó a Chuquisaca, donde dictó el célebre Decreto de 9 de febrero de 1825, por el cual convocaba a una Asamblea Deliberante para que los altoperuanos decidieran por mantenerse como parte del Perú o como parte de la Argentina o, en su defecto, constituirse en nación independiente, como era su antiguo interés.
En un inicio, la convocatoria a la Asamblea Deliberante fue rechazada por el Libertador Bolívar, que se encontraba en Lima, puesto que, antes que atender la demanda altoperuana, su interés prioritario era fundar la nación de la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador.
El Decreto de 9 de febrero cayó con mucho desagrado en las altas esferas de gobierno del Perú. En esas circunstancias, el ministro de Guerra del Perú, Tomás Las Heras, consultó la cuestión con Bolívar, insistiendo en que “el asunto de las cuatro provincias del Alto Perú debía quedar en statu quo sin hacer innovación alguna” porque, directa o indirectamente, podía perjudicar los derechos del Perú y los convenios que éste tenía con las Provincias Unidas del Río de la Plata. La posición del ministro peruano era que al Congreso Constituyente del Perú le tocaba “prescribir la conducta que debía seguirse” con relación a los destinos del Alto Perú y que “…a ella se ceñirá estrictamente S.E. sin entrar en consideraciones que pudieran comprometerlo y que son de su resorte”, le decía el ministro Las Heras al libertador Bolívar.
Es más, el Congreso peruano también mostró su preocupación por lo que se suscitaría en el Alto Perú y declaró que “…si las Provincias Altas resultasen separadas del Perú, el Gobierno al que pertenecieran debía indemnizar al Perú los costos del esfuerzo en su emancipación”. No podía ser más ostensible la radical oposición peruana a que se funde Bolivia.
El Mariscal Sucre respondió al ministro de Guerra peruano expresando que el general Bolívar no le había provisto de instrucciones relativas al Alto Perú y que “para salir de dificultades relativas al Alto Perú sería bueno convocar a una Asamblea General en esas provincias”. La Asamblea Deliberante que fue convocada para realizarse en Oruro a partir del 19 de abril, debió ser trasladada a Chuquisaca, donde inició sesiones a partir del 25 de mayo de 1825.
El Mariscal Sucre informó tanto al gobierno de Perú, así como al Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre los alcances del Decreto de 9 de febrero. El Congreso argentino consideró el asunto y envió al Alto Perú una delegación destinada a entenderse con el Libertador. Es más, el Gobierno argentino se pronunció destacando, en su punto culminante, que: “… aunque las cuatro provincias del Alto Perú han pertenecido siempre a la Argentina, es la voluntad del Congreso General Constituyente que ellas queden en plena libertad para disponer de su suerte, según crean conveniente mejor a sus intereses y a su felicidad”.